Las alertas que ha levantado la industria de las isapres, en torno a una inminente quiebra de actores del sistema de salud privado, no han dejado indeferentes a las autoridades. Así al menos lo manifestó el superintendente de Salud, Víctor Torres, quien fue entrevistado en dos radios con cobertura nacional durante este jueves.
En diálogo con Teletrece Radio, el exdiputado partió reconociendo que “si bien es cierto hay una situación compleja, que evidentemente está a la vista en los resultados del primer semestre, ninguna de estas isapres ha caído en insolvencia”.
En eso, remarcó la supervigilancia que hace la autoridad sobre el cumplimiento de tres ratios clave, como lo son el de patrimonio, de liquidez y de garantías, se mantienen dentro de lo establecido por la ley.
“Habiendo una situación compleja, hasta el momento tenemos fiel cumplimiento de las isapres de estos indicadores”, afirmó.
Eso sí, admitió que las mayores provisiones exigidas desde el inicio de la pandemia “generan una complicación”, pero a la vez fustigó los llamados que han hecho las clínicas privadas sobre fiscalizar rigurosamente el monto de las garantías.
“El cálculo que ellos hicieron, que no es correcto respecto a las cifras. (…) las garantías llegan a más de $700 mil millones y en la cantidad que se destina a prestadores, más las provisiones, el valor es bastante más alto de lo que ellos han calculado”, afirmó.
La autoridad destacó la mesa de trabajo que se instaló por mandato de la ministra de Salud, y comentó que la reunión sostenida este martes con las seis isapres abiertas permitió comenzar a “estudiar una fórmula que permitiera llevar de mejor forma este momento”.
Consultado sobre la posibilidad de que ya exista una solicitud de una isapre por salir del sistema, Torres sostuvo que “al día de ayer (miércoles), no ha llegado ninguna petición que yo sepa de algo así”.
“Evidentemente, nos preocupa que una isapre pueda caer en alguna insolvencia, y si eso ocurriera, antes de que quiebre lo que existe es un mecanismo que se denomina plan de adecuación que tienen que hacer para poder intentar salir de esta situación”.
Ante la duda de que se produzca una quiebra, y que los usuarios no puedan trasladarse hacia otra institución privada por las preexistencias, Torres recordó una antigua legislación dictada en 2003 cuando quebró Vida Plena, y que entregó facultades a la Superintendencia como “hacer una repartición forzosa de los afiliados, indistintamente de si tenían o no preexistencias”.
“Esa potestad se requirió en algún momento que pudiera ser permanente, pero fue solamente transitoria, y podría ser una alternativa que evidentemente requiere una vía legal”, señaló.
Agregó la posibilidad de que Fonasa “pueda absorber aquello, pero para poder resguardar las mismas coberturas que tiene hoy día en su isapre”, pero reconoció que “una (alternativa) es más compleja que la otra, pero estamos evaluando posibilidades”.
Tras dicha entrevista, abordó con Radio Cooperativa las mismas preocupaciones, y remarcó que actualmente no hay ninguna isapre que esté al borde de la quiebra.
“No, al día de hoy, no, pero estamos sí en una situación compleja que estamos observando día a día”, dijo al ser consultado sobre la materia.
Torres también respondió a los cuestionamientos de la industria sobre los reclamos por las alzas de precio de los planes. Al respecto, Torres dijo que aún debe fallar sobre el pronunciamiento de la intendencia de fondos, pero entregó ciertas luces sobre los criterios que se han empleado en estas situaciones.
“Los reclamos que se han revisado no recogen ni el 2% del total de cotizantes, por lo que no hay un impacto mayor, y segundo, la intendencia de fondos no ha cambiado en lo absoluto el criterio que ya emitió en enero de 2022 y que fue ratificada por el anterior superintendente”, señaló.
Remarcó que “el criterio ha sido el mismo de la intendencia de fondos y del anterior superintendente, y yo voy a fallar cuando pueda ver las apelaciones que lleguen, y ahí encantado de conversar de nuevo”.
