Susana Jiménez y medidores: "El Presidente estuvo al tanto de lo que estábamos haciendo y siempre he sentido su respaldo"

El pasado martes, la ministra de Energía, Susana Jiménez, acompañada de su par de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y del Presidente de la República, Sebastián Piñera, encabezó el lanzamiento de un proyecto en el que trabajó durante ocho meses: un plan gradual de retiro de 28 de las centrales a carbón existentes en el país a 2040, ocho de ellas en los próximos cinco años.

Fue un verdadero giro en la agenda sectorial, que por largas semanas estuvo dominada por una polémica que por momentos se le escapó de las manos al gobierno: los medidores inteligentes. Al respecto, la ministra de Energía asegura que la crisis ya quedó atrás y que lo que viene es avanzar en la modernización del sector distribución y otros temas.

De paso, dice que, pese a lo duro de la crisis, en todo momento se sintió respaldada por el Presidente.

¿Cuál es su evaluación del plan Energía Zero Carbón?

-Para cualquier persona que ve esto en Chile o en el extranjero es un hito súper importante. Es una situación inédita para un país emergente y nos pone al nivel de países como Reino Unido, Canadá y Alemania, pero con una base mucho más exigente. Otro hito que lo hace inédito, es que es basado en un acuerdo voluntario con las empresas y con un cronograma concreto para los primeros cinco años.

Tenemos una evaluación súper positiva, entendemos que hay críticas del mundo ambiental, porque hubiesen querido que fuese más rápido. Todos hubiésemos querido que fuese más rápido si se pudiera, pero como autoridad tenemos que conciliar las distintas aristas, no solo un objetivo ambiental, sino también compatibilizarlo con la seguridad de suministro, los costos de la energía, los efectos laborales y locales. Esa combinación nos permite proponer este plan de forma responsable.

Una de las críticas es que las centrales que salen en la primera fase es porque se acaba su vida útil. ¿Es así?

-Evidentemente salen primero las más antiguas. Decir que se acaba la vida útil es bien curioso, cuando nunca jamás se ha sacado una central a carbón en este país. Uno puede hablar de vida útil contable, pero lo cierto es que todas las centrales en el mundo son refaccionadas, actualizadas y eso les permite seguir trabajando por décadas. Acá lo que es indudable es que hay un punto de inflexión en el cual se establece el cese de operaciones. Por lo tanto, creo que es una crítica un poco injusta, porque evidentemente tenían que salir primero las antiguas, y segundo, podrían haber seguido funcionando.

¿Se evaluó calendarizar el cierre de las 28 centrales a carbón? Y si fue así, ¿por qué no se hizo?

-Este es un ejercicio responsable de sostenibilidad. Si uno piensa en acelerar o postergar este proceso, depende mucho de ciertas condiciones, por ejemplo, de infraestructura de transmisión. Si alguien quiere hacer este proceso más rápido, ¿cómo se asegura que se va a tener las condiciones para reemplazar esa energía que se está sacando? Aunque todos queramos que sea más rápido, hay que hacerlo en un plazo gradual y evaluar cada cinco años si las condiciones están dadas para definir el ritmo.

En otro tema, en el Congreso se está discutiendo el proyecto que reduce la rentabilidad de las distribuidoras. Cuando eso se apruebe, ¿se verá reflejado en un cambio en la tarifa de los clientes?

-Lo que se está proponiendo es una revisión a la baja de la rentabilidad del segmento de distribución. Hoy estaba rezagado, porque es una ley que no se ha actualizado, a diferencia de otros segmentos (...). Evidentemente, al hacerle una revisión a la baja a la rentabilidad, tiene un impacto en el país. Estamos de alguna manera adelantando buena parte de la regulación e introduciéndola en este proyecto.

¿Por qué se decidió adelantar este proyecto, que iba en la reforma a la distribución? ¿Fue una respuesta a la polémica por los medidores?

-Es en respuesta a que ya iniciamos el proceso tarifario que entra en vigencia en noviembre de 2020. Esos son procesos largos. Por lo tanto, esperar toda la ley larga no nos iba a dar el tiempo para corregir esos elementos que son básicos.

¿Qué otro elemento pretenden introducir en la ley larga?

-Hay varios elementos. Uno de ellos es la introducción de los comercializadores, otro es el manejo de información y cómo poder hacer que desde el consumidor, que es protagonista de la transformación, pueda acceder a nuevos servicios. Queremos también avanzar hacia un desacople entre los ingresos que percibe la distribuidora y lo que realmente vende, porque si siempre están asociados sus ingresos a lo que vende, poco incentivo va a haber para promover en los hogares que haya autogeneración y medidas de eficiencia energética.

¿Los medidores inteligentes caben dentro de ese proyecto de ley?

-Los medidores inteligentes van a ir masificándose precisamente en la medida en que los hogares vayan viendo en ello un beneficio directo, y ese beneficio tiene relación con todo lo anterior.

¿Cómo vivió toda la polémica de los medidores inteligentes?

-Fue, sin lugar a dudas, muy complejo comunicacionalmente. Complejo, porque era muy difícil transmitir que el cambio tecnológico a la larga va a ser importante y beneficioso, pero que de alguna manera nos habíamos encontrado con algo que se había zanjado durante la administración anterior sin la debida comunicación. Yo digo que se había zanjado, porque había una norma técnica que obligaba el recambio, se había hecho un proceso tarifario interperiodo y no se había dado a conocer suficientemente por qué y para qué eran estos cambios. Lo importante fue llegar a una solución, que fue un acuerdo que nos permite no solo eliminar el cobro de los medidores, sino que volver hacia atrás esos cobros sin tener que hacer un nuevo proceso tarifario. Creo que salimos hacia adelante con una solución que era beneficiosa para las personas, que era lo que nos importaba.

En este periodo, ¿sintió mala intención o desinformación de parte de algunos sectores?

-No hablaría de intenciones, creo que fue una preocupación que creció, que se instaló y que finalmente había que resolver, porque si no, el proceso de cambio tecnológico no se iba a poder llevar a cabo. Si no se hacía un cambio, el proceso iba a ser inviable (...). No sé si hay un rechazo contra la tecnología, creo que el rechazo fue contra la sensación de que había un abuso. Resuelta esa sensación, la mejora tecnológica creo que nunca estuvo en cuestión, desde ningún sector. Por lo tanto, hay que darle tiempo, hay que visibilizar los beneficios y que las personas por su propia voluntad vayan migrando hacia este cambio tecnológico.

En el momento en que el decreto sale de Contraloría, ustedes tampoco lo informaron masivamente, ¿se pudo haber hecho distinto?

-Efectivamente, la gente se encontró con esto y obviamente ex post uno puede decir que todo pudo haberse hecho, desde todos los sectores, mejor. Pero lo cierto es que nosotros no teníamos otra alternativa que reingresar el decreto, porque la norma técnica había quedado amarrada en muchas exigencias que se les hacían a las distribuidoras que dependían del proceso tarifario.

¿En todo este proceso se sintió respaldada por el gobierno y su sector político?

-Creo que sí. Pienso que al menos yo siempre me he sentido totalmente apoyada por el Presidente, él siempre estuvo al tanto de lo que estábamos haciendo y siempre he sentido su respaldo.

¿Y por el sector político?

-En el sector político es de público conocimiento que hubo cuestionamientos. Creo que esto se tomó la agenda ciudadana de una manera tan fuerte, que inevitablemente para algunos la solución es buscar culpables donde no los hay. Una vez que lo solucionamos, también se apagaron esos pequeños focos de crítica, que la verdad es que fueron muy menores. En general, siento que tuve mucho apoyo de todos los partidos y, en general, del mundo parlamentario.

¿Se da por cerrado el impasse?

-Pienso que sí.

A fines de abril, Contraloría tomó razón del decreto de Precio de Nudo Promedio (PNP) que aumentó las tarifas de la energía en 12% en promedio en el país. Aunque la variación tarifaria se justifica principalmente por el alza del tipo de cambio, uno de los contratos de suministro eléctrico que incluyó fue polémico: el de la central El Campesino, unidad que no está construida, pero que de todas formas fue incluida en el PNP.

Desde la empresa a cargo de la central -cuya propiedad comparten AME y la francesa EDF-, aseguran que la obligación que exige su contrato es suministrar la energía comprometida y no necesariamente construir la central. Pero el gobierno tiene una visión más crítica e incluso no descartan que esto termine en un arbitraje. La decisión, eso sí, está en manos de las distribuidoras, que son las titulares del contrato con El Campesino.

¿Cuál es su visión sobre el contrato de El Campesino?

-Efectivamente, la central El Campesino es una situación muy particular. Es una central que se adjudica una licitación de suministro a fines de 2014, en cuyo contrato aparece la construcción de una central a gas con hitos de construcción y que parte la obligación de suministro el 1 de enero de 2019 (...). Lo que nos pasa es que llegamos al 1 de enero, tenemos legalmente que reconocer ese contrato en el Precio Nudo Promedio y la central no está construida. Esto ya lo veíamos venir, por lo que en septiembre del año pasado la CNE, en respuesta, además, de una consulta de una empresa distribuidora, envía un oficio. Eso gatilla toda esta serie de comunicaciones entre las partes y donde tengo la firme convicción de que la empresa hoy debe dar respuestas.

¿Qué le pareció la respuesta de la empresa a los oficios de la CNE?

-La empresa presenta algunos proyectos, compró algunos activos, pero la CNE pide más antecedentes y diría que hoy está meridianamente clara cuál es la posición de la comisión y que yo respaldo, que es que acá, si no se va a construir la central, hay que sincerarlo, y hay que poner sobre la mesa proyectos equivalentes que respalden la obligación de suministro que tiene esta compañía con las empresa distribuidoras. Y eso no es así, cualquier modificación de contrato tiene que ser aprobada por la CNE, y es por eso que ante esa situación la CNE sugirió que dentro de las cláusulas del contrato puedan ir a arbitraje.

¿No sería complejo ir a un arbitraje?

-Para nada. A mí me parece que está dentro de los contratos, es una posibilidad. Ciertamente, esto hay que resolverlo por la vía institucional y legal que nos permite nuestra legislación.

-Otro tema que ha debido enfrentar la ministra Jiménez durante estos meses es la férrea oposición que algunas empresas generadoras renovables han levantado por la revisión, anunciada por el gobierno del mecanismo de precio estabilizado para los pequeños medios de generación distribuida (PMGD).

Los PMGD, que son centrales de tamaño menor, de hasta 9 MW, pueden optar a un precio estabilizado, lo que facilita el proceso de financiamiento de estas unidades, pues otorga estabilidad. El mecanismo ha posibilitado un verdadero boom de este tipo de centrales, pero también ha levantado críticas por un eventual mal uso de esta opción. Según la ministra, esto se hace para cerrar espacios de incertidumbre que se están comenzando a incubar en el sector.

¿Por qué se decide cambiar el mecanismo de precio estabilizado?

-Cuando originalmente se estableció el sistema de precio estabilizado, lo que se buscaba era garantizarles a los desarrolladores que puedan vender ya sea al precio spot o al estabilizado, y a través de esto acceder a financiamiento para estos proyectos. En caso contrario, se les hacía muy difícil acudir a los bancos. Lo que se ha ido constatando con el tiempo es que eso ha funcionado en algunas cosas bien y en otras no tanto.

Algunos desarrolladores alertan que puede haber problemas de financiamiento con los bancos. ¿Teme que se frenen los proyectos?

-Ciertamente, hay una preocupación y eso lleva a trabajar esto bien y junto con los distintos actores, pero también con cierta premura para cerrar los espacios de incertidumbre. Hemos sido muy claros en ciertas señales, y particularmente una es que se van a respetar las condiciones para los proyectos existentes que se instalaron bajo una cierta condición. Y, además, va a haber un periodo de transición.

Las críticas apuntan a falta de certeza jurídica...

-Esa crítica no tiene relación a lo que se está proponiendo. Primero, porque se les está garantizando que las condiciones no cambian para aquellos que se han instalado. Además, la certeza jurídica no tiene relación con mantener condiciones permanentes y estables de por vida. Lo que se mantiene es el espíritu de lo que se buscó a través de los precios estabilizados y eso es lo que estamos proponiendo.

¿Hay mal uso del mecanismo?

-No del precio estabilizado, pero hay otros aspectos de los que obviamente hay que hacerse cargo. Yo no hablaría de mal uso, no. Diría que hay una necesidad de dar una señal de precio correcto.