Systep y el proyecto de transición energética: “Los clientes son los que pagan de alguna manera toda la cadena del sector eléctrico”
Rodrigo Jiménez, gerente general de la consultora, asegura que el gobierno debió haber estudiado los impactos en las cuentas eléctricas antes de presentar el proyecto de ley. La semana pasada el gobierno expuso un informe sobre el tema, pero Jiménez dice que esos análisis aún no están disponibles. "A diferencia de lo que se hacía anteriormente, con mesas donde se compartía con la industria toda la información, se llegaba a consenso y luego se transformaba en una discusión política, eso hoy día no está sucediendo", reclama.
La discusión regulatoria en el sector eléctrico atraviesa momentos de alta tensión. Así quedó reflejado en el debate que sostuvieron en el Chile Day, realizado en Londres, el vicepresidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, el CEO de Acciona Energía, Rafael Mateo, y el ministro de Energía, Diego Pardow.
Allí, los representantes de los “tradicionales” y las renovables chocaron por la propuesta del Ejecutivo, que desde inicios de julio se tramita en el Congreso, y que han suscitado un debate en torno a los posibles efectos en las cuentas finales que se cobra a clientes. Especialmente en torno a la medida que busca repartir, en años extraordinarios, parte del fondo -denominado ingresos tarifarios- que se acumula por las diferencias entre los valores de inyección, el precio al que retiran energía las generadoras eléctricas en el sistema, y los contratos de largo plazo que mantienen con distintas compañías.
Mientras Larraín cuestionó si dicha señal era la correcta, Mateo apuntó a errores de administraciones pasadas por no impulsar la capacidad de la transmisión eléctrica necesaria para transportar la generación renovable hacia los puntos de consumo. El momento que en Chile atraviesa Acciona Energía, filial del grupo español Acciona, no es positivo. Tanto que incluso solicitó a la autoridad renegociar el precio de contratos de la licitación 2015/01, una acción inédita para el sector eléctrico chileno. El Ejecutivo defiende su postura y afirma que, en su propuesta, “son 10 veces más los beneficios que los costos”.
Bajo ese marco, el gerente general de la consultora Systep, Rodrigo Jiménez, refuta los argumentos entregados por Pardow y cuestiona que, desde sus inicios, el proyecto de transición energética no haya transparentado sus costos. Algo que, afirma, hoy no puede revisar ningún consultor, pues los números no están disponibles públicamente.
En esta entrevista, el consultor también enfatiza en que el principal problema del sector eléctrico hoy pasa por la transmisión y llama a no olvidar que todos los distintos cargos del sistema eléctrico son finalmente asumidos por los clientes.
El gobierno está proponiendo cambios regulatorios. ¿A quien en la industria benefician? ¿privilegian a la energía renovable versus las tradicionales?
Efectivamente, el gobierno está tratando de ayudar y de solucionar problemas que pareciesen ser estructurales del sistema. Entre ellos, la falta de transmisión es uno de los problemas más importantes y ha afectado a muchas inversiones renovables. El tema de fondo es que estas soluciones tienen que pasar por analizar los costos y beneficios para los clientes. Finalmente, los clientes son los que pagan de alguna manera toda la cadena del sector eléctrico. Entonces, es importante que las señales estén bien puestas y el análisis sea correcto, poniendo al cliente como centro de la política pública.
¿Pero se beneficia más a un sector que a otro con este diseño regulatorio?
Para los generadores que están en zonas congestionadas, en el cual muchos son renovables, todas estas medidas son medidas que los benefician. Efectivamente, la falta de transmisión es un problema que es transversal. Pero hay elementos también específicos de cada proyecto que también hay que analizar en su mérito. El tema es que existen ciertos riesgos que no se le pueden traspasar directamente a los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes no tienen capacidad de manejarlo. En ese sentido, el traspaso de costos sistémicos en las próximas licitaciones, la resignación de ingresos tarifarios extraordinarios y el sistema de gran almacenamiento, tiene que ver mucho más con riesgos que son propios del sector generación.
El sector de generación es un sector que, a diferencia de transmisión y distribución, decide libremente sus inversiones y los precios de sus ofertas, tanto en licitaciones para clientes regulados como en contratos bilaterales. Y es en ese precio de energía en donde deben resolverse muchos de estos problemas del riesgo. Estamos teniendo una mirada cortoplacista, porque si le empezamos a traspasar todos los riesgos directamente a los clientes, el riesgo que se corre a futuro es también a empezar a pensar si no deberíamos regular los precios y las inversiones en el sector de generación y yo creo que esa no es la solución.
¿Cuál es el impacto que tendrá esta reforma en los precios que pagan los usuarios?
El impacto debió haber sido estudiado antes de que se presentara el proyecto de ley. Lamentablemente, se acompañó de un informe regulatorio que señala que no tenía costos, y debido a la solicitud de los parlamentarios, recién esta semana se mostraron los posibles efectos. Sin embargo, los análisis no están disponibles. Entonces resulta muy difícil opinar. Por ejemplo, en un principio el sistema de almacenamiento iba a ser pagado en un 100% por los clientes, y el ministro ahora presentó otra fórmula donde no están claros los efectos. Y respecto de los ingresos tarifarios, yo concuerdo en los costos presentados, pero respecto de los beneficios, creo que estos son cero. Básicamente, porque los fundamentos teóricos con que se calculan esos beneficios no se condicen con la realidad del sector eléctrico.
¿Por qué no se condicen con la realidad del sector?
Los ingresos tarifarios extraordinarios que se propone reasignar no son todos los ingresos tarifarios, son solamente los extraordinarios. Primero, no se define cuánto es extraordinario.
Se habla del umbral, pero no está claro cuál es el umbral.
Justamente, y segundo, esa señal, se dice que los generadores percibirían esto como una especie de seguro y, por lo tanto, harían descuentos en sus próximas ofertas de generación de un monto de aproximadamente 10 veces el costo de los usuarios. Pero para que ello ocurra, primero, al generador le debe llegar la señal, y los generadores que están en zonas donde no hay congestión, esa señal no les llega. Es decir, si yo te doy un seguro para auto y tú no tienes auto, te da igual. A los que sí les llega, son los generadores que están o van a estar en zonas con problemas. Los que difícilmente incorporarán descuentos en sus contratos o seguirán invirtiendo. Por lo tanto, no es claro que haya un beneficio para los usuarios, más allá del cálculo teórico, sino que tiene que ver con cómo funciona realmente el mercado de generación.
El ejercicio que presenta el ministro Pardow ¿es demasiado teórico o más bien optimista?
Ambos. Estos estudios, tanto para respaldar el sistema de almacenamiento como el de los ingresos tarifarios y otras medidas, aún no están disponibles. Entonces es difícil dar una opinión. A diferencia de lo que se hacía anteriormente con mesas donde se compartía con la industria toda la información, se llegaba a consenso y luego se transformaba en una discusión política, eso hoy día no está sucediendo.
Está tan olvidado el cliente que te doy otro ejemplo. En la primera sesión de la mesa de descarbonización, ningún pilar tenía el análisis del costo directo para los clientes que tienen esas medidas. Tan así que incluso fueron las representantes de las mismas empresas generadoras quienes solicitaron incluirlo, porque si ello no se transparenta la descarbonización no va a tener viabilidad ni política ni social.
El ministerio ofreció someter sus cálculos a una revisión externa. ¿Systep está disponible para hacer eso?
Creo que los datos para hacer una revisión externa deberían estar disponibles no sólo para un consultor seleccionado, sino que para toda la industria, para que todos puedan hacer sus cálculos y aportar en una sana discusión sus diferentes planteamientos. Por ejemplo, resulta interesante que uno de los beneficios que menciona el ministro de Energía son potenciales ahorros debido a la quiebra de empresas y los cuantifica. Bueno: ¿qué contratos específicamente consideró en ese cálculo? ¿Qué empresas cree el ministro que están en posibilidad de quiebra y los ingresos tarifarios serían capaces de remediar esa situación?
Respecto de esa solución que está proponiendo de la reasignación de los ingresos tarifarios, ¿es mayor el beneficio o el costo de dejarlas caer?
Me parece que justamente esa pregunta es la manera directa de analizar la situación. Y esa es una discusión técnico-política que tiene que darse. Si efectivamente está en riesgo toda la industria, hay que transparentar el costo que tiene para los usuarios. Pero beneficios directos no está claro que haya. En ese sentido, a mí me parece que el problema de fondo acá es la falta de transmisión y a futuro también pensar en el esquema de acceso abierto, e implementar cosas como los financial transmission rights, que de alguna manera darían señales de localización adecuadas. Pero me parece que el camino que tomó Acciona, sin entrar al fondo a decir si están bien o mal, es la manera correcta. Pues ahí el Panel de Expertos, o el árbitro que corresponda podrá decidir si hubo situaciones extraordinarias o no.
¿Pero es posible que no tenga efecto en las cuentas eléctricas?
Va a depender de la magnitud. Hoy día tenemos una sobrecontratación para el sector regulado. Por lo tanto, con una pérdida de pocos contratos el efecto sería menor. Segundo, si se caen contratos, hay que ver cuál va a ser el precio futuro. Porque podría de alguna manera compensar la pérdida de esos contratos. Y si los contratos tenían precios muy bajos, quizás estuvieron mal evaluados. O los generadores al momento de hacer su oferta no hicieron una evaluación correcta de los riesgos.
¿Entonces no es indispensable aplicar una regulación que evite la caída de empresas de energía renovable?
El problema de la falta de transmisión es algo transversal, no solo de las energías renovables. Y eso es lo que hay que remediar. Las otras situaciones específicas hay que realizarlas caso a caso.
¿Qué factores explican las alzas de precios del último año? ¿Incide en algo la coyuntura de la energía renovable?
No. Las alzas de precios se deben fundamentalmente a movimientos del tipo de cambio, alzas no previstas, y a subidas coyunturales de los precios de combustibles que indexan algunos de sus contratos. Pero el efecto más relevante tiene que ver con los atrasos en las publicaciones de los decretos de precios de nudo. Como el segmento de los clientes que consumen más de 500 kWh al mes promedio al año no está estabilizado, el atraso que ha ocurrido los afecta directamente. De hecho, en la primera versión de informe de precios de nudo se estimaba que en octubre se iba a publicar el respectivo decreto. Ahora, en la nueva versión, señala que será diciembre. Y estamos hablando de tarifas que debiesen haber estado vigentes el primer semestre de este año.
¿Hay que hacer mejoras a las licitaciones para solventar que las generadoras no tomen más riesgos del debido?
Sí, hay requisitos de solvencia a los oferentes que pueden mejorarse. Pero el tema de fondo tiene que ver con el acceso abierto y con suponer que el Estado va a resolver a tiempo los problemas de transmisión. Este no es un problema de Chile. Los problemas de falta de transmisión porque se desarrolla más lento de lo que tarda en desarrollarse la energía renovable es un problema que pasa en Europa, en Estados Unidos y acá no somos una excepción. Entonces es difícil suponer, tomar como supuesto que siempre voy a tener a tiempo toda la transmisión necesaria. Lo que sí, entonces en ese sentido lo que hay que mejorar, además del diseño de la licitación, es cómo agilizamos la transmisión.
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