Por unanimidad, la segunda sala del Tribunal Constitucional resolvió ayer acoger el requerimiento de inaplicabilidad presentado la semana pasada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a raíz de un recurso de protección, introducido por una profesora que busca retirar sus ahorros previsionales desde AFP Cuprum.

Este caso podría marcar un precedente que abriría la puerta a que los afiliados puedan retirar sus fondos desde las administradoras en cualquier momento.

El documento del TC, suscrito por su presidenta María Luisa Brahm, y los ministros Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández, señala que "por decisión unánime, (la sala) accedió a lo solicitado por la Corte requirente, disponiendo la suspensión de la tramitación del ya referido recurso de protección".

Sin embargo, la admisibilidad y progreso que ha llevado el caso no fue bien recibido por el Ejecutivo.

El primero en pronunciarse fue el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien además de entregar una mirada crítica y cuestionar fuertemente el hecho, aseguró que este, y los anteriores 15 recursos de protección presentados en diferentes regiones del país, -y que fueron rechazados por las diferentes instancias regionales, salvo el de ahora en cuestión-, "persiguen un objetivo político", impulsado desde hace meses por el movimiento No+AFP, y que precisamente iba dirigido a que los afiliados retiraran sus ahorros previsionales.

"Estos recursos no tienen ni han tenido fundamento", afirmó el jefe de la cartera, explicando que "si bien nuestra Constitución -como en todos los países del mundo- establece el derecho de propiedad sobre los fondos, también, establece la cotización obligatoria para pensiones". Por eso, "en esto no hay dos opiniones. Tanto el TC como el ordenamiento jurídico, y los tribunales de justicia han defendido el derecho de propiedad de estos fondos, y esto garantiza que esos recursos sean usados exclusivamente para el ahorro previsional".

Por su parte, la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, aunque se mantuvo en esta misma línea, se concentró en alertar sobre los riesgos en materia previsional que tendría que sortear el sistema si estos recursos prosperan. Así, recordó que "en Perú, se permitió el retiro del 95% de los fondos, pero esto derivó en que un porcentaje importantísimo de aquellos peruanos que retiraron sus fondos ya se lo han gastado todo en bienes de consumo y pago de deudas, y ahora no tendrán garantizada una futura pensión".

Por eso, puso sobre la mesa que el proyecto de pensiones impulsado desde el Ejecutivo plantea la posibilidad de "retirar el 50% del mayor ahorro después de haber postergado la edad de jubilación. Pero siempre después de la edad legal de retiro y habiendo asegurado una pensión. No estamos de acuerdo con que exista una posibilidad que deje en la total desprotección a los ahorrantes", remató.