El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el marco de la controversia por el proyecto minero-portuario Dominga, abriendo un nuevo capítulo en la creciente pugna entre el Ejecutivo y la justicia ambiental. La decisión implica, además, la suspensión de los procedimientos en curso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental, lo que representa un giro relevante en el conflicto institucional.

La acción legal fue impulsada el 23 de marzo por el Comité de Ministros —órgano colegiado que representa la máxima instancia administrativa en materia ambiental—, luego de que el Primer Tribunal Ambiental ordenara a fines de 2024 al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dictar una nueva resolución sobre Dominga. El gobierno acusa al tribunal de exceder sus atribuciones y de invadir competencias que, por ley, corresponden exclusivamente al Comité de Ministros.

“La presentación busca resguardar las atribuciones legales del Comité de Ministros”, argumentó el Ejecutivo, agregando que el SEA, en su rol de secretaría técnica, no tiene la facultad para reemplazar una resolución emanada del comité.

El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, subrayó que el gobierno está “utilizando las herramientas que contempla nuestra Constitución para hacer valer el Estado de derecho”. En tanto, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, sostuvo que el TC es el organismo competente para dilucidar la correcta interpretación sobre los límites de las competencias administrativas y judiciales.

La resolución del TC, emitida este 15 de abril, señala que la presentación cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y la Ley Orgánica del propio tribunal, por lo que se declara admisible la contienda de competencias. Además, considerando la posibilidad de un “daño irreparable” en caso de proseguir los procedimientos judiciales en paralelo, el TC ordenó su suspensión temporal .

La decisión de la Segunda Sala se adoptó con los votos a favor de Nancy Yáñez, María Pía Silva y Mario Gomez Montoya y el voto en contra de los ministros Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas, quienes sostuvieron que no se habrían cumplido los requisitos exigidos para la admisión del requerimiento.

Desde Andes Iron, empresa responsable del proyecto Dominga, calificaron el requerimiento como “una nueva maniobra dilatoria” del Ejecutivo. La compañía sostiene que el fallo del 1TA busca simplemente asegurar el cumplimiento de la sentencia del 9 de diciembre de 2024, y que la resolución del Comité de Ministros ya agotó sus competencias. La firma solicitó además al SEA modificar el estatus del proyecto a “aprobado”.

La batalla por Dominga, marcada por una compleja red de decisiones administrativas, judiciales y políticas, promete seguir escalando mientras el TC se prepara para pronunciarse de fondo sobre la distribución de competencias entre órganos del Estado.