Hace unos días, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, denunció el lobby feroz por parte de las empresas del sector a raíz del polémico congelamiento de la banda 3,5 GHz.
"La verdad es que el lobby que se ha presentado acá es feroz, pero esperable, porque si miras la historia de las telecomunicaciones, cada vez que se ha querido hacer un cambio de políticas públicas y de magnitudes, en beneficio de los usuarios y de la competencia, las empresas han reaccionado con un gran lobby (...)
Ellos han ocupado todas las posibilidades de lobby que hay, formales e informales, porque tienen su poder de contacto" denunció la autoridad, quien calificó la acción de las empresas como desesperada.
Para ponerle número a estas declaraciones, en PULSO se elaboró un artículo en el que se contabilizaron 67 audiencias-considerando solo aquellas con autoridades del gobierno central o parlamentarios- por parte de las empresas de telecomunicaciones. Todas las citas bajo el alero legal de reuniones transparentadas a través de la plataforma Ley Lobby, en que los privados solicitan encuentros con personeros de organismos del Estado. WOM es la que más ha pedido encuentros con autoridades o parlamentarios.
La postura de la autoridad puede ser compleja para un regulador, considerando que sus acusaciones son fuertes.
Las presiones informales pueden ser más complicadas; no obstante, se debe entender que, en general, es la realidad de todas las autoridades. De hecho, el país optó por ley por la transparencia en esta materia, precisamente para minimizar las presiones indebidas.
En definitiva, los dichos de la subsecretaria parecen algo destemplados en la forma, y al mismo tiempo le da un tinte de opacidad al ejercicio del lobby, pese a ser legal. Lo preocupante es que la relación con el sector privado en telecomunicaciones está quebrada, lo que no es bueno para un sector económico tan relevante para el país ni para el ambiente de negocios en general.
