Cuando la pandemia estaba comenzando a afectar fuertemente al país, en marzo de 2020, las distintas reparticiones públicas comenzaron a implementar el trabajo remoto, con el objetivo de resguardar la salud, pero a la vez continuar sus funciones. Esto, en paralelo con la legislación que permitió al sector privado también adoptar esa misma medida.

De esta manera permitió en parte mantener el empleo que se vería afectado por las medidas sanitarias. En mayo de 2020, los funcionarios públicos con teletrabajo llegaron a un peak de 45%. Luego comenzó a bajar de manera sostenida, hasta tocar un mínimo de 25% en febrero de 2021. Posteriormente volvió a subir hasta 30% en abril de 2021. De allí en más comenzó a bajar hasta un 7,78% en enero de 2023.

Pero este proceso fue gradual. En abril de 2021 el gobierno pasado elaboró un plan para el retorno de los funcionarios públicos del gobierno central, el cual recayó en el Servicio Civil, como organismo técnico, y por ello estuvo a cargo de la implementación y la verificación del cumplimiento de los planes de retorno graduales por parte de los jefes de servicio. Este se extiende hasta que permanezca la alerta sanitaria hasta el 31 de agosto.

El plan consistía en que cada uno de los 250 servicios públicos de la Administración Central del Estado deberán identificar las funciones presenciales prioritarias y especificar las personas que cumplirán tareas presenciales, en las distintas modalidades y aquéllos que mantendrán sus funciones en forma remota, en la medida que la naturaleza de esas funciones permita realizar dicha labor con eficacia y eficiencia.

Al terminar ese año, el Servicio Civil informó que, a diciembre de 2021, unos 86 mil trabajadores de la administración central -excluyendo al personal de Salud- estaban realizando sus funciones de manera presencial, lo que equivalía a 74%; otro 17,1% está en un sistema de turnos (híbrido) y solo el 8,9% restante sigue de forma completamente remota.

Un año después, a diciembre de 2022, ese porcentaje subió a 77,09% de personas trabajando presencial; 15,9% turnos (híbrido) y 7,82% en teletrabajo. Ahora, en su último informe del Servicio Civil con cifras a enero, la cantidad de personas de manera presencial avanzó levemente hasta 77,21%, turnos 15,01% y teletrabajo a 7,78%. Esta información incluye datos de 23 ministerios, los que se desglosan en 37 subsecretarías y cerca de 166 servicios públicos relacionados y dependientes a cada Subsecretaría, completando un total aproximado de 117.000 personas.

Felipe Melo, director del Servicio Civil, relata que “el 92% de las funcionarias y funcionarios públicos está trabajando de manera presencial, ya sea en turnos (15%) o en la totalidad de su jornada (77%). Todas las oficinas que prestan atención directa a la ciudadanía están operativas y quienes hoy trabajan de manera remota siguen realizando funciones que permiten mantener la continuidad de los servicios”.

Puntualiza que antes de la pandemia, el trabajo remoto “sólo se estaba implementando como un piloto liderado por la Dirección de Presupuestos, dentro de 5 instituciones de manera muy acotada, con cobertura inferior al 12% de sus respectivos funcionarios en promedio”.

Por cartera, los que lideran el trabajo presencial es Defensa con 98,5%, y 0,8% en teletrabajo, sigue Obras Públicas con 94,7% presencial y 2,4% teletrabajo, Secretaría General de la Presidencia, con un 93,3% presencial y 3,7% remoto y 3 de turno. Transportes y Telecomunicaciones con 92,2% para presencial, y 4,3% remoto.

En el otro extremo, el Ministerio de Ciencia con 49,4% presencial, 15,1% turno y 7,78, teletrabajo, 54% el Ministerio de Energía con 54% presencial y 35,5% turno y 10,2% teletrabajo. Cultura 56,7% presencial, 27,5% turno y 15,8% teletrabajo.

Los economistas dicen que si bien hay espacio para mantener y elevar el número de funcionarios con teletrabajo, dependerá de las tareas que realicen.

Tomás Flores, economista de LyD, sostiene que “la atención presencial o remota debe considerar, de manera dinámica, la mejor posibilidad de acceso del usuario”. No tiene sentido obligar a que una persona asista al centro de Santiago o de la capital regional respectiva para obtener un servicio que podría haber obtenido de manera remota. Esto lleva a que el porcentaje de teletrabajo debería continuar aumentando, en comparación al periodo prepandemia, y ese fue el espíritu al incorporar a la Inapi a teletrabajo hace una década atrás”.

Menciona que “los servicios médicos son los que actualmente requieren de mayor presencialidad, aunque la teleconsulta está expandiéndose para cierto tipo de consultas. La masificación de firma electrónica avanzada puede permitir que acciones como el matrimonio civil se pueda hacer de manera remota”.

Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), sostiene que si el teletrabajo es más adaptable en el sector privado que el público, “depende mucho de la naturaleza de las funciones. En general, las cifras indican que el teletrabajo se concentra fundamentalmente en trabajadores con educación superior completa”.

Añade que “mientras entre los asalariados del sector público el 67% cuenta con educación superior completa, entre los asalariados del sector privado ese porcentaje está en torno al 37%. En ese sentido, parece haber más espacio en el sector público para el teletrabajo. Sin embargo, no es el único factor a considerar. Por ejemplo, las cifras de estos registros administrativos muestran que en los ámbitos de defensa, obras públicas o educación parvularia prácticamente la totalidad está presencial, ya que son rubros en donde es muy difícil operar de manera remota de manera eficiente”.

¿Cómo compara con el sector privado?, Bravo puntualiza que “las cifras del INE indican que entre los asalariados del sector privado el 4,3% trabaja principalmente desde su propio hogar, mientras que entre los asalariados del sector público es del 1,2%. Hay que considerar que la cifra de este registro administrativo, denominado Funcionamiento de los Servicios Públicos de la Administración del Estado durante crisis Covid-19, sólo cubre una porción menor de todo el empleo asalariado en el sector público, ya que sólo considera unas 117 mil personas”.