Algo de humo blanco apareció ayer en el proyecto de proinversión tras el distanciamiento inicial entre los diputados de oposición de la Comisión de Economía y el gobierno, respecto de algunos cambios que se proponían a la institucionalidad de los Ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente.

"Hay disposición para eliminar los lomos de toro, pero otra cosa es aprobar un fast track a cualquier proyecto de inversión", indicó el diputado Gabriel Silber (DC). Por ello conformaron con el Ejecutivo un grupo técnico que ha llegado a acuerdo en varios puntos que ayer se empezaron a votar en particular en la Comisión.

Es así como se confirmaron los cambios al funcionamiento de la Dirección General de Aguas para que se aprueben los proyectos de inversión hídrica: se admitirá que sean expertos (establecidos en un registro especial de revisores independientes) quienes puedan evaluar un proyecto, pero que la autorización final será facultad de la Dirección respectiva.

Donde aún no había acuerdo es en el articulado que modifica la institucionalidad ambiental, que representa casi un cuarto del proyecto. "Nosotros consideramos que el proyecto deja bastante debilitada la institucionalidad ambiental, es una bofetada a la ley actual, porque se le quiere dar chipe libre a cualquier proyecto de inversión", acotó el diputado Jaime Naranjo.