Este jueves la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de tres terminales portuarios acusando “abuso de posición dominante” con cobros injustificados en tarifas de seguridad. Este viernes, uno de los terminales en cuestión, Terminal Pacífico Sur Valparaíso, salió a defender las tarifas.
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“Las tarifas remuneran los servicios de seguridad que demanda la esmerada protección que hoy se requiere para el resguardo de las cargas transferidas a través de su terminal en Valparaíso, que requieren cuantiosas inversiones en equipos, sistemas y personal de seguridad, y que son parte de la oferta de calidad de servicios de TPS que la distingue de otros terminales nacionales e internacionales”, argumentó TPS a través de un comunicado, considerando que la fiscalía argumentó que los cobros no se encuentran respaldados en gastos o inversiones extraordinarias.
TPS aseguró que ha cumplido con todas las leyes y reglamentos en relación a las tarifas de servicios portuarios.
En esta misma línea, la empresa resaltó que las tarifas impuestas desde septiembre de 2019, no sólo fueron aprobadas por la Empresa Portuaria Valparaíso (tal como sostuvo San Antonio Terminal Internacional), sino que también fueron objeto de análisis por parte de la FNE en ese mismo año de su implementación. En ese entonces la entidad reguladora archivó la investigación puesto que no encontró elementos que diera lugar a un cuestionamiento de las mismas, sostuvo TPS.
“La FNE confirmó la regularidad de las tarifas en cuestión y el archivo de la investigación generó en TPS la legítima confianza de estar obrando conforme con la normativa de defensa y promoción de la libre competencia”, expresó la empresa.
“Es inconcebible que una autoridad del Estado defraude la confianza que sus propias actuaciones, estudios y conclusiones generaron en TPS como actor del mercado portuario de la V Región, un mercado por lo demás regulado, altamente competitivo y en donde participan muchos actores ofreciendo una amplia variedad de servicios a la carga”, agregó TPS.
Por otro lado, afirmó que no ha sido notificada del requerimiento, por lo que “lamenta ser sorprendida y afectada su reputación de esta forma, sin que se cumplan condiciones mínimas que es dable esperar para garantizar su derecho a defensa”, declaró. Pese a esto, aseguró que se hará cargo de las imputaciones formuladas.
La FNE, bajo la premisa de que los terminales portuarios de la región de Valparaíso hicieron abuso de posición de poder, solicitó al TDLC ordenar el cese de estas tarifas y multas de US$ 21,7 millones en total. TPS en particular tendría que pagar la sanción más alta de las 3 compañías acusadas, equivalente a US$ 8,7 millones.
