Tiempos para tramitar concesiones en telecomunicaciones superan en 122% la norma legal

La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) publicó avances preliminares de la investigación mandatada por el gobierno en 2022 “Productividad en sector Telecomunicaciones” que, además de identificar las barreras que frenan su crecimiento, entregará próximamente recomendaciones de política pública para mejorar su desempeño.

En específico el documento contiene un conjunto de hallazgos que muestran deficiencias relacionadas con el despliegue de infraestructura y la institucionalidad del sector.

En este sentido, advierte que el otorgamiento y modificación de concesiones de servicios de telecomunicaciones públicos e intermedios (incluidos en estos últimos los que únicamente proveen infraestructura física) evidencian extensos plazos de tramitación.

Si bien la normativa establece un plazo de 6 meses para ambas acciones, se observó que en la práctica, el tiempo promedio entre 2012 y 2021 para la entrega de una concesión, fue de 400 días corridos, mientras que para las modificaciones, fue de 263, lo que representa un exceso promedio de 220 y 83 días, superando la norma en un 122% y 46%, respectivamente.

La CNEP señala que esta situación se genera, entre otros aspectos, debido a que el régimen de autorizaciones en materia de servicios de telecomunicaciones es divergente. En efecto, un interesado que desee prestar servicios debe tramitar por separado una autorización para cada tipo de servicio (por ejemplo, llamadas de voz y transmisión de datos), lo que dificulta que estos puedan ajustarse rápidamente al avance de nuevas tecnologías.

Otro de los temas que aborda la CNEP, se refiere a la institucionalidad que acompaña al sector y qué aspectos deberían considerarse para mejorar su productividad.

El documento advierte que existen grados de conflicto y tensión entre las tareas que cumple la SUBTEL. Esto, porque junto con tener el rol de impulsar el sector (diseño de políticas y fomento), ejerce niveles de control, al tener que autorizar y fiscalizar proyectos, donde el énfasis está puesto en el cumplimiento de la normativa.

Al respecto, un ejemplo que ilustra el conflicto permanente que enfrenta la autoridad sectorial, dice relación con el concurso de 5G. En agosto de 2020, SUBTEL realizó el llamado para el otorgamiento de concesiones de servicios de telecomunicaciones para operar sobre redes inalámbricas de alta velocidad (3,5 GHz). Posteriormente, autorizó provisoriamente la modificación de las concesiones que un titular tenía en la misma banda de frecuencias del concurso, para que también prestara servicios de telecomunicaciones de este tipo.

Lo anterior, para implementar rápidamente una cuarta red (5G) y promover un mayor nivel de competencia. No obstante, una de las adjudicatarias del concurso se opuso, pues SUBTEL le había otorgado las concesiones al titular de esta cuarta red para otro tipo de servicio. En suma, es importante separar las funciones de impulso y de control, porque así́ se evita que estas últimas sean influidas por los objetivos o consideraciones de corto plazo de las primeras.

Por otra parte, el análisis advierte que, en general, la fiscalización que realiza SUBTEL es reactiva, es decir, se materializa en base a denuncias, reclamos o solicitudes. En efecto, a agosto de 2018, más del 80 % de las acciones de fiscalización fueron fundadas en situaciones reactivas.

Se debe considerar que, tal como lo ha señalado la OCDE, las estrategias de fiscalización que se basan en inspecciones reactivas son menos efectivas en comparación con aquellas que se enfocan en acciones preventivas.

En 2021, de 283 informes técnicos de acciones de fiscalización asociados al Departamento de Análisis y Planificación, el 22% fue reactivo, y de 1.765 acciones de fiscalización relacionadas con el Departamento de Operaciones, el 51% lo fue (excluyendo recepciones de obra). Esto, se explica principalmente porque existe un desfase entre la información que reportan las empresas y el monitoreo de redes de la SUBTEL. Al respecto, cabe señalar que ésta carece de un sistema integrado y oportuno de detección de alarmas.

Para hacer frente a esta situación, en el proyecto de ley para reconocer el acceso a internet como un servicio público, se busca agregar que “los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deberán habilitar un acceso web, con perfil de usuario para lectura y exportación, que permita a la Subsecretaria el acceso a información contenida en sus centros de control y monitoreo de redes en tiempo real. Del mismo modo, los concesionarios deberán hacer entrega de aquellos datos de calidad de servicio, alarmas de detección y resolución de fallas de su red que sean necesarios para el ejercicio de las funciones y competencias de la Subsecretaría, en tiempo cercano al real (...)”.

Además la CNEP identificó que entre 2018 y 2022, existío una alta dispersión en la aplicación de multas impuestas por el ministerio de transportes y telecomunicaciones (MTT) En efecto, el valor de una multa para la misma categoría de infracción llegó a superar 3 veces su valor promedio. Una de las causas que explican esta situación es que la Ley 18.168, General de Telecomunicaciones, no contempla pautas para que el MTT establezca cuándo una infracción es más o menos grave, distando de lo que sucede con otros sectores regulados.