El 27 de diciembre pasado, cuando el Presidente Gabriel Boric celebraba orgulloso, en cadena nacional, la firma de un memorando de entendimiento entre Codelco y SQM que sentaba las bases de un acuerdo para la explotación conjunta del litio en el Salar de Atacama, las caras no eran las mismas entre quienes viven en ese lugar del norte de Chile. Es más, eran de asombro, decepción e incluso de enojo.

Las comunidades indígenas, descendientes de los pueblos atacameños o licanantay que han residido en la zona por 11 mil años, se sintieron anonimizadas y pasadas a llevar. Sólo 13 días antes, el 14 de diciembre, el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), la organización que oficialmente las agrupa, había suscrito un convenio tripartito con la estatal Codelco y la privada SQM que sentaba las bases para una mesa de negociación entre las tres partes, pues estipulaba que serían “considerados en el proceso de negociaciones”. Pero el anuncio de las empresas el 27 de diciembre fue justo en la dirección contraria, pues no tenían información sobre la inminencia de un acuerdo que los tomó por sorpresa.

Y esta sensación fue aún más amarga entre las cinco agrupaciones más cercanas al salar: Camar, Peine, Socaire, Talabre y Toconao, que se ven más directamente afectadas por la eventual puesta en marcha de la alianza Codelco-SQM. A tal nivel llegó el enfado, que el pasado 9 de enero miembros de estas comunidades bloquearon el acceso principal a las instalaciones de donde extraen litio SQM y la estadounidense Albemarle. Esto, pese a que el 29 de diciembre el presidente de SQM, Gonzalo Guerrero, junto a la directora Gina Ocqueteuau, y luego el 2 de enero el de Codelco, Máximo Pacheco, vía telemática, y los directores Pedro Pablo Errázuriz, Nelson Cáceres, Josefina Montenegro y Alejandra Wood presencialmente, se reunieron con el CPA para dar explicaciones.

Ese ánimo no se ha aminorado y es el escenario con el que se encontrarán ambas compañías mineras durante este mes, cuando se quiere volver a reinstalar la mesa tripartita de negociaciones establecida el 14 de diciembre. Más aún, cuando el 31 de marzo se tiene previsto suscribir el acuerdo “definitivo y completo” entre Codelco y SQM.

Esto, dado que su alianza depende de la anuencia de las comunidades: la tercera condición para la materialización del acuerdo, según el memorando de entendimiento suscrito, es “la conclusión exitosa del proceso de consulta indígena requerido por la ley respecto de aquellas medidas administrativas referidas a la asociación y que sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas”.

Con el fin, entonces, de ir apaciguando ánimos y revertir el mal inicio de esta relación, decidieron recurrir a manos expertas en vinculación con comunidades, elaboración de relatos y comunicación efectiva, entre otros aspectos.

Codelco, que ha destinado más de un centenar de profesionales para este trabajo, y SQM han contratado hasta ahora a una decena de consultores nacionales y extranjeros para llevar a cabo su alianza. Sólo en los aspectos legales y financieros, han trabajado Carey y Morgan Stanley por Codelco; y Claro y Cía. y Tyndall, por SQM, respectivamente.

Y en lo que se relaciona con comunidades, hay dos al menos que llaman la atención, dadas sus conexiones políticas y familiares con el poder: la consultora de comunicación estratégica Tironi y el estudio de abogados Aylwin Matta.

Tironi es la agencia fundada y hoy presidida por el sociólogo Eugenio Tironi, quien fuera director de Comunicaciones del gobierno del fallecido expresidente Patricio Aylwin. Los encargados de este proyecto serán dos de sus socios más jóvenes: el psicológo social y exasesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia para el proceso constituyente Miguel Jofré y la periodista y exeditora general de contenidos de CNN Chile Carolina Cruz. En sus biografías, Jofré es presentado como experto en “diseño y conducción de procesos colaborativos orientados al desarrollo comunitario, el cambio organizacional y la gestión de controversias”, mientras que Cruz lo es en “relacionamiento comunitario y comunicaciones corporativas”. Ambos tienen experiencia en las comunicaciones de grandes proyectos, la construcción de relatos y narrativa corporativa.

Codelco explicó que “acordó, en conjunto con SQM, abordar con Tironi el diseño estratégico de las comunicaciones de la nueva sociedad, tomando la amplia experiencia que esta consultora tiene en los sectores mineros y financieros”.

Cercanos a la agencia comentaron que hasta ahora su ámbito de acción está circunscrita a la estrategia comunicacional, que obviamente tendrá incorporada la comunicación a las comunidades, pero que no se dedicarán al relacionamiento mismo con ellas. Al menos por ahora.

“Tironi tiene a su cargo la asesoría del diseño de la estrategia de comunicaciones corporativas para el MoU (memorando de entendimiento) y la futura nueva sociedad, proponiendo posibles atributos de marca y el posicionamiento en sus públicos de interés”, explicó SQM.

El trabajo de construcción de marca será relevante y desafiante, puesto que está definido que la nueva empresa no puede exhibir ni la marca SQM ni la marca Codelco.

Tironi, que ha asesorado regularmente al actual gobierno en otras materias políticas, fue también la agencia que diseñó la comunicación del Ejecutivo para la Estrategia Nacional del Litio. Sin embargo, el equipo encargado de esta tarea fue dirigido por otro socio, el doctor en antropología Rodrigo Araya.

El bufete Matta Aylwin, en tanto, fue fundado por Miguel Aylwin Oyarzún, tercer hijo del fallecido expresidente Patricio Aylwin, como Aylwin y Asociados y tomó su nuevo nombre al incorporar como socio a su sobrino Manuel Matta Aylwin, hijo del exsenador DC Manuel José Matta e Isabel Aylwin (la segunda hija del exmandatario). Es justamente Manuel Matta quien estará a cargo de la asesoría jurídica a Codelco-SQM junto a Gabriel Méndez, el socio más reciente de la oficina que hasta el 2020 fue gerente de Asuntos Corporativos de Enap.

“Solicitamos el apoyo legal del estudio Aylwin Matta para el estudio técnico y legal que permita su ingreso al Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, resguardando la correcta participación de las comunidades indígenas en las distintas etapas del proceso”, explicó Codelco. “Es el responsable del estudio y diseño de las primeras etapas de planificación que tendrá el proyecto Salar Futuro, considerando su eventual ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental”, explicitó SQM.

Manuel Matta tiene experiencia en el trabajo con comunidades atacameñas, pues estuvo a cargo de un acuerdo con BHP para el uso de una laguna, por lo que “conoce el lugar, a las personas y los estándares necesarios para trabajar en la zona, tiene sentido territorial”, contó un cercano.

La idea del trabajo de estas consultoras es “hacer las cosas bien”, dijo una fuente conocedora del tema, pues no se puede repetir la experiencia de diciembre y enero, cuando las comunidades demostraron con la toma de caminos su desazón por el anuncio del MoU que consideraron inconsulto.

El Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), la entidad líder en términos de organización por pertinencia étnica y territorial, agrupa a 18 de las 25 comunidades que viven en torno al Salar de Atacama. Hay algunas, en todo caso, que se ubican hasta a 100 kilómetros de este. Y esto ha sido motivo de diferencias en su interior, puesto que son siete las comunidades que tienen intereses más directos sobre el depósito y dependen de manera importante de él como fuente hídrica. Las más cercanas al borde sur, que es donde se ubica la explotación del litio, son las cinco que protagonizaron las protestas de enero: Camar, Peine, Socaire, Talabre y Toconao. Otras dos, Coyo y Solor, cuentan con lagunas y vegas en el salar. El resto no vive tan cerca, por lo que no es impactada directamente, explica el presidente de la comunidad de Toconao, Yermin Vásquez.

Cada una de ellas se organiza de manera independiente y tiene recursos y asesoría jurídica separadas del CPA. El consejo, por ejemplo, es representado por el abogado Sergio Chamorro, un experto litigante en materias ambientales e indígenas de San Pedro de Atacama, que ha sido dirigente del Colegio de Profesores. La comunidad de Peine ha sido asesorada históricamente por Marcel Didier y Oriana Mora, abogados del Observatorio Ciudadano. Toconao, la comunidad más grande con más de 900 comuneros y una demanda territorial de 500 mil hectáreas, tiene como asesor jurídico a César Bravo, antes funcionario de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Camar, en tanto, es representado por Minda Bustamante, de la consultora Territorios Participativos, y Patricia Albornoz, doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad Bolivariana.

Estas comunidades ya tienen experiencia en conflictos ligados al litio, pues en 2018 intentaron frenar el acuerdo de Corfo y SQM con recursos de protección que apuntaban a la realización de una consulta indígena.

Pero sus propias diferencias también se han hecho públicas.

Actualmente se lleva adelante una consulta indígena producto de un conflicto interno. El 26 de agosto de 2022, la Corte Suprema acogió un recurso de la comunidad de Camar, que reclamó por la fórmula en que se estaban distribuyendo los dineros comprometidos para las comunidades del salar en el acuerdo de Corfo y SQM de 2018. Una cláusula establecía que se debían repartir entre US$10 millones y US$15 millones anuales para proyectos de inversión y fomento. Desde entonces, SQM ha destinado un total de US$63,5 millones para ser distribuidos a estos grupos, pero desde 2021 a la fecha sólo se han repartido US$14,2 millones, pues la orden de la corte es realizar la consulta indígena antes de distribuir el resto. A las otras comunidades no les ha parecido nada de bien.

Esta consulta indígena está a cargo de Corfo y cuenta con la asesoría de Yankovic.Net SpA. Partió formalmente el 9 de noviembre de 2023 y la primera reunión fue el 12 de diciembre. “Avanza con las comunidades”, dijo una fuente de la corporación. Según la normativa, debiera tardar 100 días hábiles, pero en la corporación explicaron que ese plazo “es flexible y dependerá de lo que se vaya acordando en cada etapa con los intervinientes”.

Aunque este proceso no tiene nada que ver con la alianza SQM-Codelco y el plan de vinculación y consulta con comunidades que deberán realizar más adelante con la ayuda, entre otros, de Tironi y Aylwin Matta, les servirá de todos modos para palpar la temperatura de este grupo de comunidades a las que deben aquietar. Al menos, esa tarea debe incorporar las pretensiones que el 14 de diciembre las comunidades les plantearon como base para conversar. Según Vásquez, de Toconao, estas son “que exista un reconocimiento a que estas comunidades ancestralmente forman parte del salar y que todas las negociaciones deben realizarse sobre la base de la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT”. Esto último obligaría al Estado a pedir el consentimiento de las comunidades para llevar a cabo el proyecto de alianza y a incorporarlas en el control de la extracción del mineral, con el fin de permitir el desarrollo adecuado de la agricultura y ganadería, las actividades ancestrales más golpeadas por el impacto en el agua, el problema central al que se abocarán seguramente estas negociaciones.

Fueron consultadas otras cinco comunidades y al cierre de esta edición no compartieron sus impresiones.