No tuvo el mismo éxito que algunos de los sancionados en el caso Cascada
El objetivo de Juan Bilbao era rebajar la sanción por UF90.000 (más de US$3,2 millones) que le aplicó la ex Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF), pero ayer sufrió un duro revés, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara el requerimiento que había presentado en enero de 2017.
Así, se confirmó la medida pecuniaria impuesta por el regulador en noviembre de 2015, donde determinó que el ex presidente de Consorcio usó información privilegiada en la compra de acciones de CFR Pharmaceuticals, siendo director de la compañía.
En concreto, Bilbao alegó ante el TC la inconstitucionalidad de aplicar el artículo 29 de la Ley Orgánica de la SVS, que estipula que la entidad puede fijar una multa de "hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular".
En su lugar, proponía utilizar el artículo 28 de la mencionada ley, que establece que la multa debe ser por un máximo de UF15 mil, y que en caso de reiteración podría llegar a UF75 mil.Sin embargo, el TC sostuvo que los requerimientos de los multados en el caso Cascada eran diferentes al de Bilbao.
"Primero, la ausencia de identidad de la gestión pendiente respecto de los bienes jurídicos amparados por la legislación norteamericana y la chilena.
Segundo, la naturaleza del efecto de la inaplicabilidad en relación con la gestión pendiente. No se aplica el artículo 29 inciso primero del DL 3538.
Tercero, no es posible admitir un estándar de comparación fáctico con otros sancionados por la SVS sin atender a sus propios casos concretos.
Cuarto, la proporcionalidad ha de atenderse en relación con los bienes jurídicos bajo soberanía nacional", determinó.
Intervalores: Corte de Apelaciones dicta prisión preventiva contra Gabriel Urenda.
El tribunal revocó ayer el arresto domiciliario que se había dictado contra Gabriel Urenda, fundador del holding financiero Intervalores, y en su lugar determinó la prisión preventiva del imputado.
A Urenda se le acusa de ser el ideólogo de los delitos de estafa, apropiación indebida y entrega de información falsa por fraudes ocurridos en su grupo empresarial.
Los integrantes de la Sexta Sala argumentaron que su decisión se funda en que Urenda es formalizado por diversos delitos con reiteración, que los antecedentes dan cuenta de un actuar ilícito ejecutado en coautoría con Sebastián González, gerente comercial de la compañía, y que la existencia de atenuantes debe ser acreditada en otra instancia penal.
Las víctimas del caso acusan un perjuicio cercano a $8.000 millones y la Fiscalía estima que podría subir a más de $10 mil millones.
