Las secuelas del ciberataque. Son varias las aristas que se han abierto tras el ciberataque que sufrió Banco de Chile hace exactamente tres semanas, que tuvo como saldo el robo de unos US$10 millones a la entidad, no a sus clientes.

Con este telón de fondo, ayer cuatro senadores de la Comisión de Economía presentaron una moción parlamentaria para introducir dos cambios a la Ley de Bancos en materia de fiscalización. La primera, es un aumento en la multa que establece el artículo 19 del DFL3 de 1997, subiendo el monto máximo desde 5.000 UF a 15.000 UF.

Esta amonestación está destinada justamente a aquellas entidades que están bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos y que incurran en una infracción que no tenga una sanción especial, como ocurriría, por ejemplo, ante una infracción en ciberseguridad, ya que la legislación no establece multas especiales para este tipo de casos.

La segunda modificación que busca introducir la moción que impulsa la senadora Ximena Rincón junto al senador Felipe Harboe, Álvaro Elizalde, y José Miguel Durana, radica en introducir una frase en el artículo 62, donde se clasifica a los bancos en tres niveles de gestión.

Así, en el nivel B se introduciría un inciso para incluir en esta categoría "a las instituciones que reflejan ciertas debilidades en los controles internos, seguridad de sus redes, sistemas de información para la toma de decisiones".

Esto, explica la senadora Rincón, "es para incluir el tema de la seguridad de las redes informáticas, porque no está considerado actualmente en la ley".