La megalínea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico vuelve a hacer noticia, pero está vez por la tragedia ocurrida esta mañana con la caída de un helicóptero de Ecocopter que dejó un triste balance de seis personas fallecidas.

Se trata de una polémica más de InterChile, filial de la colombiana ISA que no la ha tenido nada fácil con este gigantesco proyecto de US$ 1.000 millones y que busca  la inyección de energía proveniente principalmente de generación renovable -en el norte del país- para el suministro de clientes finales.

El inicio de sus operaciones ha tenido un retraso de un año y medio debido fundamentalmente al bloqueo de los terrenos para culminar las obras. Comunidades y privados se han opuesto a la entrada de la empresa en sus paños para que se instalen las torres.

El principal opositor es la Comunidad Agrícola La Dormida.

Debido a esta barrera, InterChile está ingresando a través de helicópteros para concluir las últimas siete torres que le quedan por finalizar.

Además, esa comunidad presentó un recurso ante el Tribunal Ambiental de Santiago en febrero pasado. Este acogió la reclamación en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ordenando tramitar la solicitud de invalidación de la resolución que aprobó el proyecto.

Sin embargo, los conflictos con La Dormida no son lo único que está enfrentando la empresa. El retraso de la megalínea eléctrica además de afectar a las firmas eléctricas (sobre todo a las renovables), que están esperando el término de su construcción para inyectar energía, también está en conflicto con la autoridad.

A principios de marzo, el gobierno ejecutó el cobro de boleta de garantía por US$2,6 millones por el retraso de más de un año del proyecto. Ante esto, la empresa recurrió a la justicia para invalidar dicho cobro. Sin embargo, la multa podría ser aún mayor, ya que por cada día de atraso esta crece US$190 mil. La empresa justifica que se debe por fuerza mayor.

La nueva puesta en marcha de Cardones-Polpaico es el 11 de junio.