Se avecina el proyecto de Presupuestos para 2020 y sin duda resurgirá la misma discusión de todos los años: los recursos entregados al fondo espejo del Transantiago que se ha apoderado de la Comisión Mixta desde que fueron creados en 2013.
Lo curioso de este debate es que el gobierno siempre queda en minoría en el Congreso, porque este tema no trata de colores políticos sino que de regiones contra el centralismo. Claro que durante el año el Ejecutivo tiene las de ganar, ya que la forma en que están distribuidos estos recursos en el aparato público es tan enredado, que nunca dan cuenta exacta sobre el destino total de los fondos.
"Siempre tenemos que indagar el uso de estos recursos con lupa y sacar a tirabuzón la información a las autoridades", recuerda el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputado Daniel Núñez (PC). "Permanentemente hemos solicitado que nos informen de forma detallada los recursos que se entregan a regiones. Pero la manera en que nos informan es bastante especial y termina siendo muy complejo saber si se cumple o no el objetivo", admitió el senador Alejandro García-Huidobro (UDI). Ambos integran la Quinta subcomisión que tiene a cargo la partida de Transportes, y coinciden en que en todos los gobiernos ocurre lo mismo.
Donde van
El objetivo de los fondos espejo era que se gastara un monto equivalente en regiones a lo que el fisco estaba entregando en el subsidio del Transantiago. Para ello se creó el Fondo de Apoyo a Regiones (FAR), el cual debe distribuir los recursos en proyectos de inversión en transporte e infraestructura. Claro que esta frontera nunca ha sido tan clara e incluso en 2017 se permitió transferir esos recursos a los servicios de salud.
Para este año se dispusieron $580.542 millones de fondos espejo: $498.484 millones debieran ser ejecutados por las regiones, y $82.058 millones se van a la compra de títulos y valores para mantener el FAR. Si bien se supone que el 94,5% de los $498.484 millones quedarían en regiones, hay una parte relevante $352.798 millones que son de responsabilidad de la subsecretaría de Transportes.
Hasta esta repartición están medianamente claras los destinos, incluso se les puede hacer un seguimiento de ejecución.
De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta cartera tiene cuatro vías de gasto para estos recursos. La primera por $166.711 millones se van a subsidios como los de zonas aisladas ($37.594 millones); zonas extremas ($3.240 millones); bono TNE ($23.547 millones); transporte escolar ($28.511 millones); entre otros.
La segunda vía de $6.821 millones se transfiere al sector privado para financiar proyectos en trenes en Valparaíso (Merval), Concepción (Fesub) y Metropolitanos. La tercera vía son iniciativas de Inversión por $5.259 millones que la Subsecretaría ejecuta directamente en regiones.
Y la cuarta es el aporte al FAR por $48.951 millones que se suma a los $352.798 millones que entrega el Programa de Operaciones Complementarias del Tesoro. De su ejecución debieran dar cuenta las regiones, pero lo cierto es que no envían la información respectiva al Congreso o llega con desfase o en un formato que no admite comparación.
"Siempre ha sido muy oscuro el uso de los recursos espejo. Muchos montos no salen si no hay proyectos de inversión y quedan en el Tesoro. Siempre tenemos que andar con un ojo especial", acotó Núñez. Por su parte, García-Huidobro anticipó la demanda de este año: "quienes somos representantes de regiones vamos exigir compensaciones por inversiones relevantes que se hacen en Santiago, como por ejemplo la extensión del Metro".
