El anuncio del gobierno de perfeccionar la legislación que rige a la industria sanitaria encendió las alarmas entre las empresas del sector.

Aunque desde 2016 se discute en el Congreso una moción parlamentaria para formular cambios a esa legislación, la crisis que desató el extenso corte de agua potable en Osorno -que derivó en la apertura de un proceso de caducidad de la concesión a Essal-, aceleró la agenda de modificaciones al marco regulatorio. Esto podría tener incidencia directa en los balances de las sanitarias, al proponerse revisar, por ejemplo, la tasa de rentabilidad del sector y un aumento de las sanciones.

En este escenario, las sanitarias intensificaron la agenda de reuniones con autoridades para conversar temas relacionados a la normativa de servicios sanitarios. En julio, las empresas ya habían desplegado un intenso que quedó registradas en el portal de Ley de Lobby.

El 21 de agosto, Carlos Méndez Gallo, gerente general de Aguas Antofagasta, empresa controlada por el grupo colombiano EPM, se reunió con el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, para conversar por cerca de una hora sobre la situación regulatoria de empresas sanitarias, en el edificio del Ministerio de Obras Públicas.

Ese mismo mes, pero una semana antes, el superintendente de Servicios Sanitarios (S), Jorge Rivas, recibió a representantes de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G. (Andess) y ejecutivos de las principales sanitarias del país. Entre los asistentes se encontraba Iván Yarur, director de Finanzas y Resiliencia de Aguas Andinas; Camilo Larraín, director de Asuntos Jurídicos de Aguas Andinas; Javier Vargas, gerente de Planificación de Esval; Luigi Sciaccaluga Nordenflycht, gerente de Planificación, Ingeniería y Gestión Tarifaria de Essbio (quien figura en la convocatoria como representante de Andess); y la presidenta ejecutiva del gremio que los agrupa, Jéssica López. En las más de dos horas que duró la reunión, se analizaron los planteamientos de Andess en relación al proyecto de ley de sanitarias.

Los encuentros se suman a los que otras compañías habían sostenido el mes anterior con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. El 5 de julio, Salvador Villarino, gerente general de Aguas del Altiplano; José Luis Murillo, gerente general de Esval; acompañados de representantes de Andess llegaron hasta el ministerio para "dar a conocer la cartera de inversiones de las empresas sanitarias", según quedó registrado en los registros de Ley de Lobby.

Semanas después, el 26 de julio, Salvador Villarino, junto a Keisuke Sakuraba, presidente de Aguas Nuevas, se reunieron con Moreno, y entre los temas que se tocaron, además de las inversiones, fue la normativa sanitaria.

En una primera instancia, el ministro Moreno explicó que los cambios serían incorporados en un proyecto que durante agosto enviaría al Parlamento. Sin embargo, el plazo se cumplió y la iniciativa de ley todavía no ingresa.

Fuentes del gobierno comentan que, al menos hasta la semana pasada, todavía no estaba finalizado el informe financiero de los cambios a la normativa sanitaria. Adicionalmente, restaba un par de firmas al documento.

Para esta semana, en tanto, está citado el ministro Moreno a exponer a la Comisión de Obras Públicas del Senado. Según la agenda parlamentaria, la sesión se realizará el 5 de septiembre, para que el secretario de Estado "presente las indicaciones comprometidas por el Ejecutivo". Consultado el MOP, señalaron que la cita está en agenda y asistirán.

Sobre los cambios que evalúa el gobierno, se ha planteado rebajar la rentabilidad mínima de 7%. Una de las posibilidades es que baje a 6%. Otro de los cambios relevantes es la eventual aplicación de multas de hasta 10 mil UTA (US$8,1 millones) en caso de infracciones gravísimas. En eventos graves la sanción sería de hasta 5 mil UTA y las menos graves de hasta 1.000 UTA.

Ante el escenario de sequía extraordinaria que atraviesa la cuenca del Maipo, correspondiente a la Región Metropolitana, el directorio de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río -del cual Aguas Andinas es parte- se reunió ayer con la Dirección General de Aguas (DGA). Esto, para solicitar la declaración de zona de escasez hídrica a través de la Intendencia, lo que significa priorizar el consumo humano del agua.

En la reunión estuvieron presentes Oscar Cristi, director de la DGA; Harry Fleege, presidente de la Junta de Vigilancia de Río Maipo; Marta Colet, gerenta general de Aguas Andinas, entre otros.

Datos de pluviometría acumulados al 2019 podrían ser los más bajos desde que existen registros. Cabe destacar que esta solicitud fue realizada por última vez en 1968.