Complejas jornadas vive la empresa InterChile, encargada de la construcción y operación de la megalínea eléctrica Cardones-Polpaico.

En la jornada de este miércoles, la compañía oficializó que la puesta en marcha del proyecto, fijada para el 18 de febrero, deberá ser otra vez reprogramada, esta vez para el 11 de junio.

A pesar de que la obra está en su etapa final y que sólo restan cinco torres para completar la construcción -que se está haciendo vía helicópteros-, la compañía se ha visto imposibilitada para entrar al predio que pertenece a la Comunidad Agrícola La Dormida.

La filial de la colombiana ISA acusó que lo anterior se debe a una serie de obstáculos de fuerza mayor, acciones graves en contra de trabajadores que han afectado directamente a la programación de los trabajos en terreno.

Las consecuencias del atraso no solo afecta a las empresas de energía que están esperando el término de la construcción de la línea de trasmisión para inyectar su energía, sino que significaría una posible multa de US$97 millones para InterChile. Esto, porque entregarían la obra un año y cinco meses después de lo indicado en primera instancia. Por cada día, la multa crece en US$190 mil.

Sin embargo, la compañía espera que esta no se aplique y que el gobierno declare que el atraso obedece a razones de fuerza mayor.

"Los antecedentes que justificarían estos retrasos, están siendo evaluados por este Ministerio a fin de determinar si procede aplicar sanciones o multas por atrasos, tanto para las etapas intermedias, como para el plazo final de la obra una vez que esta se concrete", aseguró la ministra de Energía, Susana Jiménez.

La empresa acusa que ha existido oposición de hecho a través del bloqueo ilegal de caminos de acceso para el traslado de personal y materiales al interior del fundo . "Asimismo, la presentación de recursos judiciales sin sustento en contra de la compañía, ha buscado entorpecer y dilatar la ejecución de las obras", indicaron desde InterChile.

Fuerza pública

El ministerio de Energía ha estado en constante contacto con la empresa, pero aún no ha intercedido con la fuerza pública como se le ha pedido. La iniciativa es clave ya que facilitaría un ingreso masivo de energías renovables variables al Sistema Eléctrico Nacional.

Carlos Finat, director ejecutivo de ACERA, señaló que "siempre privilegiamos las soluciones negociadas. De no ser esto posible, la empresa última siempre podrá hacer uso de los derechos que la ley le otorga".