Luego de tres años, el 25° Juzgado Civil de Santiago entregó su sentencia a la demanda interpuesta por Codelco en contra de un informe que había realizado la Contraloría General de la República. En esta se rechaza la demanda de la estatal, según se explicó en el documento de 73 páginas.
“Se desestima la acción de nulidad de derecho público, entablada por la empresa Codelco, en contra de la demandada, fundada en el acto administrativo denominado informe N°900, emanado de la Contraloría General de la República”, concluye el escrito, en el que se agregó que “se condena en costas a la parte demandante”.
En el documento también se hace alusión a anteriores auditorías que se le habían realizado a la estatal y en las que se detectaron las mismas irregularidades.
“La auditoría realizada a Codelco e impugnada es la continuación de otras ya realizadas durante los años 2003 y 2005 por Cochilco y la demandada, respectivamente, y dio cuenta de las mismas irregularidades detectadas en las auditorías previas, antes citadas”, se indica. Además, el fallo plantea que “la auditoría da cuenta de irregularidades jurídicas en procesos de contratación y, en caso alguno, implica un control al mérito de las decisiones de la compañía”.
Estatal apelará
Tras la sentencia del Juzgado Civil, desde la estatal anunciaron que apelará.
“El fallo del 25º juzgado civil no se pronuncia sobre un aspecto clave de la demanda, esto es, el marco normativo que le aplica a Codelco, toda vez que la autoridad fiscalizadora señala que ciertos artículos de la Ley de Compras Públicas la obligarían a informar los contratos con partes relacionadas a la propia CGR y a la Cámara de Diputados. En tanto, la corporación se ha regido por la Ley de Sociedades Anónimas y los procedimientos que ella determina, en razón de que la propia Ley de Compras exceptúa expresamente de su aplicación a las empresas públicas creadas por ley, como Codelco”, manifestó la compañía.
En el escrito, agregó que la empresa mantiene el convencimiento absoluto de que es necesario clarificar la interpretación de su marco normativo, para poder calibrar los perjuicios jurídicos y económicos directos que le causa el informe Nº 900 y que dieron origen a la demanda de nulidad de derecho público contra el mencionado documento.
“En todo caso, Codelco, tal como lo ha venido haciendo desde que se creó el gobierno corporativo en 2010, ha seguido perfeccionando sus normativas. En 2019 aprobó una política y un nuevo modelo de gestión de riesgos y control, para fortalecer el ambiente de vigilancia, con roles y responsabilidades claras”, concluyó la cuprífera.
