La deuda pública del país alcanzaría un 28,2% del PIB hacia 2023, el mayor registro desde 1993. Esa es la proyección que entregó el martes el Ministerio de Hacienda, en su exposición del Informe de Finanzas Públicas trimestral, marcando un cambio respecto del informe de marzo, cuando preveía para el fin del horizonte de proyección una deuda pública de 26,6%.

¿Las razones? Según el documento, las modificaciones recogen la desaceleración de la economía -y consecuentemente los menores ingresos- y un aumento de los gastos comprometidos por nuevos proyectos e indicaciones ingresados al Congreso.

Si bien Hacienda ratificó el compromiso de reducir el déficit estructural en 0,2% del PIB por año, la mayor deuda pública pone un signo de interrogación la meta que se fijó el gobierno de recuperar la nota crediticia de Chile en un plazo de 3 a 4 años, luego del downgrade de las clasificadoras de riesgo S&P, Moody's y Fitch Ratings por la fuerte aceleración de la deuda pública de los últimos años.

A Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, le llama la atención la diferencia con el escenario de marzo y plantea que "Chile continúa siendo un país latinoamericano con uno de los menores coeficientes de deuda. Sin embargo, las correcciones al alza pueden ser una indicación de que el gobierno no está teniendo margen de maniobra para poder controlar y estabilizar la deuda pública como se había anunciado anteriormente".

¿Cómo lo ven los analistas chilenos? Existe coincidencia que la mayor preocupación debe ser el ritmo de crecimiento de la deuda.

"Si sigue subiendo la deuda en un contexto complicado para las finanzas públicas, no se puede descartar que las cifras experimenten nuevas correcciones dadas las escasas holguras existentes", sostiene Alejandro Fernández de Gemines. A su juicio, la meta de Hacienda se ve complicada: "No existe ni una posibilidad. La situación fiscal tiene que mejorar claramente, pero nada de eso es probable en un plazo tan corto como 3-4 años".

Este punto es compartido por Sergio Lehmann de BCI, quien señala que si bien "el compromiso de una mayor responsabilidad fiscal no se ha alterado", recuperar la clasificación "por ahora es poco probable. Es necesario ir dando muestras del mayor compromiso fiscal, que se vaya reflejando en un menor déficit, junto con una deuda pública sobre PIB que se estabilice".

Macarena García de LyD recuerda que uno de los argumentos para bajar la nota apuntó a "la menor capacidad de la economía de generar un crecimiento sostenido y, por lo tanto, mayores ingresos fiscales", y que desde ese punto de vista "está costando que la economía repunte en forma más permanente y que sea capaz de generar mayores ingresos fiscales. En ese sentido, no debiera de cambiar en el corto plazo la evaluación de las clasificadoras".

Coincide Patricio Rojas, de Rojas y Asociados: "Las clasificadoras de riesgo no van a recuperar la nota porque la economía todavía tiene un comportamiento débil y gran parte de las propuestas que ha hecho el gobierno en mercado de capitales, tributaria, laboral y de pensiones, aún no logra concretarlas".