Tres programas en disputa: las propuestas de Provoste, Narváez y Maldonado

El programa de la candidata DC y presidenta del Senado, Yasna Provoste, está en construcción. Así lo aclaran desde su comando: “Lo primero que es importante entender es que nuestra candidatura ha tomado la decisión de hacer un programa que consulte a las bases. Para eso creamos los Ayllú ciudadanos y el hecho de que uno abra el programa a la participación amplia significa que nuestro objetivo es articular distintas visiones y miradas para construir de cara a la ciudadanía amplios consensos sociales, técnicos y políticos”. No obstante, entregaron algunos ejes centrales del plan económico a aplicar en caso de llegar a La Moneda.

Reactivación y crecimiento económico: Dentro de las medidas concretas que se impulsarán en esta área, el equipo programático menciona que habrá incentivos al empleo en sectores estratégicos con especial énfasis en el empleo femenino, que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia. “Los esfuerzos en materia de empleo deberán complementarse con un plan de inversión pública de recuperación: descentralizada y para resiliencia al cambio climático”. Puntualizan que, en el mediano plazo, para retomar mayores tasas de crecimiento económico, “necesitamos un cambio estructural en nuestra estrategia de desarrollo productivo, que oriente los esfuerzos hacia la innovación, el emprendimiento, el desarrollo de capital humano avanzado, la ciencia y la tecnología”.

Costo del programa de gobierno y financiamiento: Según explican, la meta de recaudación está alineada con el consenso alcanzado en la propuesta de mínimos comunes y que gira, en régimen, en torno a 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Para lograrlo, se impulsará una reforma tributaria con distintos ejes. Entre los principales está el combate a la evasión y elusión de impuestos; eliminación de las exenciones que favorecen a los sectores de mayores recursos, como, por ejemplo, el IVA a las empresas constructoras, o el que los fondos de inversión no sean contribuyentes, cuando se trata de vehículos de inversión utilizados principalmente por los grandes patrimonios, entre otras; o aumentar el impuesto a las rentas del capital. También se aumentará la recaudación proveniente de la extracción de recursos minerales. En este punto especifican que “habrá revisión al royalty de la tributación minera y de otras actividades extractivas, sin afectar la competitividad, los empleos y encadenamientos productivos”. Además, mencionan una revisión de impuestos específicos a la alimentación no saludable, e impuestos verdes, mediante instrumentos tributarios que permitan el cuidado del medioambiente.

Puntualizan que avanzarán para que “los altos patrimonios paguen lo que corresponde mediante instrumentos que garanticen que ello ocurra y no sea algo nominal”.

Pensiones: En este punto afirman que “apenas iniciado el gobierno” se abrirá un “amplio espacio de diálogo con los trabajadores, empleadores y pensionados, donde se abordarán tres ejes: el primero, una Pensión Básica Universal Garantizada, “equivalente al menos a la línea de la pobreza actual y que se incrementará progresivamente”. A partir de este mínimo se sumarán las pensiones contributivas. El segundo, un Nuevo Sistema Contributivo Mixto, que se estructurará sobre la base de un sistema de ahorro individual y ahorro colectivo con componente solidario inter e intrageneracional. Según explican, la nueva cotización será de cargo del empleador, sin tope legal, la que se incrementará en un rango del 6% al 8% en forma escalonada. Mencionan que la reforma al sistema de pensiones también deberá aumentar la cobertura de los grupos vulnerables y rezagados, junto con eliminar las discriminaciones y desigualdades de género. El tercer eje es el ahorro voluntario. Enfatizan que “se garantizará un respeto absoluto a la propiedad de los ahorros previsionales ya acumulados por los trabajadores”.

Rol del Estado y de los privados en la economía: Sobre el rol del Estado y los privados, sostienen que los países que han alcanzado el desarrollo lo han hecho sobre “la base de economías diversificadas y competitivas, que impulsan mayor innovación, generando incentivos para la entrada de nuevos actores y permitiendo aumentar la productividad”. En este punto señalan que se considerará la activa participación de los trabajadores y trabajadoras; respeto a los derechos de los consumidores; un Estado fuerte, activo y moderno, capaz de redistribuir y proveer bienes públicos productivos, y un sector privado dinámico y competitivo. “Necesitamos conjugar adecuadamente el necesario y valioso emprendimiento privado, con un papel activo del Estado para proveer mayores niveles de redistribución y mayores niveles de provisión de bienes públicos productivos”, puntualizan.

Mercado laboral: Para el equipo económicode Provoste, recuperar la actividad y el empleo son las tareas prioritarias de los primeros dos años de gobierno, pero aseguran que debe ir acompañado “de un conjunto de iniciativas de política pública que permitan superar las asimetrías que hoy presenta el mundo del trabajo”. Añaden que se fortalecerá el diálogo social tripartito entre sindicatos y empleadores, promoviendo mayores roles al Consejo Superior Laboral. Plantean un Plan Nacional de Reconversión a la digitalización de la fuerza laboral, centrado en los nuevos desempleados y en los que están en la informalidad laboral.

Impulso al emprendimiento y apoyo pymes: A las pymes se les entregará apoyo para la adopción tecnológica de punta, digitalización y la gestión de sus empresas, así como apoyo financiero. “No creemos en una visión asistencialista de las pymes, sino una visión que las empodere”, dicen. Subrayan que esto supone “avanzar en la desconcentración de los mercados, generando mayor competencia que permita que pequeñas y medianas empresas puedan crecer o eliminar las barreras de acceso al mercado a nuevos emprendedores”.

La candidata del Partido Socialista (PS) fue la primera de Unidad Constituyente en tener listo su programa de gobierno. Su equipo económico, integrado por 14 personas, diseñó el plan económico que incluye una reforma tributaria. También se releva una reforma de pensiones y se avanza a un salario mínimo de $ 500 mil, junto con una meta de crecimiento para el período de entre el 3% y el 4% promedio.

Plan de Recuperación: En este punto, el equipo económico puso el acento en fortalecer la inversión de construcción de viviendas social y ambientalmente sostenibles. La meta es construir 700.000 viviendas en 8 años, partiendo en 2022. Además, se impulsarán proyectos de infraestructura física, construyendo 300 salas cunas y jardines infantiles, recuperación de barrios, espacios urbanos y pavimentación. También habrá proyectos de infraestructura digital centrada en banda ancha, que multiplicarán las inversiones privadas. Otro eje será la inversión en pro de la eficiencia energética y avance de la matriz energética hacia fuentes renovables, programas medioambientales y sociales para recuperar zonas de sacrificio y fomentar tratamiento de residuos y el reciclaje.

Además se promete una fuerte inversión en infraestructura hídrica para un mejor aprovechamiento del agua, para la búsqueda de nuevas fuentes y el resguardo del derecho humano al agua potable. En el plan de recuperación se tiene pensado entregar un “apoyo decidido” a la recuperación de empleo a través de programas de empleo de emergencia para jóvenes, mujeres y miembros de familias vulnerables. También mayores recursos para subsidio al empleo joven y a la mujer, ampliando la cobertura del seguro de cesantía solidario, incorporando al sector informal y programas de empleo rural en reforestación y prevención de incendios forestales.

Crecimiento económico: Desde el comando señalan que el programa propone una estrategia integral para los grandes desafíos país, con una nueva estrategia de desarrollo y crecimiento verde que reduzca desigualdades y con un Estado que garantice provisión universal de derechos sociales. Para lograrlo, explican, se requiere de una base material que pasa por reimpulsar el crecimiento de la economía chilena con énfasis en “crecimiento verde, que ya es una exigencia, con trabajos dignos, inversión en ciencia, tecnología, conocimiento, y asentado en las regiones”. Con todo ello tienen una meta de crecimiento para el PIB del 3% al 4% promedio para el período, partiendo en 2022 con una expansión bajo el 3%, pero luego, a partir de 2023, comenzar a apuntalar la actividad con el plan de inversión pública.

Reforma tributaria y financiamiento: La propuesta impositiva tiene como objetivo recaudar al menos 5 puntos del PIB en 5 años, teniendo como foco que las personas de altos ingresos y patrimonio hagan una contribución mayor para garantizar más y mejores derechos sociales. Según explican, la propuesta está basada en cinco pilares: medidas contra la evasión y elusión, que incluye aplicación administrativa de norma antielusión, y otras medidas que fortalezcan la fiscalización y aumentar la transparencia de ingresos y patrimonios; eliminación de exenciones que no se justifiquen, como a la ganancia de capital en venta de acciones con presencia bursátil; impuestos a los más ricos, incluyendo uno patrimonial y otro a las utilidades retenidas; royalty minero e impuestos verdes, y un nuevo régimen tributario desintegrado para la grandes empresas.

Pensiones: Aquí el programa persigue avanzar hacia “un verdadero sistema de pensiones patrocinado por el Estado y guiado por los principios de la seguridad social, con perspectiva de género y sin discriminaciones”. Entre los principales puntos, la cotización obligatoria actual del 13,15% -que incluye la capitalización individual del 10%, el costo de comisión de la AFP y el seguro de invalidez- será complementada con aporte adicional del empleador del 6%, llegando al 19,15%. Se enfatiza que los costos del sistema se rebajarán, centralizando la recaudación, administración de cuentas y pago de pensiones en un ente tripartito. Además, el aporte estatal al pilar solidario aumentará del 1,2% al 2,7% del PIB, para ofrecer una pensión garantizada equivalente a $ 225 mil de hoy para el 90% de las familias. En régimen y manteniendo los otros determinantes iguales, se espera que la pensión total mediana de mujeres y hombres, aumentará de $ 220 mil hasta $ 320 mil. La pensión media pasaría de $ 320 mil a $ 475 mil.

Rol del Estado y de los privados en la economía: En esta materia se hace una invitación al sector privado a hacerse parte de una visión para generar una economía más moderna, con reglas distintas. Esto apunta principalmente, señalan, al respeto por el medioambiente y comunidades, con una inversión que tiene un retorno justo, pero que paga impuestos de manera suficiente y oportuna. “Nuestra propuesta tiene énfasis en desarrollo productivo. Es posible ir generando un pacto donde una mayor cohesión y paz social beneficia la inversión privada”, plantean.

Mercado laboral: Se propone impulsar la diversificación de la economía “con trabajos decentes, productivos y resilientes”. Además se creará un Ingreso Básico Universal con perspectiva de género e infancia que se implementaría gradualmente en 10 años y un alza escalonada y gradual del salario mínimo que llegue a $ 500 mil. Se plantea potenciar los sindicatos y la negociación colectiva ramal articulada, considerando condición de las pymes, temporeros y trabajadores de aplicaciones. Además, “una reforma a la legislación laboral, recuperando la titularidad sindical excluida por Tribunal Constitucional”.

Impulso al emprendimiento y apoyo a las pymes: Se pretende impulsar a través de las compras públicas del Estado el desempeño de las pymes, especialmente las intensivas en empleo. A través de ellas, dicen que el Estado puede impulsar el ecosistema de emprendimiento e innovación, privilegiando las compras innovadoras públicas a pymes. Además, se propondrán programas de consolidación de deudas y reforzamiento del Capital Semilla y los Proyectos de Apoyo a la Reactivación, para apoyar a las pymes con dificultades.

Carlos Maldonado, candidato del Partido Radical (PR), presentó su programa a mediados de esta semana. Y el jefe del equipo económico, Roberto Álvarez, entregó los ejes económicos del plan de gobierno.

Reactivación y crecimiento económico: Según cuentan desde el comando, el programa tiene como objetivo central “crear y propiciar todas las condiciones necesarias para que el país retome una senda de crecimiento más alta y una recuperación sostenida”, pero enfatizan que esto no debe ser solo pensando en el período 2022-2025, sino que “en un crecimiento sostenido en el largo plazo, que incorpore como variables fundamentales la equidad, la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental”. En ese sentido, se menciona que, en primer lugar, se debe “avanzar en lo social, que es la gran deuda del modelo actual, y que explotó en el estallido de 2019. Sin paz social, basada en una distribución mucho más equitativa de los ingresos, las oportunidades y el bienestar, es imposible de sustentar un crecimiento sólido y sostenido”.

Costo del programa y financiamiento: El programa propone un “Nuevo Pacto Tributario” para incrementar de manera sustantiva y más justa la carga tributaria en el país, que actualmente bordea los 20 puntos del PIB, mientras que en los países OCDE el promedio es de 34 puntos, señalan. En ese contexto, explican que se propondrá “un sistema que dependa menos de los impuestos al consumo y más de los impuestos al patrimonio y rentas de las personas de mayores ingresos, la eliminación o restricción de exenciones tributarias que no se justifican y que distorsionan el sistema. También combatiremos con energía y nuevas herramientas legales la evasión y la elusión”.

Asimismo, se menciona que se aliviará la carga tributaria que “recae injustamente sobre sectores de menores ingresos, por lo cual proponemos una legislación que elimine el IVA sobre productos básicos, o que permita a las personas de los quintiles de menores ingresos obtener recuperación del IVA pagado en la adquisición de dichos productos”. Se pondrá énfasis en una mayor participación de las rentas producidas por los recursos naturales no renovables, mediante tasas variables de contribución, asociadas al precio de tales recursos en el mercado internacional. La propuesta es llegar gradualmente a recaudar hasta 10 puntos más del PIB, durante la presente década, base esencial para avanzar en los tres objetivos principales que tienen: redistribución del ingreso, convergencia fiscal, y aumento de cobertura y calidad de las prestaciones sociales.

Pensiones: La propuesta considera asegurar a toda persona “un ingreso digno en la tercera edad”, que sea supervisada por el Estado mediante licitaciones y fiscalización de un ente público autónomo y altamente especializado, similar al Banco Central (BC), según explican desde el comando.

En el detalle afirman que el sistema de pensiones tendrá tres componentes principales: una base universal garantizada por el Estado; la suma de los ahorros previsionales individuales, más la parte que corresponda de las cotizaciones de cargo de los empleadores, tanto las que vayan a cuentas individuales como las que vayan a un fondo solidario intra e intergeneracional, y la rentabilidad obtenida por los mismos y un fuerte aporte estatal que permita asociar, conforme a los años trabajados. Así, se buscará garantizar que hacia el final del período “ninguna pensión sea inferior al salario mínimo legal, vigente para mayores de 65 años”.

Aclaran que “la propuesta es que dejen de existir las AFP como se entienden hoy, no obstante, se pueden reconvertir en administradoras que compitan por manejar los fondos que licite el organismo técnico autónomo, similar al BC, que proponemos”.

Mercado laboral: Desde el equipo económico mencionan que se promoverá el fortalecimiento de las capacidades negociadoras de los trabajadores, para hacer más equitativa la relación entre las partes de la empresa, y mejorar así la participación de los trabajadores en las rentas producidas.

En ámbitos más específicos, dicen que se “fortalecerá la educación técnica, articulando las escuelas técnico profesionales y la empresa, modernizando el currículo. Ahí podemos dar un salto importante en tecnología, minería, litio, TIC, entre otras”.

Para la creación de empleo, “consideramos que la mejor forma de acelerar la creación de nuevos puestos de trabajo está ligada a retomar la senda de crecimiento económico. Para esto es clave el crecimiento del sector exportador, donde se encuentran los mercados más grandes, con mayor potencial de generación de empleos”, afirman.

Rol de Estado y de los privados en la economía: El modelo de desarrollo que quiere impulsar Carlos Maldonado pone el foco preferentemente en el sector exportador, “pero con innovación y creatividad, que permita crear empleos de calidad que se proyecten en el tiempo”. Afirman, eso sí, que tampoco “podemos ser ingenuos de pensar que sólo con el voluntarismo del Estado los problemas se solucionan. Necesitamos un mejor Estado, innovador, moderno, facilitador, donde primen las buenas ideas y éstas se ejecuten con la máxima eficiencia y transparencia”.

Impulso al emprendimiento y apoyo a pymes: Sostienen que el eje central de “nuestro modelo de desarrollo es el emprendimiento innovador. Será labor de las agencias públicas darle impulso al crecimiento en forma sostenida y sustentable, orientado hacia el exterior, facilitando la innovación”. En ese punto se dice que se le dará “un nuevo cariz a Corfo y a ProChile, que permita promover con mayor decisión y apoyo las iniciativas productivas del Estado y el sector privado”.