Tribunal Constitucional resolverá en los próximos 30 días el futuro del proyecto Sernac
Hoy los ministros escucharon los alegatos de Presidencia, la Contraloría y la Cámara de Diputados. Esta última solicitó que el órgano contralor tome razón del decreto impugnado.
Durante una hora y media, hoy los ministros del Tribunal Constitucional (TC) escucharon los alegatos de Presidencia, Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados en el controvertido caso del proyecto de ley que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Tras esta sesión el TC declaró en "acuerdo" la causa, por lo que en los próximos 30 días deberá resolver qué ocurrirá con la iniciativa, sentencia que será redactada por la ministra Marisol Peña.
Hay que recordar que todo este procedimiento en el TC se da luego que el Ejecutivo reingresara el texto al tribunal, después de que la Contraloría a principios de mayo resolviera no tomar razón del decreto de promulgación del proyecto, pues éste contenía facultades sancionatoria que había declarado inconstitucional el TC.
En este contexto, y en el escenario que ahora es el TC el que debe resolver el futuro de la iniciativa, el abogado Reynaldo Núñez, en representación de la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, solicitó al tribunal que se respete el proyecto aprobado por el poder legislativo, es decir, dejando fuera consideraciones inconstitucionales resueltas por el TC en enero de este año.
"La Contraloría extralimitó sus facultades (…) debe preocuparse que el decreto esté firmado por el Presidente de la República y el ministro correspondiente y además que el texto de ley que se promulga corresponda de manera exacta, íntegra y fiel al aprobado por el Congreso Nacional", dijo Núñez.
Al mismo tiempo, Núñez en representación de la presidencia de la Cámara solicitó que se acoja el reclamo y "se comunique a la Contraloría General de la República para que tome razón del decreto que se ha impugnado".
Por su parte, el abogado representante de Presidencia, Sebastián Soto, defendió el argumento de que este caso "es un problema constitucional y no de ilegalidad", por lo que solicitó al tribunal "resolver sin estar atado" al decreto promulgatorio o a las definiciones hechas anteriormente por el TC.
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