"Es una situación que hoy se encuentra radicada en el Tribunal Constitucional (TC), donde le hemos solicitado que resuelva la discrepancia existente entre la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados, y bueno, son los caminos que establece la Constitución para resolver este tipo de situaciones".
Así lo señaló ayer el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel al ser consultado por las expectativas respecto a lo que resolverá TC en el caso del proyecto del Sernac.
Si bien ayer el Tribunal debía revisar la causa para analizar su admisibilidad, esta quedó pendiente para mañana.
Todo este proceso se está llevando a cabo, luego que el 10 de mayo pasado el gobierno decidiera acudir al TC para aclarar y resolver la iniciativa, sobre la cual la Contraloría decidiera no tomar razón de su decreto promulgatorio, por considerar "inconstitucionales" alguna de las nuevas atribuciones que se le otorgaba al servicio, tal como lo había planteado el propio TC en su momento.
En este contexto, ayer los senadores socialistas Alfonso de Urresti, Juan Pablo Letelier y Alvaro Elizalde ingresaron un requerimiento, a través de un "téngase presente", al Tribunal con el objetivo de declarar improcedente la solicitud de Presidencia y solicitan considerar el proyecto que fue aprobado en el Congreso, con las facultades sancionatorias para el Sernac.
El requerimiento señala que "los graves errores técnicos en el escrito presentado por el Presidente de la República y de que éste no ha presentado fielmente los intereses de los consumidores y la defensa de las facultades del Sernac, solicitamos resolver que el texto de la ley que debe ser promulgado es el oficiado por la Cámara de Diputados".
Hay que recordar que la tramitación de este proyecto de ley data de junio de 2014, cuando el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, ingresó a la Cámara de Diputados la iniciativa que buscaba modificar las atribuciones del Sernac, considerando que "el sistema carece de herramientas disuasorias suficientes y de formas eficaces de resolver conflictos que afectan a una gran cantidad de chilenos". Sin embargo, la iniciativa tuvo múltiples detractores entre ellos la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
Esto hizo entrampar la tramitación del proyecto, que finalmente fue aprobado por el Congreso después de 4 años. Después, la historia es conocida. La CNC ingresó un escrito ante el TC para frenar su despacho, lo que llevó al escenario actual.
