Tribunal dicta arresto domiciliario total para Álvaro Jalaff y arresto domiciliario nocturno para su hermano Antonio

En la novena jornada de audiencias, la jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Cheryl Fernández, resolvió las medidas cautelares contra los imputados en el caso Factop. La magistrada decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para Álvaro Jalaff, mientras que para su hermano Antonio ordenó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Cabe destacar que la Fiscalía había solicitado prisión preventiva para ambos.

“El tribunal estima más proporcional una medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, cautelares que también tienen los mismos fines que persiguen los persecutores”, dijo la jueza.

La Fiscalía acusó a Álvaro Jalaff de delito contra el artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, y el caso del delito de Lavado de Activos y soborno, pero la jueza desacreditó esta última acusación.

La magistrada argumentó que las pruebas presentadas por la Fiscalía satisfacen la acusación de manipulación de mercado, correspondiente a la Ley de Mercado de Valores, “por cuanto se le atribuyó como un tercero extraño, que colaboró en la realización de maniobras destinadas a obtener dinero, especialmente los aportantes de la serie B, del fondo para el pago de las acreencias que tenían sus empresas con inversiones San Antonio”.

A la vez, por cuanto a la posición de la defensa de que no podía imputársele por administración desleal, la magistradaindicó que “cabe tener presente que, habiendo participado él en la planificación y estructuración de un fondo de inversión público al que ingresarían los acreedores de inversiones San Antonio y que sería administrada por Larraín Vial Activos AGF, no es posible limitar su responsabilidad en el resultado de esa actividad”, y expuso que “su intervención es cubierta al menos en la figura de cómplice”.

Sobre la acusación de soborno, la magistrada Fernández señaló que la acusación se fundó en base a la reunión del 22 de junio de 2023, donde se habría acordado incluir a Álvaro Jalaff, pero la posición de la defensa, de que para dicha fecha Leonarda Villalobos ya contaba con la información que da frutos a la acusación, “resultó una alegación plausible”.

Al término de la audiencia, Álvaro Jalaff sólo señaló que “estamos tranquilos, vamos a seguir trabajando intensamente para seguir esclareciendo los hechos”.

Por su parte, Antonio Jalaff, fue formalizado por el delitos de la Ley de Mercado de Valores, tributarios, estafa y lavado de activos. En su argumentación, la magistrada indicó que Antonio Jalaff no aportó información real de sus deudas no bancarias al momento de la estructuración del fondo Capita Estructurado I, y que ello “modificó la valorización del fondo y contribuyó a la pérdida de los aportantes al no haber sido declaradas correctamente, y al haberse reconocido deudas de manera simultánea, afectó la adecuada estructuración y valorización del fondo, la calificación de riesgo, por lo tanto la transferencia del mercado”.

Con todo, la magistrada comentó que “tuvo plausibilidad la alegación de la defensa Antonio Jalaff, en orden a que no se encuentra justificada su intervención en el delito de administración desleal, en tanto los antecedentes aportados por el Ministerio Público sólo vinculan al imputado en un momento posterior a la creación del fondo”.

Respecto de los delitos tributarios de entrega de información falsa en su declaración de impuestos para 2022 y 2023, señaló que “no se justificó que fuera él quien presentó la declaración, se hará lugar al cuestionamiento planteado por su defensa en orden a la falta de participación”. No obstante, si reconoció el delito de estafa.

En tanto, la magistrada Fernández dictaminó firma mensual para los socios de Larraín Vial Manuel Bulnes, y Felipe Porzio, en circunstancias de que la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Porzio, Bulnes, y los hermanos Jalaff eran los únicos de los 20 formalizados que no aceptaron las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía. La semana pasada, el exgerente de operaciones de Grupo Patio, Cristián Menichetti y el exgerente general de Larraín Vial Activos, Claudio Yáñez aceptaron la medida cautelar de firma mensual y arresto domiciliario nocturno, mientras los exdirectores de la AGF, Jaime Olivera, Andrea Larraín, José Correa, Andrés Bulnes y Sebastián Cereceda quedaron con firma mensual y arraigo nacional.

Según Fernández, “en cuanto a los descargos en orden a que no tienen un rol en Larraín Vial Activos AGF, cabe tener presente que siendo parte del órgano de gobierno, sus actuaciones también son penalmente relevantes en relación con la actividad de Larraín Vial AGF. En tanto, esa plana fue quien ejecutó directamente la administración de las fallidas inversiones, extendiéndose la responsabilidad ya sea por la actividad ejecutiva que debieron aprobar, vigilar, controlar o ya sea por lo que permitieron sucediera. En este sentido, los antecedentes aportados por el Ministerio Público fueron suficientes para justificar la existencia del delito que se les imputa”.

Al término de la audiencia, la Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, señaló que “no estamos de acuerdo con la intensidad de algunas de las medidas cautelaras dictadas por la magistrado, pero destacamos que dio por acreditado un número importante de delitos, como delitos tributarios reiterados, el delito de la ley de mercado de valores con administración desleal en el caso de los imputados de Larraín Vial, por acreditado el delito de lavado de activos y soborno para Daniel Sauer, el de estafa para Antonio Jalaff, y eso es importante”.

Además, precisó que “el tema de intensidad de la cautelares, tiene que ver con la atenuantes que la jueza hace valer en la audiencia, pero tenemos que estar tranquilos porque da cuenta de un investigación solvente”.

Con todo, Parra señaló que podrían apelar a algunas de las cautelares: “vamos a revisar la resolución con calma, y probablemente respecto de algunas de las medidas cautelares vamos a recurrir”. Además, indicó que si bien para el caso de Álvaro Jalaff la jueza no dio por acreditada la acusación, “es algo que tenemos que estudiar respecto de un eventual recurso de apelación”.

Por su parte, Gonzalo Mardónez, jefe del departamento de Defensa Judicial Penal del SII, sostuvo que “como querellante y servicio valoramos la resolución de la magistrado. Nosotros habíamos imputado dos grupos de delitos tributarios, ambos fueron confirmados en esta resolución y se decretaron medidas cautelares que son bastante gravosas, y para nosotros es importante dar la señal de que, frente a cualquier delito tributario, el Estado va a responder”.