El proceso de licitación para otorgar y renovar permisos de operación de casinos de juego en el país ya tiene tres plazas suspendidas. El lunes próximo la Superintendencia de Casinos de Juego tiene previsto recibir las ofertas para operar las licencias, pero a tres días del plazo, el viernes pasado, se suspendió el mayor proceso de todos.

El 22° Juzgado Civil de Santiago concedió el viernes una medida precautoria solicitada por San Francisco Investment que suspende la licitación en el cupo regional que hoy tiene el mayor casino del país: Monticello, en San Francisco de Mostazal. La licencia es operada por Dreams, la empresa de los hermanos Claudio y Humberto Fischer.

El casino Monticello registró ingresos por $ 87.565 millones, la más alta de toda la industria: representa el 26% de la facturación de los 19 casinos regidos por la ley 19.995 del año 2019.

La interrupción del proceso se suma a otras dos recientes resoluciones de similares características. El 25° Juzgado Civil de Santiago suspendió el 6 de octubre la subasta correspondiente a la plaza de Talcahuano, a petición de Marina del Sol, que hoy opera en la zona. La empresa es controlada por la familia Imschenetzky.

Seis días después, el martes 12 de octubre, el mismo tribunal suspendió el proceso de Punta Arenas, a petición de la operadora de Dreams S.A. que hoy tiene la concesión.

Con esto, la Superintendencia ya está inhabilitada de proseguir con la licitación de nueve de los 12 cupos que quedarán disponibles entre 2023 y 2024 y que pretendía licitar este lunes, fecha en la que se presentan las ofertas técnicas y económicas.

Los tres casinos suspendidos representan el 44% de la facturación de 2019 de los 19 casinos regidos por la ley 19.995, antes que la pandemia afectara las operaciones de toda la industria y redujera la facturación de la industria. En Chile existen otros siete casinos que corresponden a permisos municipales. En total, son 26.

En el caso del recinto de la VIII Región, la resolución explica que la solicitud que se acogió está fundada en que “la Superintendencia dictó actos administrativos (Resoluciones Nos. 430 y ó 432) que alteraron el objeto fáctico y jurídico existente al inicio”. Con ello “no se respeta el derecho preferente de renovación de Marina del Sol S.A. con las particularidades normativas en que es aplicable conforme a la ley antigua aplicable al caso; y que los documentos que acompañaban dan cuenta de actos ilegales, que concretan el anuncio previamente publicado por la Superintendencia”.

Tres ese primer fallo, los operadores de casinos han pedido a la autoridad suspender todo el proceso, lo que no fue acogido. En una declaración emitida a raíz de la paralización de la licitación en Talcahuano, la Asociación de Casinos alertó que “de no detenerse el proceso de licitación, podría suceder que los tribunales fallen a favor de nuestra posición cuando ya la Superintendencia hubiese adjudicado, erróneamente, las licencias de acuerdo a una ley que no corresponde”.

Los operadores reclaman que la autoridad cambió las reglas del juego al aplicar ley nueva (no la ley antigua como corresponde), lo que quita a los antiguos operadores el derecho preferente que tenían y que los eximía de presentar oferta económica. Además, acusan que, debido a la pandemia, sus ejecutivos no pudieron visitar las plazas en las que pretendían postular para preparar así preparar sus proyectos y propuestas.