Tribunal pone en pausa la licitación del litio y da 10 días al gobierno para responder

El proceso de licitación del litio comenzó con polémica y lo más probable es que permanezca así. Esto, porque no pasaron dos días desde que el gobierno anunció la adjudicación del litio de dos de las cinco cuotas que se ofrecían, a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., para que el proceso se paralizara.

Sí, porque la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite dos recursos de protección para paralizar el proceso de licitación del litio. En fallos unánimes, la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por la ministra Marcela Araya Novoa, el fiscal judicial Carlos Meneses Coloma y la abogada integrante Verónica Álvarez Muñoz- acogió las órdenes de no innovar pedidas por el gobernador regional de Atacama y de comunidades indígenas, respectivamente, y dio un plazo de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia. “Téngase por interpuesto recurso de protección. Pídase informe a los recurridos (ministro de Minería y subsecretario de Minería), el que deberá evacuarse dentro del décimo día, debiendo acompañar todos los antecedentes que obren en su poder”, ordena la corte de esa ciudad.

Y se añade que “ofíciese a efectos de notificar a la recurrida por la vía más expedita de la interposición del presente recurso y la concesión de orden de no innovar, adjuntando copia del recurso y de la presente resolución”.

Ambos recursos fueron presentados antes que se anunciara la adjudicación. El requerimiento presentado por la autoridad atacameña tenía como objetivo la suspensión de la licitación para “dar paso a un nuevo proceso que permita la participación real de la comunidad atacameña con miras a la protección de la igualdad ante la ley, la protección del medioambiente y el desarrollo turístico y libertad económica de nuestra región”.

Conocida la noticia, desde el ministerio, a través de una declaración pública, señalaron que “respetamos las resoluciones del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, nos encontramos analizando los antecedentes y responderemos conforme a las herramientas y plazos que nos entrega la ley”. No obstante, la autoridad gubernamental afirmó que “la orden de no innovar no significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Solo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso”.

En la otra vereda, el coordinador político del presidente electo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, afirmó que “nuestros equipos están recién analizando cuáles son las definiciones de la corte para tener los antecedentes, pero no es un tema que nos vamos a pronunciar hoy (viernes)”.

En el mundo político también hubo reacciones. El diputado y jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones. “Toda la presión ejercida, llevada adelante por parlamentarios y la sociedad civil van teniendo resultado con este primer recurso de protección para frenar y suspender el avance de la licitación del litio. Celebramos la valentía y la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que permitirá que no se concrete esta injusta licitación”.

El diputado Soto aseveró, además, que también se presentó otro recurso para detener este proceso en la Corte de Apelaciones de Santiago, que “esperamos también sea acogido en las próximas horas”. El diputado Leonardo Soto (PS) acotó, además, que junto con presentar un requerimiento en Contraloría, se analizarán acciones desde el Congreso, entre ellas, una sesión especial, o una interpelación al ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet.

El desencuentro sobre qué fue lo que se habló y acordó en la reunión entre el ministro Jobet y el equipo del presidente electo fue subiendo de tono. Tanto así que el gobierno decidió revelar parte de los contenidos de una minuta con los acuerdos establecidos en la cita del pasado 5 de enero.

En ella se reconoce que, si bien la postura era poder abrir un espacio para incorporar mejoras a la licitación en curso, “las señales que se dieron públicamente apuntaban en esa dirección: postergar la adjudicación para incorporar una serie de criterios que están hoy ausentes en el proceso”. Sin embargo, “en la reunión se abordó la dificultad para postergar la adjudicación, pero se abrió el espacio que buscábamos, de acuerdo a la siguiente propuesta (acordada durante la reunión)”. Y se detallan los planteamientos del gobierno entrante: “(a) incorporar en el proceso actual criterios de generación de valor local, (b) retribución a las comunidades, y (c) inversión en I+D”.

En dicha minuta sostienen que “los puntos (a) y (b) se abordarán a través de los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) que se suscriban y (c) se desarrollará a partir de una Política Nacional del Litio”. También se propuso “conformar una Mesa de Trabajo del Litio y acordar participantes”.

Sobre este tema, Jobet dijo que “acordamos aspectos muy razonables, que están transcritos en un acta hecha por ellos mismos. Todo eso lo acogimos. Porque queremos que Chile dé una señal de continuidad, una mirada de Estado”. Y Jackson respondió que “la primera solicitud y la más importante que le hicimos fue que lo prudente era postergar el proceso de licitación. Esa fue una postura clara desde el primer momento. Además, en una minuta le hicimos saber cuáles eran los puntos sensibles de la licitación, pero eso ni significa que hayamos concordado. La solicitud era que fuera postergado”.