Los delitos de lavado de activos han ido cobrando cada vez mayor relevancia para las autoridades y el sector privado, lo que se traduce en que el número de los reportes de operaciones sospechosas de este tipo de ilícito que se envían a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han ido aumentando en los últimos años, llegando a más de 5.000 solo en 2018.

Y un sector que ha llamado particularmente la atención ha sido el inmobiliario.

"El sector inmobiliario es un área atractiva para el lavado de activos", afirmó Javier Cruz, director de la UAF, tras su participación en el seminario "Lavado de activos e industria inmobiliaria: mejores prácticas, desafíos y problemas", organizado por la UAF, Chile Transparente y Transparencia Internacional.

Cruz explicó que "la paradoja que se da es que mientras los países son más desarrollados económicamente y ofrecen mayores mecanismos de inversión, son más atractivos para lavar activos. Los delincuentes que lavan activos tienen la misma lógica que cualquier hombre de negocio: buscan rentabilidad, seguridad y no levantar sospechas de sus actividades ilícitas".

En ese contexto, enfatizó que "el sector inmobiliario siempre será un área que despertará interés, ya que los montos que se invierten de una vez son muy altos y existe una multiplicidad de formas de invertir, ya sea, creando propias empresas de construcción, propias empresas de desarrollo inmobiliario, participando en su propiedad o invirtiendo en bienes raíces que otras inmobiliarias van desarrollando".

Conocer al beneficiario final

¿Cómo se puede prevenir? El director la UAF dijo que apuestan a que sean las propias empresas las que avancen en esta materia, ya que una vez que los dineros mal habidos entran a la economía es muy difícil distinguir entre el dinero limpio del dinero sucio.

"Por eso, permanentemente desarrollamos una serie de actividades para que el sector inmobiliario, los corredores de propiedades, los notarios y conservadores de bienes raíces, es decir, todos los actores del mercado, tengan a mano ciertos elementos para prevenir. Entre ellos, conocimiento del cliente, saber quiénes son los beneficiarios finales en caso de que una sociedad esté comprando, lo que ayuda a desincentivar que los dineros mal habidos entren a la economía".

Junto con ello, remarcó que en Chile se está trabajando en un mecanismo que permita a todos los actores de la economía conocer con quién se está haciendo negocio. Se trata de la figura del beneficiario final, donde se conozca quiénes son realmente las personas que están detrás de las sociedades, sobre todo cuando tienen mallas societarias complejas.

"Con esto se busca desincentivar el uso de las sociedades para ocultar quiénes están detrás de ellas y que las aprovechan para ocultar sus negocios ilícitos", destacó Cruz.

En ese sentido, indicó que el año pasado emitieron una circular (57) que obliga a los bancos y a otros actores financieros a solicitar a todos sus clientes que informen quiénes son los beneficiarios finales de las empresas con las que hacen negocios, lo que constituye un primer esfuerzo para generar una base de datos que permita tener mayor facilidad de información que pueda ser utilizada en investigaciones. El segundo paso, precisó, es generar registros públicos donde cualquier persona pueda saber quiénes son los dueños de cualquier sociedad.