“Su Excelencia: Chile es un mercado estratégico para Uber en América Latina, donde operamos tanto nuestros servicios de movilidad como de delivery (Uber Eats). Hemos tenido el honor de servir al país durante más de una década y nos sentimos orgullosos de ser la plataforma preferida por millones de chilenos”.

Con ese tono comienza la carta que Andrew Byrne, vicepresidente de Políticas Públicas Globales de Uber Technologies Inc., envió el pasado 8 de abril al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. El objetivo del escrito: expresar la “seria preocupación” de la compañía respecto del reglamento que regula por primera vez a las plataformas de transporte en el país, en el marco de la Ley N.º 21.553.

Hoy, el reglamento que implementa la nueva normativa ya cuenta con la toma de razón por parte de la Contraloría, por lo que ahora se encuentra a la espera de su publicación en el Diario Oficial. Una vez publicado, entrará en vigencia 30 días después.

En la misiva, Uber cuestiona directamente las exigencias contenidas en el reglamento, recientemente dado a conocer por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), que obliga a las empresas a entregar a la autoridad información detallada sobre los viajes realizados. Entre los datos exigidos figuran la ubicación precisa de inicio y término del trayecto, el horario exacto, la tarifa pagada y el género del pasajero.

“Estamos particularmente alarmados por disposiciones que requieren la recopilación y transmisión de información personal altamente sensible, incluyendo el género de los usuarios, datos precisos de la localización y los horarios de inicio y término de los viajes (timestamps), sin garantías adecuadas ni límites claros en el propósito de dicho uso”, advierte Uber en la carta, redactada originalmente en inglés.

Para Uber, la mayor plataforma de transporte de pasajeros del país, estos requerimientos resultan desproporcionados y, además, serían contradictorios con el propio texto de la ley, que mandata expresamente que los datos que se compartan con el Estado deben ser “agregados, anonimizados y estadísticos”.

Riesgos

Uber considera que la implementación de estas disposiciones, sin modificaciones, representa una amenaza directa a los derechos fundamentales de los usuarios. En palabras de Byrne, la medida “potencialmente minaría la confianza pública e infringiría los derechos de privacidad de millones de ciudadanos chilenos”.

El documento también alerta que la entrega masiva de estos datos sin restricciones claras podría ser incompatible con estándares internacionales sobre protección de datos personales y con las garantías establecidas por la Constitución chilena.

La compañía además recuerda que participó activamente en el proceso de consulta pública liderado por el MTT, a través de mesas técnicas, audiencias y grupos de trabajo. En esas instancias -señala- plantearon insistentemente la necesidad de resguardar la información sensible de usuarios y conductores, y de adoptar un enfoque de regulación que no sacrifique la privacidad en nombre del control.

“Hemos planteado consistentemente nuestras preocupaciones sobre protección de datos y hemos abogado por estándares regulatorios que resguarden la privacidad de los usuarios, al mismo tiempo que fomenten la innovación y la prestación de servicios confiables”, sostiene la carta.

Llamado

Pese a la crítica, Uber no cierra la puerta al diálogo. La empresa afirma estar dispuesta a colaborar con las autoridades chilenas para revisar la normativa y asegurar que su implementación se ajuste a los principios constitucionales, las mejores prácticas internacionales y las expectativas de los usuarios.

“Somos optimistas de que, mediante un diálogo continuo y un análisis legal riguroso, este asunto pueda abordarse y resolverse”, concluye Byrne.

El reglamento de la Ley N.º 21.553 fue publicado a fines de marzo de 2025, luego de meses de revisión por parte de la Contraloría General de la República. La norma establece un marco regulatorio obligatorio para las aplicaciones que operan servicios de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales -como Uber, DiDi, Cabify y otras-, incluyendo una serie de requisitos técnicos, operativos y administrativos.

Entre sus puntos más relevantes, el reglamento establece la obligatoriedad de inscripción en un registro oficial para los conductores, impone una limitación geográfica que les impide operar fuera de la región en la que estén inscritos, fija una antigüedad máxima de 12 años para los vehículos y obliga a las plataformas a entregar de forma sistemática los datos de los viajes mediante una interfaz automatizada (API).

Las empresas agrupadas en Alianza In, como también expertos en derecho digital y protección de datos, han manifestado reparos similares a los de Uber. Temen que la regulación, tal como está redactada, no solo reduzca la oferta y encarezca los precios, sino que también ponga en riesgo la privacidad de millones de usuarios y trabajadores.

Uber declinó efectuar comentarios para este artículo.