La columna de Eduardo Saavedra: “Un golpe a la libre competencia”

En los últimos días, el caso Indura y Linde ha vuelto a poner sobre la mesa la complejidad y los desafíos que enfrenta el sistema de libre competencia en nuestro país. La Fiscalía Nacional Económica ha presentado acusaciones de colusión en el mercado de gases industriales y medicinales, señalando que estas empresas habrían llegado a acuerdos para no competir en licitaciones, perjudicando así la sana competencia y afectando tanto a la industria como al sector salud.

Es importante destacar que esta investigación no es reciente. La Fiscalía ha dedicado varios años a recopilar evidencia, solicitando incluso medidas intrusivas para avanzar en el caso. Como resultado de estas investigaciones, una de las empresas involucradas decidió autodelatarse, obteniendo beneficios a cambio de colaborar con las autoridades. Este hecho, si bien puede ser un avance para la justicia, también refleja la gravedad de la situación y la necesidad de acciones contundentes para combatir la colusión.

La colusión es uno de los peores males que pueden afectar a un mercado. No solo distorsiona la competencia, sino que también socava la confianza de los consumidores y, vía reduciendo la productivas de nuestras empresas, afecta el crecimiento económico. En este caso particular, la falta de competencia en licitaciones públicas y privadas ha generado un daño tanto en la industria como en el sistema de salud, evidenciando la urgencia de tomar medidas efectivas para prevenir y castigar este tipo de prácticas.

No se trata de un caso aislado. En el pasado hemos sido testigos de otras situaciones similares en diferentes sectores de la economía, incluyendo el propio mercado de gases medicinales. Sin embargo, lo que diferencia este caso es que por el período en que ocurrieron los ilícitos se puede aplicar plenamente la nueva ley, lo que incluye la posibilidad de proseguir con un juicio penal a los ejecutivos involucrados. La delación compensada ha permitido obtener pruebas directas y acelerar el proceso judicial. Esta herramienta, si bien puede generar controversia, es fundamental para obtener información crucial y castigar a los responsables.

Es alentador ver que las autoridades están tomando acciones firmes en este caso. La acusación no solo apunta a empresas, sino también a personas naturales involucradas. El fiscal envía una señal fuerte y un mensaje claro de que la justicia no tolerará prácticas anticompetitivas y que habrá consecuencias para quienes participen en ellas.

El caso Indura y Linde nos recuerda la importancia de fortalecer nuestros mecanismos de control y vigilancia para prevenir la colusión y proteger la libre competencia. Es necesario que tanto el sector público como el privado trabajen juntos para erradicar estas prácticas abusivas y promover un entorno empresarial justo y transparente. Solo así podremos garantizar un sistema económico que se valide con crecimiento, justicia y más equitativo.

- El autor es decano de la Facultad de Economía y Negocios, U. Alberto Hurtado.