Hace dos meses el gobierno uruguayo publicó una nueva ley creando un Fondo Solidario Covid-19 para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Este es el modelo compartido entre los 16 economistas de la mesa asesora que sentó las bases para el acuerdo entre la oposición y el gobierno, y con los parlamentarios con la idea de usarlo como referencia para Chile.
Cabe recordar que en el acuerdo marco entre oposición y gobierno se estableció un Fondo Covid-19 por 24 meses, el cual estará fuera del Presupuesto habitual y se manejará como una línea de recursos distinta, transitoria, destinada únicamente a financiar materias relacionadas con protección de los ingresos, del empleo y reactivación de la economía.
La citada ley uruguaya consta de 12 artículos en cuyo inicio se define “exclusivamente” las atenciones que financiará este Fondo: proteger a la población frente a la emergencia sanitaria, financiar al Ministerio de Salud Pública, actividades de prevención, mitigación, atención y rehabilitación; pagar las prestaciones del Seguro por enfermedad y del Seguro por desempleo y la caída en la recaudación del Banco de Previsión Social derivada de la menor actividad económica.
Luego señala que estará a cargo del Poder Ejecutivo y fija su financiamiento que en el caso de Uruguay proviene de utilidades del Banco nacional, de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), donaciones, préstamos de organismos multilaterales, y de un nuevo impuesto llamado de Emergencia Sanitaria “que gravará, en su totalidad, las remuneraciones y prestaciones nominales de servicios personales prestados al Estado” o sus derivados. Este gravamen será pagado por las autoridades (con una mayor tasa de 20%), funcionarios públicos y judiciales y por particulares que presten servicios a empresa estatales, o personas jurídicas que mantengan cualquier contrato -de servicios, arrendamiento- con el Estado. Se exceptuó a todo el personal de la salud.
En sus artículos finales, la Ley uruguaya contempla una rendición de cuentas a la Asamblea General (Congreso), dentro de los 180 días posteriores al vencimiento del Fondo, cuyo término dependerá del Ejecutivo.
Chile
Desde la oposición indican que este es uno de los principales temas y que están atentos a la llegada del proyecto de ley para crear nuestro Fondo Covid por US$12.000 millones por 24 meses. Esperan que se incorpore la fiscalización de la Contraloría, y una rendición de cuentas periódica ante la Comisión Mixta de Presupuestos. También se suscribió la idea de “crear un portal web que contenga información sobre la ejecución del Fondo”.
Recuerdan que todos estos antecedentes quedaron plasmados en la primera parte del acuerdo referente al marco Fiscal en que se determinó su origen y destino. Lo primero es que sus aportes provendrán de transferencias del Tesoro Público, como fondos soberanos, o/y mayor endeudamiento público. Este Fondo, según el documento del acuerdo, servirá para transferir recursos directas a las familias, trabajadores y empresas, apoyo a la salud, inversión pública adicional y nuevos impulsos pro-reactivación y reconversión (incluidas las rebajas tributarias transitorias).
