Lo intentó, pero no pudo. Finalmente el Ejecutivo decidió retirar del proyecto de pro inversión las normas tendientes a agilizar el funcionamiento de la Dirección de Aguas para avanzar en el resto de las materias, en el segundo trámite legislativo.

Horas antes de la Cuenta Pública, la Comisión de Economía del Senado revisó en particular y despachó el texto que incluye una miscelánea de materias referentes a las trabas que enfrentan los proyectos productivos, con tal de reducir los tiempos burocráticos.

Sin embargo, el ministro de Economía, José Ramón Valente, debió hacer algunas concesiones para destrabar el texto, y decidió no insistir con algunas modificaciones al Código de Aguas y al funcionamiento de la Dirección General de Aguas (DGA).

De éstas, la propuesta más relevante que fue rechazada por la Cámara de Diputados y que el Ejecutivo repuso en el Senado era la que permitía externalizar trámites como la aprobación y recepción de obras con un registro de revisores externos.

"La solución no nos parecía adecuada, el gobierno se dio cuenta que no había espacio y decidió retirarla. Este es un tema muy delicado porque en el mundo de los derechos de agua son muy pocos y todos prestan servicios a privados, lo que de alguna forma puede producir conflicto de interés que puede terminar perjudicando a los ciudadanos", explicó el senador Felipe Harboe (PPD), integrante de la Comisión.

La motivación del Ejecutivo para plantear esta idea es porque la DGA "cuenta con personal escaso para la realización de trámites en terreno, lo cual retrasa el otorgamiento de permisos y solicitudes".

Componente ideológico

A lo que Harboe respondió: "en vez de privatizar el procedimiento se requiere que se solicite financiamiento para aumentar el personal. Pero ahí está el componente ideológico del gobierno de no aumentar el Estado".

Otros temas que retiró el Ejecutivo fue la posibilidad de tramitar digitalmente las solicitudes y presentaciones que reciba la DGA relacionadas con la adquisición o ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua; y la idea de establecer un plazo de 90 días hábiles para responder.

El proyecto que está listo para ser visto en Sala contiene otras normas que fueron aprobadas referidas a trámites medioambiental, modificaciones al catastro minero, una plataforma digital en la Dirección de Obras, entre otras.