El llamado del gobierno a un acuerdo nacional para el desarrollo integral es una buena noticia. Ahora bien, la búsqueda de acuerdos requiere actuar con rigurosidad y espíritu constructivo. A juzgar por el tono y contenido de sus recientes anuncios económicos, el gobierno tiene tarea pendiente en estas dimensiones. Esta semana, el gobierno anunció que la creación de una oficina de gestión de proyectos permitiría reactivar US$65 mil millones en proyectos de inversión, hoy "estancados o paralizados", y crear 250 mil empleos adicionales a los ya considerados en las actuales proyecciones de crecimiento. Una creación de empleo de estas características sería equivalente a pasar de la actual tasa de desempleo de 6,9% a 4,1%. Frente a un anuncio de tal magnitud uno habría esperado la entrega de antecedentes adicionales. No los hubo. Los distintos analistas miraron con escepticismo las cifras entregadas.

En el marco de este anuncio, el gobierno describió un cuadro de completa paralización en la aprobación de proyectos de inversión en años recientes. Lo cierto es que en el período 2014-2017 se aprobaron medioambientalmente más de US$102 mil millones en inversión. Como referencia, en el período 2010-2013, en pleno boom de inversión minera, se aprobaron US$105 mil millones.

No cabe duda que existe espacio para mejorar el proceso de evaluación ambiental. Pero este trabajo requiere una evaluación seria del estado de situación. Lo que se debió haber dicho es que la agilización de proyectos de inversión es muy importante porque permite adelantar inversión y empleos; mejorar la utilización recursos; y en el límite, activar algunos proyectos adicionales. Por eso esta iniciativa es valorable. Probablemente lo anterior no hubiese generado titulares tan llamativos como la creación de 250 mil nuevos empleos o el fin a la incompetencia que paraliza el país, pero habría contribuido a un mejor clima para el diálogo.

Cuando recientemente el gobierno hizo un anuncio sobre la situación fiscal heredada de la administración pasada, incorrectamente igualó "presiones de gastos" con "gastos comprometidos". La consecuencia de este ajuste fue que el gobierno anunció públicamente que había heredado una situación fiscal más compleja que la verdaderamente heredada. Muchos hemos reconocido que tenemos un desafío importante en materia de consolidación fiscal. Pero el gobierno, en vez de ver este desafío como una oportunidad para construir un acuerdo para un mejoramiento de nuestro marco fiscal, sólo logró polarizar las posiciones.

Pocos días atrás, el Ejecutivo anunció una batería de medidas en relación al pago oportuno de PYMES. En la presentación de las medidas, reconoció el trabajo realizado por el Senado en esta materia. Donde fue menos explícito fue en señalar que algunas de las medidas anunciadas, contenidas en una moción parlamentaria que recibió el patrocinio del anterior gobierno, ya fueron aprobadas por el Senado. Una de ellas, el establecimiento de un plazo máximo para el pago de facturas en 60 días. Lo anterior no resta mérito alguno a lo anunciado, pero mayor generosidad respecto a lo realizado en el Senado habría contribuido al sentido de unidad.

Esperemos que la mesa de trabajo por el desarrollo integral convocada por el Presidente Piñera logre generar un clima distinto. Uno donde prime una verdadera voluntad para alcanzar acuerdos sobre la base de un diálogo riguroso y constructivo.