Había plazo hasta este sábado, pero la decisión estaba tomada desde mucho antes. Este martes, el ministro Secretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, reconoció en Radio Universo que La Moneda presentará un veto para modificar la iniciativa que fuera aprobada la segunda semana de junio por el Congreso, y que ordena la prohibición de realizar cortes en el suministro de servicios básicos por mora en el caso de clientes residenciales, microempresarios, recintos hospitalarios, cárceles y otros.

No obstante, Alvarado aseguró que el compromiso del gobierno es que esta modificación tenga ningún impacto en los beneficios acordados para las personas y que la reforma abordará temas más bien de forma.

La decisión era un secreto a voces. En su edición del 24 de junio, PULSO publicó que el gobierno había optado esta alternativa, ante la certeza de que la iniciativa, que se originó en una moción de parlamentarios de oposición, infringe la Constitución. De hecho, otra opción que se estudió fue recurrir al Tribunal Constitucional (TC), lo que se declinó, según conocedores de las tratativas, porque La Moneda no estaba segura de contar con los votos para que la ley fuera declarada inconstitucional.

La decisión de vetar la ley, temían en La Moneda, traería costos políticos y así fue. Como un “error” calificaron algunos diputados del oficialismo el anuncio del gobierno que ingresarían un veto al proyecto que prohíbe el corte de los servicios básicos en contexto de pandemia.

Los cuestionamientos provinieron principalmente desde la UDI y RN, quienes manifestaron que no estarían “dispuestos” a respaldar una iniciativa de esa naturaleza. Desde esas colectividades cuestionaron el hecho de que el Ejecutivo no haya enviado el proyecto al Tribunal Constitucional, considerando que habían expresado sus dudas respecto de la admisibilidad de la iniciativa.

“Es un error vetar el proyecto de servicios básicos. Si el gobierno tiene dudas sobre la constitucionalidad el TC es la vía”, sostuvo el diputado RN, Andrés Longton, mientras que su par Miguel Mellado señaló que “no son muchos los que van a apoyar ese veto. Yo no lo voy a aprobar”.

Asimismo, el tema también se ha conversado al interior de la bancada de la UDI, desde donde varios han trasmitido que no darían su apoyo al veto. Según las mismas fuentes, serían cerca de 10 los diputados que estarían en esa postura. “El gobierno debió haber ido al TC donde se ven los temas de constitucionalidad. En el Congreso se ve bien difícil que sea aprobado, en lo personal yo voté a favor de este proyecto, porque es de sentido común”, señaló el diputado de esa colectividad, Álvaro Carter.

Pese a estos cuestionamientos, algunos parlamentarios de Chile Vamos, como el vicepresidente de la Cámara Baja, Francisco Undurraga (Evópoli), aseguraron que estudiarían el proyecto “en su mérito”. “Soy de los pocos que nos abstuvimos de la ley. En su minuto de discutirá el mérito”, sostuvo. La misma postura manifestó su par de RN, Sebastián Torrealba, quien señaló que “tendremos que analizarlo y ver cómo actuar.

Además, el anuncio del veto fue ampliamente criticado por la oposición, desde la DC hasta el Frente Amplio. De hecho, la bancada de diputados democratacristianos anunció que evaluarían “acciones políticas” como un posible “congelamiento” de sus relaciones con La Moneda, postura que fue respaldada por el presidente del partido, Fuad Chahin.

Durante la tarde, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, intentó relativizar la decisión, asegurando que todavía no ha sido presentado ningún veto. “Estamos estudiando ese veto para que esos beneficios lleguen de buena forma, pero que se encuadre de forma estricta en las normas legales”, indicó.

Al mismo tiempo, y con o sin ley, las empresas de agua potable y electricidad anunciaron que mantendrán las medidas anunciadas en marzo, lo que implica la suspensión de los cortes a quienes no puedan pagar por motivos financieros, además de la reprogramación de las deudas acumuladas, sin intereses, a los clientes más vulnerables.

“Las empresas de distribución de energía eléctrica (...) continúan otorgando los mismos beneficios y medidas especiales que las compañías comunicaron para dichos clientes mientras dure el período de emergencia, en el marco de la pandemia”, señaló el gremio Empresas Eléctricas.

Esto se suma a la decisión de las empresas del sector sanitario, agrupadas en Andess, que el martes anunciaron la continuidad del plan de ayuda anunciado en marzo, y que según indicaron ha beneficiado a cerca de 500 mil familias. “Este plan con medidas especiales para clientes vulnerables, adultos mayores y personas cesantes, permite postergar temporalmente el pago de sus cuentas”, informaron.

Un descenso mostró el índice de satisfacción neta de usuarios de empresas sanitarias, según la última Encuesta de Percepción de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y que se realiza desde 2008.

La satisfacción neta de los usuarios mostró una caída desde el 33,4% al 30,8% a nivel general. El resultado fue más bajo en la evaluación del servicio en relación con su precio, donde la calificación neta (porcentaje de satisfechos menos porcentaje de insatisfechos) baja del 30,8% a -0,3%, reflejando un mayor nivel de exigencia por parte de los usuarios.

Desde el gremio que reúne a las empresas sanitarias, Andess, valoraron la publicación del estudio, pero advirtieron que el trabajo de campo fue hecho en pleno estallido social.