Hasta última hora de este lunes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la subsecretaria del ramo, Heidi Berner, buscaron con los senadores que integran la Comisión de Hacienda del Senado cerrar un acuerdo para votar en general el proyecto antievasión este martes. Sin embargo, nada de eso sucederá.
¿La razón? El rechazo que tuvo la multa al voto obligatorio para las próximas elecciones municipales y regionales, ya que la oposición mantiene su postura crítica y quiere esperar a que el gobierno ingrese un veto para reponer la multa tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros.
“Será importante ver qué ocurre en otras áreas del quehacer legislativo. La oposición sigue molesta por la forma en que se trató el voto obligatorio para los extranjeros. El gobierno enviará un veto y vamos a estar a la espera para poder proceder”, dijo al término de la reunión el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber.
Para el legislador, la disposición al interior de la Comisión de Hacienda “es buena y el protocolo está bastante avanzado”. Por lo mismo, indicó que “si en las próximas 24 horas las cosas van bien podremos contar con una votación en general en la Comisión esta semana y eventualmente en la sala la próxima semana”.
La idea es firmar un protocolo con los temas donde exista acuerdo para avanzar una vez que se vote en general y luego se den los plazos para realizar las indicaciones.
Entre los temas donde hay más avances para lograr un acuerdo se encuentra la gobernanza del SII. Ahí los senadores mencionan que se ha ido encontrando un camino, un espacio para generar cambios, pero no está totalmente definido.
Otro de los puntos donde hay avances para lograr un acuerdo es en materia de secreto bancario, aunque se señala que “todavía falta para zanjarlo”.
La actual norma vigente del Código Tributario permite que el SII pueda requerir información sujeta a secreto o reserva bancaria, pero si la persona titular de la información bancaria no autoriza su entrega, el banco o institución financiera no puede revelarla, a menos que el SII obtenga una resolución judicial. Para el gobierno ese proceso es muy extenso y por ende poco efectivo. Ahora, en el proyecto se invierte esta norma en favor del SII, estableciendo que el banco no puede revelar la información únicamente si la persona titular de la información bancaria se opone judicial y fundadamente al requerimiento del Servicio.
Lo que se buscará en las conversaciones es definir de mejor manera o acotar el alcance para que el SII lo solicite. El principal reparo que ha hecho la oposición y el sector privado es que podría afectar la intimidad de las personas.
La recaudación que el gobierno proyecta de 1,5% del PIB sigue generando dudas en la oposición, y también el destino de esos recursos. Dada esta situación es que, en la sesión de este martes, la Comisión de Hacienda analizará el tema. “La recaudación y el destino de los recursos es un tema de los puntos del protocolo. Lo vamos a discutir mañana (martes) en la Comisión de Hacienda, y nos vamos a dedicar ese tema en particular”, expresó el senador Lagos Weber.
Entre los temas en que hay acuerdo están las materias relacionadas con los cambios en el código tributario y la reducción de la informalidad. Esas temáticas serán las primeras en ser votadas. Ahí se encuentran las modificaciones al procedimiento de reclamo de avalúo de bienes raíces, modificación a la forma de contabilizar el plazo en las devoluciones de IVA de activo fijo; se establece una norma transitoria del proceso de transición para implementar la notificación por correo electrónico; se incorpora en el procedimiento de término de giro para finalizar el procedimiento por falta de antecedentes; se eliminaron los métodos de valoración en la norma de tasación; se incorpora que la norma sobre reorganizaciones empresariales no alcance a operaciones que buscan trasladar la propiedad de activos a paraísos fiscales; la definición de partes relacionadas que considera como tales a “cónyuge, conviviente civil y parientes, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado”, el fin de la exención tributaria a importaciones menores a US$41.
