Visas laborales caen casi 70% en 2023 por fin de proceso de regularización y mayores restricciones para acceder a ellas

El empleo de la población migrante anotó un récord en el trimestre móvil octubre-diciembre del año pasado en Chile. Los ocupados llegaron a 1.028.602 personas, siendo la mayor cifra desde que hay registros. Asimismo, la tasa de desocupación extranjera en el país se situó en 6,9% durante el mismo periodo, contrayéndose 0,8 puntos porcentuales (pp.) en doce meses. Es la menor tasa desde el trimestre móvil junio-agosto de 2022 (6,7%).

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En paralelo, otro indicador relevante para el mercado del trabajo extranjero son las visas laborales que entrega el Servicio Nacional de Migraciones. Al respecto, de acuerdo al balance del cierre de 2023, se entregaron 71.057 de estos permisos laborales, los que son un 69,9% menos que los entregados en 2022, cuando se concedieron 235.824 visas laborales.

Para analizar esta fuerte caída se debe considerar que la base de comparación de 2022 es alta, debido a que se mantuvo vigente el proceso de regularización que comenzó en 2021. Así, en dicho ejercicio se procesaron 164.163 visados correspondientes al proceso de regularización extraordinaria del año previo, que estaban pendientes de resolución. Excluyendo ese número, en 2022 se entregaron 71.661, mientras que en 2023 los permisos sin regularización fueron de 64.620.

De todas maneras, esta es la menor cifra de visas laborales entregadas desde al menos 12 años. Además, las 71.057 otorgadas se ubican muy por debajo del peak de visados que fue en 2018, cuando ascendieron a 432.100.

Por países, Venezuela mantuvo el liderato con 24.455; seguido de Colombia con 11.840; Bolivia con 8.093; Perú con 6.190, y Argentina con 3.592 visas laborales.

Un cambio que también ha incidido en esta reducción en la entrega de permisos para trabajar de extranjeros es el hecho que hoy existe un mayor control de la población migrante que busca ingresar al país por razones de empleo. De hecho, se eliminaron las visas especiales, por motivos laborales, creadas bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, las que permitían ingresar a Chile sin contar con un contrato de trabajo vigente, pudiéndolo firmar una vez en el país.

Esos permisos además abarataron los costos para el empleador, puesto que no tenía la obligación de pagar el o los pasajes de regreso del migrante y de su familia a su país natal.

Tales visas por motivos labores se derogaron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sin embargo, bajo su mandato se crearon las visas de responsabilidad democráticas que beneficiaron a los ciudadanos venezolanos, quienes tenían mayores facilidades para ingresar al país. Ese permiso, a su vez, lo derogó la actual administración del Presidente Boric, y ahora se permite ingresar al país solo con un contrato de trabajo.

La subdirectora del Servicio Nacional de Migraciones, Carolina Ocampo, sostiene al respecto que “creemos que ese número (70 mil visas) está más cerca de nuestro promedio para un año normal”.

Como contexto añade que “hay que considerar que la nueva Ley de Migraciones establece que, para venir a trabajar a Chile, la persona debe contar con una visa temporal para trabajo solicitada desde el extranjero, por eso, estamos trabajando en una nueva bolsa de empleo, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, que busca facilitar que, en aquellos sectores laborales de difícil cobertura, las personas migrantes puedan acceder a esas ofertas de trabajo”.

Una mirada distinta a la hora de analizar las cifras tiene el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Rodrigo Sandoval, quien pone su foco en la irregularidad: “La atención deberíamos ponerla en lo que estas cifras no muestran, pues otros indicadores de presencia extranjera, como prestaciones de salud o de remesas, no muestran las mismas tendencias e intensidades. Entonces, hay una actividad laboral extranjera que no se está viendo reflejada en el comportamiento de los registros administrativos, como este de los permisos de residencia laboral”.

Por esa razón, añade que “resulta ingenuo pensar que si han entrado en forma irregular cientos de miles de personas en los últimos cuatro años, el impacto de esos flujos en la actividad económica va a ser solo el que estas cifras muestran”.

Sandoval menciona que se debe tener “en cuenta la incapacidad de la autoridad migratoria para procesar los permisos de residencia con la misma velocidad que la actividad económica que estos regulan, lo que significa que el número de permisos es necesariamente muy inferior al de personas en condiciones de desarrollar actividades laborales”.

Actualmente la legislación permite que todos los residentes definitivos puedan trabajar. Los residentes temporales también pueden trabajar todos. Según explica Ocampo, “solo en el caso de los residentes temporales en subcategoría de estudiantes, tienen restringido el trabajo a un máximo de 30 horas semanales”.

Ahora bien, aclara que “en el caso de los titulares de permanencia transitoria (exturismo), ellos no pueden trabajar, salvo que sean autorizados expresamente por el servicio”. Finalmente, los solicitantes de residencia dentro del país (con vínculos familiares y solicitantes de cambios, prórrogas o residencia definitiva) pueden trabajar mientras sus permisos estén en tramitación.