Vuelta al lago: denuncias por acceso suben por primera vez desde 2019

Hace una semana, un adulto mayor en Panguipulli intentó expulsar a unas personas de la playa. En el video publicado por el Twitter de la radio local Acústica, se vio a un hombre justificando su actuar con el hecho de poseer 300 hectáreas en la zona. Personal de la Armada se hizo presente y le aclaró, a él y a los afectados, que todas las playas en el país son públicas. El episodio hizo recordar lo acaecido hace cuatro años en el lago Ranco, cuando el empresario Matías Pérez Cruz -presidente de Empresas Gasco- les pidió a tres mujeres que se fueran de lo que llamó su “jardín”. Ambos casos fueron en la región lacustre de Los Ríos.

Lo ocurrido en 2019 disparó las denuncias de acceso a playas y lagos, y activó una masiva fiscalización. Se hicieron unas 80 revisiones de diversos lugares; un proceso que cada año se reactiva... sobre todo este, con una normalización en la movilidad tras tres ejercicios impactados por la pandemia.

Según datos del Ministerio de Bienes Nacionales, en 2019 dichas denuncias ascendieron a 1.789, un número récord si se considera que un año antes -resumen varios artículos de prensa- no superaban las 500.

Tomando ese peak de hace cuatro años, la cantidad de denuncias disminuyó fuertemente en 2020, a 699, y volvió a anotar una baja en 2021, totalizando 357. Esto coincidió -destacan en el Ejecutivo- con la pandemia del Covid-19, la consiguiente restricción generalizada de desplazamiento y la caída del turismo como efecto de esa situación.

Sin embargo, ya el año pasado las denuncias cerraron en 384, mostrando un leve avance de 7,5% frente al ejercicio anterior; el primero desde 2019. A su vez, hasta el 23 de enero de 2023, los reclamos iban en 95, siete más que hace 12 meses, justamente -explican en la cartera- debido a la normalización de la actividad.

“Es posible establecer una leve tendencia al alza, probablemente asociada a la mitigación de los efectos de la pandemia, que ha traído la reactivación del turismo interno”, destacan en Bienes Nacionales.

De las 95 denuncias en lo que va de este año, 34 han sido por acceso cerrado, 27 por cobrar para acceder y 11 por carecer de acceso, en las tres razones principales.

Hoy la normativa es clara: los terrenos que van entre la línea de baja y alta marea (en el caso del mar) y de aguas mínimas y máximas (en el de lagos y ríos) son bienes nacionales de uso público o playa, y no son objeto de apropiación. Y entre la alta marea y 80 metros hacia la tierra es terreno fiscal. Sin embargo, en aquellos títulos de dominio en que se señalan como deslinde el océano, la bahía, el mar o el lago, no se generan los 80 metros; el límite entonces es solo la alta marea, por lo que la orilla del lago no es “antejardín” de nadie. Tras el caso de Pérez Cruz, el gobierno, de hecho, inició un trabajo para delimitar bien las líneas de playa, para justamente separar lo privado de lo público.

La Región del Biobío presenta la mayor cantidad de reclamos a nivel país, con 18 denuncias al 23 de enero. Laguna Grande en la zona de San Pedro de la Paz, la playa Punta de Parra en Tomé y el camping El Túnel en el Salto del Laja muestras los mayores problemas. Todos, por cobros de acceso o por, definitivamente, tener acceso cerrado.

En Bienes Nacionales lo atribuyen a varios factores: la presencia de atractivos naturales costeros, la alta población regional -es la tercera región más poblada-, la escasez de vías públicas costeras y la presencia de extensas propiedades particulares colindantes con la costa.

Hacia el sur, le sigue la Región de Los Lagos. Y la región que marcó la pauta en 2019 y que goza de varios lagos de renombre, Los Ríos, aparece esta vez bastante más atrás. Si en 2021 era la tercera más denunciada a comienzos de ese verano -con unos 28 reclamos-, hoy es la sexta. De hecho, la del Maule -que antes estaba más atrás- la supera, duplicando su número de denuncias, principalmente, por reclamos en playa Los Pellines, cercana a Constitución.

La Región de Los Ríos tiene del orden de 80 playas, y hay seis denuncias en lo que va del año, distribuidas en seis lugares: Puerto Fuy y Coñaripe, en Panguipulli; playa Calcurrupe, playa del Arenal y Puerto Rettig, en la comuna de Lago Ranco; y Marina Torobayo, en Valdivia. Gran parte de los reclamos son por accesos cerrados.

Desde Bienes Nacional explican que efectivamente ha habido un descenso. “Los datos en la región han disminuido”, dicen. Agregan que: “La seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos ha desarrollado de oficio un intenso trabajo de fiscalización en accesos a playa, principalmente en lagos y ríos, a fin de dar curso a procedimientos administrativos que permitan fijar el libre acceso a dichos Bienes Nacionales de Uso Público”. Esas fiscalizaciones se realizan durante todo el año, agregan.

Además, las concesiones marítimas han ido regularizándose. Hoy, toda obra que se levante bajo el nivel de aguas máximas (alta marea) debe tener una concesión, que se traduce en una autorización que permite construir en el agua, a cambio del pago de un arriendo mensual por un período determinado. En 2019, se estimaba que gran parte de los propietarios con casas en los lagos del sur de Chile carecían de esa autorización. De hecho, en esa época en el lago Ranco aparecía solo una persona con autorización, cuando a simple vista eran bastante más las obras en el mar; la zona del lago Panguipulli registraba cerca de 10 permisos; mientras que en Villarrica había 46 concesiones vigentes, cuando también se estimaba un número superior.

Ahora hay 60 vigentes en la zona de Los Ríos, según el portal de concesiones de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Y unas seis en Ranco, aunque existe una veintena de ellas en proceso de validación. En Panguipulli hay seis, pero se repite el mismo escenario, existen múltiples en regularización.

En La Araucanía hay 31 vigentes, y existen más de 50 en Villarrica entre las actualmente vigentes y en trámite.

Si bien los casos más emblemáticos y públicos de problemas de acceso han estado vinculados a los lagos del sur, los mayores reclamos se han producido en la zona norte del país en este inicio de 2023. La Región de Coquimbo tiene la playa con más denuncias a nivel nacional. Se trata de playa Blanca, ubicada entre Tongoy y Guanaqueros, con 10 reclamos.

Tal escenario -explican en la cartera- responde al hecho de que los atractivos naturales de ese sector han elevado la inversión en equipamiento turístico de particulares. “El particular colindante permite el libre acceso peatonal, pero cobra por el acceso vehicular para estacionamiento dentro de su propiedad, aspecto que es la razón de las denuncias”, señalan.

A fines de diciembre comenzó la fiscalización en esa zona. Se hizo un trabajo preventivo por las playas de Totoralillo, Morrillos, Lagunilla y Playa Blanca, para justamente evaluar que todo estuviera en regla de cara al verano.

El grueso de las denuncias -aseguran en el gobierno- siempre se concentra en los primeros tres meses del año. Por lo mismo, en esta época estival se intensifican también las fiscalizaciones, además de hacer más simple el canal de denuncias con un banner directo en la página de la cartera: “Playa Segura de Todos”.

El número de fiscalizaciones, no obstante, tiende a ser menor que los reclamos, porque muchas veces existe más de una denuncia en un mismo lugar. Pese a ello, en Bienes Nacionales indican que dado el mayor presupuesto que tiene la cartera para 2023, el objetivo es elevar la dotación para hacer esta tarea durante este año.

Entre abril y noviembre de 2022 se efectuaron 88 fiscalizaciones. Y entre diciembre y enero de este año van 44. En el verano anterior -hasta marzo- las revisiones ascendieron a 45, y previo a la pandemia el dato bordeaba las 60, tendencia que se retomaría en este ejercicio.