En una audiencia que se llevó a cabo este viernes, el Segundo Tribunal Ambiental escuchó los alegatos de las cuatro reclamaciones que buscan anular la aprobación ambiental del Centro de Distribución El Peñón, de Walmart.

Las reclamaciones fueron presentadas por las municipalidades de Calera de Tango y San Bernardo, así como un grupo de vecinos de esa última comuna en contra del Comité de Ministros, que rechazó sus recursos contra la RCA que aprobó el proyecto.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -en representación del Comité de Ministros- argumenta que las observaciones ciudadanas referentes al impacto vial, interregionalidad, vicios en el marco del procedimiento de participación ciudadana, impacto acústico, reasentamiento humano, compensación del suelo, valor paisajístico y turístico de la zona, y monumentos, sitios con valor antropológico, histórico o cultural, fueron debidamente consideradas en la resolución impugnada y en la RCA del proyecto.

El Tribunal resolvió acumular las reclamaciones pues todas tratan acerca de la impugnación de la resolución del Comité de Ministros, que rechazó las reclamaciones en contra de la resolución de calificación ambiental favorable del proyecto.

Hace más de un año, Walmart Chile inauguró su centro de distribución El Peñón, ubicado en la comuna de San Bernardo, el cual representó la mayor inversión de la empresa fuera de Estados Unidos del grupo, por un total de US$180 millones. Sin embargo, su construcción enfrentó el rechazo de algunos vecinos y autoridades, que cuestionaron durante toda la tramitación del permiso ambiental el impacto que el proyecto tendría en su entorno.

Alegatos

Durante la audiencia, el abogado Diego Lillo, que representa a los reclamantes, indicó que “el proyecto hoy lamentablemente se encuentra completamente construido, lo que significa que todas las observaciones de mis patrocinados que se referían a la mala calificación y mala definición de los impactos de la fase de construcción del proyecto, ya lamentablemente solo tenemos que verificarlo de forma posterior”.

“Falló el Servicio de Evaluación Ambiental en su función preventiva, falló la Superintendencia de Medio Ambiente en su función reactiva de cuando se pusieron en antecedentes las falencias de la etapa de construcción que podían haber sido constitutivas de infracción por incumplimiento de RCA. La Superintendencia si va hoy a fiscalizar no va a encontrar nada puesto que el proyecto ya está construido, todas esas falencias ya fueron consolidadas”, añadió.

Asimismo, acusó de que la fase de construcción “produjo efectos que en la RCA decían que no se iba a producir y donde hay una demostración lamentable de que el sistema está principalmente inclinado a proteger y conservar los derechos de los titulares, mientras que los derechos de las comunidades han sido completamente omitidos”.

Por su parte, la abogada de María Brahm, en representación de Walmart, señaló que el proyecto que hoy se encuentra en operación “obtuvo todos sus permisos de construcción, sin observaciones” y que “se obtuvo la recepción parcial y luego la recepción total, con todas las obras de mitigación y de urbanización, todas correctamente recibidas, sin ningún tipo de observación por parte del DOM (Dirección de Obras Municipales)”.

En ese sentido, agregó que “a pesar de que tuvimos múltiples fiscalizaciones de distintos órganos sectoriales, no hubo ni una sola formalización de cargos en contra de Walmart. Todas las fiscalizaciones salieron limpias para el titular porque hizo bien las cosas y además las variables y proyecciones que se hicieron durante la evaluación se fueron cumpliendo a medida que se fue construyendo El Peñón, y lo que se dijo en un alegato anterior de que aquí había pruebas de que se habían incumplido las medidas se mitigación, eso es absolutamente falso”.