Los países del mundo están avanzando en la coordinación para luchas contra la evasión y otros delítos relacionados con los flujos financieros. En la región este esfuerzo de materializó con la Declaración de Punta del Este de 2018, de la cual la OCDE saca cuentas alegres.

Así lo asegura Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, quien asegura que han mejorado el intercambio de información que pretende interponerse en una evasión que alcanza al 1,6% del PIB de América Latina.

¿Cuál fue el objetivo de la declaración y qué ha implicado para la regulación de los países firmantes?

-En 2018, durante el plenario del Foro, los países de Latinoamérica decidieron que sería importante elevar esta discusión a un nivel más político. La verdad es que para proseguir en la lucha contra la evasión fiscal y los actos financieros ilícitos y para promover la transparencia y el intercambio de información, el primer paso es tomar una decisión política muy clara, muy concreta.

Esto, porque para avanzar van a ser necesarios muchos cambios en las leyes, cambios en las prácticas. Algunos grupos no van a estar contentos con esto y hay que tener clara la misión.

Lo que algunos países vieron cuando están juntos, cuando todo está consignado en una declaración. les ayuda a mover el tema de una forma más coordinada y mucho más estructurada.

Entonces la declaración primero subraya que están juntos y decididos a avanzar en un norte, pero también dice que se debe traducir en acciones concretas, prácticas y técnicas.

¿Cuánto pierden las arcas fiscales de la región por este tipo de delitos?

-Hay muchas estimaciones, pero se puede utilizar la evaluación de la Cepal que dice que son 6,1% del PIB e la región. Eso sin contar otros actos financieros ilícitos relevantes, como la corrupción y el lavado de dinero.

¿Sin una coordinación regional qué dificultades enfrentan los países para dar seguimiento a estos hechos?

-Los datos están en los países, pero el problema es que no los compilan y no los presentan de una forma organizada. Claro que para hacer una evaluación de evasión fiscal o de flujos financieros ilícitos, uno no puede tener acceso directo, hay que hacer una evaluación por indicios y hay una metodología para estimar eso.

¿Cuál es la situación de Chile respecto al seguimiento de la evasión y los otros delitos?

-Chile es un país que está de una forma general muy bien situado en la región. Tiene evaluaciones del Foro que son satisfactorias. Sin embargo, como la mayoría de los países, Chile enfrenta el desafío de avanzar en el concepto de beneficiario efectivo, es decir, en garantizar que se sepa quién está detrás de todo flujo financiero, que esa información esté disponible, actualizada y completa.

Hay un interés muy grande de todos los países por compartir sus experiencias para armonizar lo que están haciendo. Chile también va a beneficiarse de esta discusión porque es una tendencia que ya está instalado. Todos los países están trabajando con estos temas.

También es importante que en Chile los investigadores hagan todo el uso posible de los instrumentos disponibles.

¿Cuáles son específicamente los instrumentos?

-Me refiero al intercambio de información bajo requerimiento, que sepan que esto está disponible y sepan cómo hacerlo, que sepan cuál es la información a la que se tiene acceso de manera automática, como cuentas financieras.

Esto se debe hacer parte de todo programa de administración fiscal. Chile también puede avanzar en aquello para que los contribuyentes sean cada vez más ordenados en su comportamiento.

¿En qué medida esto ayuda además a combatir el crimen organizado?

-Claro. Los estándares también hablan de la “existencia de la información”. Si una información no existe en el país uno no puede utilizarla, ni para una cosa ni para otra. Es por eso que se vuelve muy importante, por ejemplo, conocer al beneficiario efectivo, quién está detrás de las cuentas bancarias, quiénes son los inversionistas de una compañía. Toda esa información no es solo para la administración fiscal y el cobro de impuestos. También es útil para los otros órganos financieros y para la policía, especialmente para los crímenes financieros.

Además, en la iniciativa los países firmantes afirman que están interesado en utilizar la información recibida para fines que no son fiscales, para fines que puedan ayudar a la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y otros flujos financieros.

Es una disposición de los países de la región para utilizar la información financiera que es muy poderosa para diversos fines.

¿Cuáles son los cambios legales que marcan tendencia en la materia?

-En los últimos años muchos países tuvieron que cambiar sus leyes para adecuarse a los nuevos estándares internacionales. De hecho, uno puede decir que hoy el secreto bancario dejó de existir en el mundo. Diez años atrás esta era una práctica muy amplia.

Asimismo, se están acabando los casos en que no sabemos quienes están detrás de las sociedades anónimas. Por ejemplo, se está exigiendo una documentación para soportar las operaciones y transacciones, hace no mucho tiempo no siempre se encontraba la contabilidad de la compañía, pero hoy sí es necesario tener eso y los países que no lo tienen están bajo presión internacional para avanzar en la materia.

Hay muchos países que están implementando registros centralizados de beneficiarios finales o efectivos y esto también es un cambio muy relevante. Tener la información actualizada de quién está detrás de todo es muy importante.