Un antes y un después se producirá en la regulación del mercado laboral desde el próximo 1 de abril. En esa fecha comienza a regir -en una primera etapa para las empresas privadas e instituciones del sector público con más de 200 trabajadores- la Ley de Inclusión Laboral, que establece una cuota de empleos del 1% de la dotación para personas discapacitadas.

La norma señala que las firmas de entre 100 y 199 empleados tienen un año más para cumplir la reserva legal del 1%. Es decir, recién en abril de 2019 les será aplicable la cuota.

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Tras varios años de congelamiento, la nueva comenzó a tomar forma en 2015 con la urgencia que puso el Congreso a la discusión de un par de mociones sobre la materia, pero fue recién en 2016 que el debate tuvo más forma luego de que los ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo se hicieron parte presentando una indicación sustitutiva a los proyectos. El avance de la discusión llevó a que la Presidenta Michelle Bachelet promulgara la normativa en junio de 2017.

A inicios de febrero se publicaron los reglamentos que fijan los parámetros, procedimientos y elementos para cumplir con las obligaciones de la ley. La idea del Gobierno era que los decretos se publicaran a inicios de diciembre para que la norma partiera en febrero. No obstante, tras observaciones de la Contraloría se retrasó su despacho y, por ende, se postergó para abril la implementación.

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Pese al amplio debate tanto en el Congreso como en el proceso de dictación de los reglamentos, las organizaciones vinculadas a la sociedad civil que trabajan en inclusión laboral y discapacidad mantienen aprensiones sobre el aterrizaje de la norma, a poco más de un mes de que empiece su puesta en marcha.

"El reglamento publicado en el Diario Oficial se ajusta al espíritu de la ley de inclusión laboral. No obstante, hemos recibido diferentes inquietudes desde las organizaciones de la sociedad civil y empresas, respecto a cómo se van a generar los apoyos necesarios para brindar condiciones de igualdad y desarrollar procesos de inclusión laboral sostenibles", advierte Carola Rubia, directora ejecutiva de Fundación Descúbreme.

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Rubia precisa que dichas inquietudes se deben "a que el reglamento no puede ir más allá de la ley y ésta no consideraba desde su formulación la intermediación laboral como estrategia de apoyo a los procesos de inclusión".

María José Escudero, directora ejecutiva de Fundación Ronda, explica que para que las empresas y el sector público puedan acreditar la condición del trabajador, las personas con discapacidad deberán tener una pensión de invalidez o bien contar con el Registro Nacional de Discapacidad que dicta la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin). A partir de ello, advierte que de acuerdo a datos oficiales sólo 8% de las casi tres millones de personas con discapacidad tiene esa certificación. "Esto genera una total complejidad de cara a los requerimientos de la ley. ¿Cómo apoyarán a las empresas que requieren cumplir con la ley en educar respecto al proceso, agilizando y facilitando la tramitación para los postulantes a estas empresas, o bien a las personas con discapacidad que hoy trabajan en la organización sin esta acreditación?, ¿se han reforzado las oficinas de Compin en todo Chile considerando que debiese aumentar la demanda por la obtención de la certificación?", se pregunta Escudero.

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En Avanza, en tanto, cuestionan que la reserva legal del 1% de empleos no será obligatoria, según los parámetros de los reglamentos, para varios órganos del Estado como el Congreso, el Poder Judicial y el Banco Central, entre otros. También critica que los responsables de determinar el fundamento de las razones para el eventual incumplimiento de la cuota del 1%, que en ciertos casos permite la ley, serán los mismos órganos obligados a cumplirla.

Sofofa es otra de las instituciones privadas que no quedó conforme con la nueva ley y acusa vacíos y problemas en su implementación.

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, se hizo cargo de las principales críticas, señalando que tanto el reglamento del sector público como el del privado contemplan mecanismo de supervigilancia y fiscalización de los objetivos de la ley.