Uno de los principales desafíos actuales dice relación con la inserción de personas que, atendida su condición o características especiales, se ven muchas veces marginadas del mercado laboral, lo cual no sólo afecta a dichas personas, sino que resta al mundo del trabajo de un aporte significativo de integración y riqueza de su tejido social.

Las legislaciones del mundo y distintas organizaciones sociales, se han ocupado de este tema, siendo hoy su principal desafío la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.

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Las soluciones que se han dado a lo largo del tiempo han sido muy variadas, pasando por el hecho de incorporar esta condición dentro las razones consideradas como discriminación, hasta la adopción de medidas de incentivo tanto para el sector público como para el sector privado.

Según el II Estudio Nacional de la Discapacidad, el 20% de las personas de 18 años o más, es decir 2.606.914 personas, se encuentra en situación de discapacidad en nuestro país. El 56% de las personas en situación de discapacidad leve a moderada y el 24,3% de las personas en situación de discapacidad severa participa en el mercado laboral.

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Frente a las preocupantes tasas de desocupación de las personas en situación de discapacidad, muchos países han promovido -vía ley- la incorporación de cuotas obligatorias de contratación de trabajadores en esta condición, no siendo Chile una excepción. Es así como durante el año 2017 aprobamos por unanimidad la ley 21.015 que fundamentalmente estableció una cuota mínima obligatoria de contratación de personas en situación de discapacidad de un 1%, tanto en las empresas de 100 o más trabajadores como en las instituciones públicas con una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores.

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Esta nueva normativa comenzará a regir a partir del próximo primero de abril. Es importante destacar que, conjuntamente con establecer un sistema de cuotas, regula mecanismos de cumplimiento alternativo que diferencian el régimen establecido para el sector público y el privado. Ello, porque esta política pública en su fase primaria, tiene en consideración aquellas empresas o servicios que pueden presentar dificultades en la implementación inmediata de la inclusión vía contratación, por lo que la ley contempla mecanismos que permiten que la organización adecue su infraestructura, o en algunos casos sus procesos productivos para generar una inclusión que perdure en el tiempo. Uno de los problemas que se trata de evitar, es la imposición de una ley que no deje estos márgenes y, como ha ocurrido en la experiencia española, los empleadores se vean forzados a simplemente pagar un sueldo a una persona con discapacidad en un contrato inexistente con el solo fin de cumplir la norma.

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La inclusión es un gran desafío para los países que nos obliga a ir mucho más allá de una sola ley declarativa, nuestra tarea a partir de ahora es hacer más compatibles los procesos productivos con una cultura de integración y la inclusión al interior de la empresa y el trabajo, ése es el sello que el Presidente Sebastián Piñera nos ha pedido imprimir en esta etapa de implementación de esta legislación.

Este es un primer paso de enorme importancia, como toda legislación debemos estar permanentemente evaluando su implementación e incluso si se requiere analizar perfeccionamientos de la norma, pero sin duda daremos a una política pública con capacidad de crear nuevas realidades más virtuosas, generosas y humanas.

Un segundo desafío fundamental que abordaremos para tener un mercado laboral mucho más inclusivo, es generar una mayor adaptabilidad en las normas laborales, que elimine o morigere lo más posible los obstáculos que la legislación laboral general provoca en estos trabajadores principalmente remplazando la rigidez de las jornadas de trabajo generales por una que combinen el trabajo presencial y desde el hogar, así como el trabajo con apoyo, que ha dado muy buenos resultados en algunos países.

Sin duda los desafíos que plantea esta nueva realidad, van en el camino de crear una cultura laboral inclusiva que forma parte sustantiva de los tiempos mejores por los que estamos comprometidos para todos los trabajadores y empleadores de nuestro país.

*Ministro del Trabajo y Previsión Social