Las principales operadoras de telecomunicaciones de Brasil pueden llegar a liberar cientos de millones de dólares para invertir en tecnologías como el 4G y la banda ancha en el caso de que se apruebe una reforma de la legislación del sector que permitiría la venta de bienes como inmuebles y acabe con la obligación de invertir en activos como cabinas de teléfonos públicos.

El cambio de la legislación podría empujar a Telefónica Brasil SA y Oi, los mayores proveedores de telefonía móvil y fija del país, respectivamente, a vender o deshacerse de propiedades inmobiliarias infrautilizadas, miles de cabinas telefónicas sin uso y otros activos, de acuerdo con ejecutivos y otras personas con conocimientos de las estrategias de las empresas.

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En el caso de Oi, los cambios también son fundamentales para la venta de la empresa a China Telecom o China Mobile, lo cual podría suponer la primera gran incursión china en el mercado de las telecomunicaciones de America Latina.

Según varias fuentes próximas a la operadora en suspensión de pagos, la reforma de la legislación del sector podría inyectar miles de millones de dólares en capital nuevo, una condición considerada esencial para que los inversores extranjeros hagan una oferta en firme por la adquisición de Oi.

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"El problema actual es la incertidumbre regulatoria", dijo Floriano de Azevedo, abogado especializado en el área de las telecomunicaciones que no está directamente involucrado con Oi, pero que sí ha asesorado otras transacciones del sector. "Eso, más que todo lo demás, es lo que está manteniendo a los inversores alejados".

Bajo las actuales reglas del sector de telecomunicaciones de Brasil, cinco empresas - Telefónica Brasil, Oi, Algar Telecom, Sercomtel, y Claro (filial de América Móvil) - necesitan cumplir los objetivos de universalización de la telefonía fija, un servicio que ha perdido su atractivo últimamente en favor de la telefonía móvil.

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Oi y Vivo, la marca de Telefónica Brasil, por ejemplo, necesitan mantener en el país una cantidad de cientos de miles de teléfonos públicos en servicio y una serie de activos inmobiliarios, algunos de los cuales son edificios desocupados, que no pueden ser vendidos por la legislación actual.

Pero en enero de este año, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) afirmó que va a considerar hacer cambios este año que permitan a las empresas librarse de ciertos activos.

Esto coincide con la reforma del marco regulador del sector, que permitirá a los proveedores de telefonía fija del país, incluyendo Oi y Vivo, a que se concentren en áreas en un crecimiento más acelerado como la banda ancha móvil.

Aunque 2018 sea un año electoral, el ministro de Comunicaciones, Gilberto Kassab, va a liderar negociaciones con parlamentarios para promover una reforma de la legislación del sector, afirmó una fuente cercana a la cuestión. En el comunicado, el ministerio afirmó que Kassab se había reunido personalmente con el presidente del Senado, Eunício Oliveira, para promover la reforma.

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Desbloqueando potencial

La reforma va a exigir que la mayor parte de las ganancias obtenidas por las medidas de eficiencia sean re-invertidos en la banda ancha, 4G y otros servicios, según una formulación que aun necesita ser definida. No es fácil calcular con exactitud los beneficios de eficiencia y la aprobación de la reforma no va a resultar en ganancias inmediata para el sector.

Sin embargo, si la reforma de las telecomunicaciones fuese aprobada, liberaría una cantidad significativa de recursos para la expansión de las empresas en áreas más lucrativas, afirmaron fuentes del sector.

Vivo, de Telefónica Brasil, tiene menos activos inmobiliarios para vender que Oi - decenas, en vez de centenas - pero muchos tienen valoraciones altos y costes elevados de mantenimiento. Entre ellos está un edificio de 10 pisos en el centro histórico de Sao Paulo que, aunque que en el pasado albergó a dos mil empleados, que hoy está desocupado.

La empresa también pretende reducir la cantidad de teléfonos públicos fuera de locales institucionales como hospitales y aeropuertos, dijo Camilla Tapias, consejera delegada de los asuntos regulatorios de Vivo.

Vivo tiene 179.000 mil teléfonos públicos, pero ninguna llamada fue realizada en 2017 desde cerca de 62.000 de ellos, dijo Tapias. Aparte de esto, casi un cuarto de los teléfonos públicos sufre algún tipo de vandalismo todos los meses.

"Las personas no los usan, pero si no los arreglamos, nos multan", dijo Tapias. "El dinero tirado a la basura... sería mejor aprovechado en otra área".