Finalmente, la incertidumbre terminó y un aire más tranquilo se respiró el viernes en las oficinas de Andes Iron, en Las Condes. Al mediodía, el presidente ejecutivo de la firma, Iván Garrido, y su equipo de abogados, liderados por el socio de Ferrada Nehme, Patricio Leyton, no disimulaban su alegría al conocer el fallo que el Tribunal Ambiental de Antofagasta finalmente publicó, una semana después del plazo legal autoimpuesto por el organismo ambiental.

"El fallo es contundente", se escuchaba en los pasillos de la firma minera. Es que el tribunal, además de acoger todos los argumentos presentados por la compañía, ordenó retrotraer el proceso de aprobación ambiental de Dominga hasta la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva), instancia que ahora deberá nuevamente votar y argumentar su postura respecto de la iniciativa.

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Pero pese a las buenas noticias, en Andes Iron reinó la cautela por lo menos hasta las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, presidenta del nuevo Comité de Ministros, instancia que durante el año tendrá que pronunciarse sobre el proyecto Dominga. El mensaje fue claro: "El proceso se ajustará a derecho", dijo la ministra, valiendo la sentencia del organismo judicial de Antofagasta que declaró como ilegal el actuar del Comité de Ministros que lideró el entonces ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y donde se rechazó la iniciativa.

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Es que los argumentos que redactó el ministro Marcelo Hernández en la sentencia hablan de los vicios que cometió el gobierno anterior, destacando que la instancia, que en ese entonces lideró Mena, actuó de manera "ilegal y arbitraria".

Y fueron estos calificativos los que también le dieron cierto respiro al gobierno, donde la tarde del viernes también reinaba una suerte de tranquilidad. "El fallo es demasiado contundente contra el gobierno anterior, porque se vulneró el debido proceso. Se señaló que hubo vicios en la convocatoria de la citación a la sesión de agosto, los ministros no tuvieron tiempo de formarse una opinión clara sobre el proyecto y también hubo vicios en la fundamentación", indicó una fuente del Ejecutivo.

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Pero no solo los argumentos emitidos por el organismo le dieron tranquilidad al gobierno, sino también la decisión de que sean los servicios regionales los que deban pronunciarse sobre el proceso ambiental de Dominga. Es decir, una instancia técnica y no política. Es que con esa decisión, indican fuentes de gobierno, el Ejecutivo mantiene su rol de no interviniente en el proceso, acorde con la decisión de no participar en la conciliación que en marzo pasado propuso el mismo tribunal ambiental. "Se mantiene la coherencia, pues en ese momento se quiso tomar distancia y que fueran las partes directamente involucradas las que se entendieran. Y con esta decisión del tribunal ambiental, el gobierno sigue manteniendo su distancia", indica la fuente.

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Nueva votación

Y ahora comienzan a correr los tiempos y según estimaciones de abogados de la plaza, el camino que debe correr ahora Dominga no debería ser muy extenso. De hecho, se estima que a fin de año debería haber una "resolución a firme" por parte del nuevo Comité de Ministros.

Esto, explican las fuentes, porque es muy probable que la Corte Suprema rechace el recurso que presenten los ambientalistas (ver recuadro). "Nunca antes la Corte Suprema ha declarado admisible una casación de terceros", dice un abogado de la plaza.

Y con ese punto despejado, solo quedará esperar que la autoridad ambiental cite a los servicios que integran el Coeva para emitir su votación. En esta instancia será relevante el criterio que tenga la convocatoria emitida por el servicio ambiental, sobre todo considerando que el tribunal ambiental acogió la falta de motivación que tuvo la instancia en marzo de 2017, al no fundamentar sus votaciones, y donde finalmente se rechazó lo propuesto por la autoridad a través del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), documento que proponía aprobar el proyecto minero portuario.

Es por eso que el tribunal que preside Daniel Guevara hizo una expresa reflexión del rol de esta instancia, donde indica que el Coeva "debe aprobar o rechazar un proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental solo en virtud del informe consolidado de evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente y que el incumplimiento de esta exigencia es un vicio esencial".

Un mensaje en esa línea también dio Marcela Cubillos, quien indicó en un comunicado que "el tribunal ha fallado y ha ordenado que se proceda a una nueva votación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, está vez ajustada a derecho".

Y para potenciar este punto, el Tribunal Ambiental de Antofagasta recomendó en su sentencia "potenciar la formación, capacitación y desempeño" de los miembros de la comisión, "entiendo que es un espacio reglado y estratégico para el desarrollo y el resguardo ambiental de los territorios y sus comunidades", dice el documento.

Otra recomendación que hace el organismo del norte es que la autoridad ambiental haga una "interpretación oficial y acertada del ordenamiento jurídico acerca del alcance de las competencias sobre el medioambiente marino". Esto, en relación a las críticas que han recibido algunos proyectos de inversión sobre el diseño de la línea de base marítima. "Se evidencia una contienda o falta de claridad de competencia entre organismos del Estado, en particular las concernientes al medioambiente marino y el actuar de la Corporación Nacional Forestal", dice el fallo del organismo judicial.

Pero qué pasará cuando Dominga llegue nuevamente a ser visto por el Comité de Ministros. Las fuentes consultadas indican que no debería haber mayores sorpresas, pues el tribunal dejó claro que la instancia ministerial "incurrió en un error" al acoger las observaciones ciudadanas, pues estas ya fueron analizadas en el proceso de Participación Ciudadana (PAC) de Dominga, y donde la decisión final fue el rechazo del proyecto.

"Esto implica que los terceros no deberían recurrir nuevamente al Tribunal Ambiental con reclamaciones que ya fueron analizadas. Con estos argumentos, el tribunal cerró la puerta a la posibilidad de caer en un círculo vicioso y judicializar nuevamente el proceso", dice un abogado experto en derecho ambiental.

Nuevas mitigaciones

Para Andes Iron también es favorable llegar hasta la Región de Coquimbo para aprobar su proyecto. Esto, porque en la mesa donde estarán los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transporte, Minería y Desarrollo Social, también abre la oportunidad para que la compañía ingrese nuevas medidas de mitigación.

Una de ellas es la instalación de la Casa de Mar, propuesta planteada por la propia Dominga en la reclamación que la empresa presentó ante el Comité de Ministros el año pasado y donde se realizarán investigaciones ambientales relativas al ecosistema de bahías de Coquimbo.

También podrían analizarse otras medidas adicionales que hagan viable el proyecto, las que se podrían conversar con los servicios que integran la comisión ambiental.

"Dominga no solo necesita tener la aprobación ambiental del proyecto, sino que también la aprobación social, por eso es probable que haga algunos gestos en esa línea", señala un actor del sector judicial.