AÚN no hay agua en la piscina para que el gobierno de Sebastián Piñera se embarque en un perfeccionamiento por la vía legal de la Reforma Laboral heredada de Michelle Bachelet. Ese es el cálculo que hacen en el Ejecutivo, advirtiéndose que hasta hoy son más los riesgos que certezas que traería una aventura de ese tipo. En primer lugar está la falta de los votos necesarios para aprobar un cambio a la ley, en un Congreso fragmentado y con mayoría de la oposición en ambas cámaras, y el rechazo que ha mostrado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a revisar el corazón de la iniciativa. Asimismo, si bien el programa de gobierno de Chile Vamos es claro en buscar perfeccionamientos en materias como grupos negociadores, servicios mínimos y pactos de adaptabilidad, todavía no hay disponible un análisis técnico acabado del funcionamiento de la legislación que el próximo 1 de abril cumple su primer año de vigencia. Y como antecedente también relevante, un ajuste a la reforma aún no entra en la lista de prioridades de los primeros seis meses de la nueva administración.
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No obstante ello, el recién asumido ministro del Trabajo de Piñera, Nicolás Monckberg, ha ido "poco a poco" preparando el terreno para la revisión de la ley laboral estrella de Bachelet y sus eventuales modificaciones.
"Todas las reformas que existen hay que analizarlas, evaluarlas y no hay que tener miedo a corregir cuando hay motivos para perfeccionarlas. Nosotros queremos decir tajantemente: no venimos con retroexcavadora para la reforma laboral, ni en otra reforma. Es evidente que si hay aspectos en esta reforma que podamos concordar en virtud del diálogo, del análisis objetivo, que se pueden hacer mejoras por la vía administrativa, vía legal, lo vamos a hacer. Eso va a ser fruto del diálogo, del estudio objetivo y del acuerdo que logremos", dijo la semana pasada el ministro.
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El tono de sus dichos fue reiterado ayer tras una reunión de trabajo con la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en donde Monckeberg también se refirió al nombramiento de Mauricio Peñaloza como nuevo titular de la Dirección del Trabajo (DT), institución que va a jugar un rol estratégico en el primer testeo de la Reforma Laboral.
"Es un abogado destacado, experto en materias laborales. Creemos que va a ser un muy buen director del Trabajo y será el encargado de encabezar el proceso de modernización de la Dirección del Trabajo (...). Al mismo tiempo es un abogado que va a cumplir con el mandato de la ley que es interpretar correctamente, como corresponde la legislación laboral vigente en la vía administrativa", señaló Monckeberg respecto de los planes para la DT, en los que también destaca la modernización institucional.
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Fuentes que fueron parte del proceso de su nombramiento revelaron que el mandato es que el ex socio de EY empiece de inmediato la revisión de la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, que ha estado marcada por dictámenes e instrucciones que recogen sólo el espíritu original del fortalecimiento sindical al que aspiraba la iniciativa, pero no se hace cargo en forma plena del alcance del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que derribó la titularidad de los sindicatos para negociar y revivió a los grupos negociadores. Tras ese proceso, que no debería extenderse en el tiempo, se harían reconsideraciones (modificaciones) de algunos dictámenes como el de grupos negociadores. Esta es la primera tarea en que se enfocará el nuevo Director del Trabajo.
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Invitado de piedra
Pese a que hasta ahora los planes están concentrados en la revisión administrativa de la reforma, el reciente fallo de la Corte Suprema que revirtió la validez de un acuerdo colectivo de un grupo negociador aceleró la discusión respecto de los ajustes legales a la legislación.
"Desde ya uno puede decir que no es buena una norma que es interpretada un mes de una manera, otro mes de otra, por un una institución en un sentido y otra en un sentido exactamente contrario, o el mismo caso interpretado de manera distinta en dos direcciones regionales. Esa incertidumbre que generan ciertas normas no le beneficia a nadie, más bien perjudica al trabajador, perjudica al sindicato y perjudica a la empresa. Nosotros desde ese punto de vista vamos a evaluar la forma de despejar esa incertidumbre y corregir la norma. Algunas serán por vía administrativa y otras podrán ser por vía legal", dijo Monckeberg sobre el fallo.
El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, señaló ayer que partir de este caso es una buena oportunidad para implementar una agencia de evaluación ex post de políticas públicas como la reforma que generan incertezas regulatorias. Respecto del desafío de Peñaloza en la DT, Larraín indicó que "la Dirección del Trabajo tiene que lograr una mayor coherencia en las interpretaciones que se hagan de las leyes que tenemos".
Arturo Martínez, presidente de la nueva Central de Trabajadores de Chile (CTCH), que ayer también se reunió con Monckeberg planteó que antes de impulsar cualquier ajuste, "lo que hay que hacer es poner una comisión con gente que realmente sepa de negociación colectiva, que negocia normalmente, a trabajar durante seis meses para hacer un levantamiento de cuáles son los temas que ha generado la reforma y luego pensemos en algunos cambios".
