Poco más de un año ha pasado desde que el superintendente de Pensiones Osvaldo Macías fuera nombrado en el cargo. Acto seguido, el regulador procuró poner como uno de sus objetivos principales el ampliar el régimen de inversión de las AFP para mejorar las rentabilidades. Esto se traducía en subir el techo de inversión en private equity, activos inmobiliarios y concesiones, lo cual quedó plasmado en la ley de productividad.
A mediados de julio del año pasado la Cámara de Diputados le dio el visto bueno a la regulación y en octubre el Senado hizo lo propio.
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Así, en noviembre próximo la ley comenzará a regir, pero antes, el regulador deberá poner en consulta un serie de normas relativas a ella.
Fuentes de la industria aseguran que la Superintendencia se encuentra trabajando para que los documentos estén a disposición del mercado entre mayo y junio. Entre otras cosas, se establecerá en qué activos de private equity podrán invertir las AFP en el extranjero, además de establecer los parámetros que deberán cumplir los equipos de cada administradora a cargo de estas inversiones.
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Pese a que son varias las normas que deberán ser puestas en consulta, en el mercado puntualizan que la idea que tendría el regulador es que todas estén disponibles al mismo tiempo y que permanezcan publicadas a lo menos cuatro semanas.
Así, entre los parámetros que se espera se incluyan, están los años de expertise que deberán tener los encargados de invertir en activos inmobiliarios. Por esto, en las AFP tienen claro que tendrán que ampliar sus equipos de trabajo.
Además, el regulador se encontraría trabajando en definir el rol que pueda tener la comisión clasificadora de riesgo en este nuevo proceso de inversión.
Las normas, se encuentran en proceso de evaluación por parte de la superintendencia, pero según puntualizan en la industria durante marzo serían revisadas por el consejo técnico de inversiones del organismo, además del ministerio de Hacienda. La idea es que al momento de poner en consulta las normas, éstas ya estén visadas por estos organismos, facilitando el proceso.
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Más allá de que la ley comience a regir a fin de año, en la industria son cautos.
Lo que los tiene más complicados es saber qué pasará con las comisiones por intermediación, bautizadas como "comisiones fantasma". Lo anterior, porque las AFP no estarían dispuestas a asumir el cobro que realizan los administradores internacionales si el gobierno decide sumar esta estrategia en la reforma al sistema de pensiones. Además, ven muy complejo que entre sus equipos tengan expertos en private equity de otros mercados, por lo que no sería factible invertir de manera directa en vez de una administradora. "Si finalmente se restringen estos costos por intermediación, entonces para este ítem, la ley será letra muestra", puntualiza el gerente de una administradora.
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Otro ejecutivo, que califica de "fantástica" la inversión en activos alternativos, dice que "sería muy perjudicial para los afiliados que las comisiones de intermediación sean con cargo a la administradora porque genera incentivos perversos, lo que se traduciría en rentabilidades más bajas, porque los activos alternativos tienen comisiones bastante más altas que pueden ser hasta cinco veces más que los tradicionales, pero tienen retornos más altos".
Junto con subir el techo para los activos alternativos, la nueva legislación permitirá invertir en infraestructura. Esto, no sería una gran dificultad para las administradora, más allá de la necesidad de ampliar sus equipos. Sin embargo, destacan que para que las administradoras efectivamente sigan este camino se deben reactivar los proyectos este tipo en el país.
Debido a la envergadura del cambio que implica para las administradoras los nuevos limites de inversión, ante la preparación y adaptación necesaria para que se ponga en marcha de manera concreta, se estima que las modificaciones en las carteras se verán en al menos un año. "Ese es un plazo optimista, uno incluso podría esperar que tardara un poco más", destaca un alto ejecutivo del sector.
