De cara a lo que será un período de seis años como nuevos miembros del Consejo para la Transparencia, Gloria de La Fuente y Francisco Leturia revelan cuáles serán los desafíos de la institución para 2018. Tanto para la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 como para el presidente del Centro Nacional de Arbitrajes se debería llevar a cabo una revisión a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública a sus 10 años de existencia.

En ese sentido, ambos concuerdan en que se debería implementar una reforma que busque el fortalecimiento de la institucionalidad, la cual vaya alineada a las mayores demandas de transparencia que actualmente exige la ciudadanía. Un aspecto clave que plantean es la exclusividad de los consejeros directivos. "Creo que eso es parte de la discusión pendiente para los próximos años", afirma De la Fuente.

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Mientras, Leturia sostiene: "me encantaría tener dedicación exclusiva. Cuando nació el Consejo se veían 30 casos al año y no se pensaba en lo que podía llegar a transformar. Hoy día, esto ha crecido muchísimo".

Sin embargo, los dos consejeros advierten que si se establece la dedicación exclusiva, ello debe ir acompañado de la entrega de las condiciones idóneas para el buen funcionamiento de este mecanismo.

De todas formas, ambos enfatizan que mientras no se establezca la dedicación exclusiva, la autoexigencia de los actuales consejeros debe ser superior al mínimo estipulado legalmente para evitar cualquier suspicacia.

"Si bien uno se puede dedicar como consejero a otras actividades, uno no debiera dedicarse a actividades que generen algún tipo de conflicto de interés que obligue a inhabilitarse constantemente, porque sino hay un problema respecto del rol que puedes cumplir. En mi caso, estoy dedicada a la actividad académica o a mi rol en la Dirección de la Fundación Chile 21 y no más actividades que esa, tratando de evitar algún tipo de conflicto de interés", asevera De la Fuente.

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A su vez, Leturia indica que "en general, mis actividades actuales y las que pienso mantener en los próximos años no debieran chocar, porque son principalmente académicas y una participación en el Centro Nacional de Arbitraje, donde ni siquiera trabajo como árbitro, sino que me preocupo de que los arbitrajes funcionen bien y fijar estándares de transparencia".

Asimismo, ambos proponen una mayor apertura hacia la ciudadanía en la nominación de consejeros como señal de transparencia, aunque manteniendo la definición final en el previo acuerdo del Presidente de la República con el Senado.

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"Respecto al proceso de nominación, creo que es importante también que se produzca algún tipo de liberación o participación de la sociedad civil", sentencia De la Fuente.

"Si va a ver un proceso de reforma, evidentemente uno podría ir a un sistema con más escrutinio público en la designación de los consejeros. La idea es subir los estándares definitivamente", coincide Leturia.

Los dos consejeros estiman que se debe ampliar el abanico de sujetos obligados y fiscalizados por el Consejo para la Transparencia y que en ese camino la entidad debería contar con autonomía constitucional.

Si bien De la Fuente asegura que la entidad funciona de manera independiente, también subraya que "generar la autonomía constitucional para el Consejo, permitiría entre otras cosas tener potestad sobre otros organismos que no sean solamente la administración central del Estado".

"Creo que la autonomía es clave y todo lo que la fortalezca, blinde y entregue más estabilidad en el tiempo, es mejor. Obviamente si está en la Constitución también le da un rango y un reconocimiento de cierto estatus mayor. Y eso me parece bueno como señal", concluye Leturia.

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