Esta semana PULSO informaba que durante el gobierno de la Presidenta Bachelet los empleos del gobierno central -incluyendo trabajadores de planta, a contrata y honorarios-, aumentaron en casi 50 mil personas. Se trata de 20 mil puestos fiscales más que los poco más de 31 mil funcionarios en que aumentó durante el primer gobierno del Presidente Piñera.
De esta manera, al cierre del ejercicio anterior, la dotación pública total del gobierno, esto es, sumando las categoría de planta, contrata, honorarios y el resto, finalizó en 307.649 funcionarios.
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Otro dato que llama la atención -según la información enviada por la Dirección de Presupuestos a través de Transparencia- es que de los nuevos cargos que se incorporaron durante el período de la Presidenta Bachelet, unos 48 mil obedecieron a un incremento en el régimen a contrata -sumando más de 180 mil- lo que, a su vez, significó una disminución en los puestos a honorarios y planta.
Más allá de que este escenario se da a raíz de un compromiso que tomó el pasado gobierno y que justamente buscaba el traspaso de personas que trabajaban en el Estado en calidad de honorario a dotación (planta o contrata), lo que implica un empleo con algo de mayores garantías, lo cierto es aquí lo que hubo fue un aumento del tamaño del Estado que no vemos tenga relación con una necesidad.
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De hecho, parte importante del aumento de los cargos a contrata se observó en el último año de gobierno, especialmente en el último trimestre. Como dato, un tercio del incremento de la dotación a contrata en el gobierno anterior se produjo en el último año, (17.567 nuevos puestos de los 48.568 total de los cuatro años).
Esta tendencia genera dudas respecto de la verdadera necesidad de dicha contratación. Primero, por un asunto de costos, considerando la situación fiscal en la que se encuentra el país; y segundo, por el efecto que esto tiene en la eficiencia del gasto público. Pareciera que esta mayor contratación no va de la mano de mayor eficiencia y modernización del Estado.
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