El lento avance que ha tenido la legislación para perfeccionar la protección de datos personales le está pasando la cuenta a Chile. Así lo hizo saber la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a través de una carta de advertencia que envió la semana pasada al Ministerio de Economía.

En el escrito, se  menciona que nuestro país está incumpliendo acuerdos adoptados para mejorar la legislación al respecto, cuando ingresó a este club de economías avanzadas a comienzos de 2010.

De hecho, en un reciente informe publicado por la OCDE se señala que entre sus 34 naciones miembros, “sólo  Chile y Turquía no han  perfeccionado en nada su legislación” sobre la materia. Por el contrario, en dicho documento se describe el  avance que sí han tenido países como Australia, Japón y Austria, quienes en distintas dimensiones han ido mejorando su legislación.

A su vez, Singapur realizó una nueva ley que regula el uso de datos personales por las organizaciones del sector privado, la que entró en vigor en julio de 2014.

Brasil, en tanto, reconoció a los datos personales como derechos fundamentales, mientras que Sudáfrica adoptó una protección  amplia para reguardarlos.

Asimismo, el informe de la OCDE destaca que el  Consejo de Europa está actualizando su instrumento de protección de datos personales  bajo el alero  del  Convenio 108, y que Estados Unidos está trabajando en una ley  modelo sobre el tema. También, que el foro de Cooperación Económica para el Asia Pacífico (APEC) ha iniciado una revisión de su Marco de Privacidad sobre la base de de la actualización que hizo la OCDE en 2013 de la legislación para la protección de datos personales.

La situación local

Bajo el Gobierno de Sebastián Piñera se envió un proyecto de ley para mejorar la protección de datos personales, sin embargo, su trámite no prosperó.  Con la llegada de la administración de Michelle Bachelet  se comenzó a elaborar un nuevo cuerpo legal al respecto. La misión recayó en la subsecretaria de Economía, Katia Trusich, quien tiene prácticamente listo el proyecto. No obstante, éste ha sido objeto de varios reparos y observaciones a nivel interno, tanto del propio Economía como de Hacienda, situación que mantiene entrampada la iniciativa.

Para el economista y director de Hermann Consultores,  Jorge Hermann, “es  urgente una reforma que garantice a las personas naturales el legítimo ejercicio de su  derecho a la protección de su vida privada y un tratamiento correcto de sus datos personales bajo estándares internacionales”. Añade que “en vista de la gravedad y preocupación que muestra el informe de la OCDE, el Gobierno debe apurar el ingreso del proyecto de ley de datos personales para ser aprobado a la brevedad por el Congreso. Lo ideal sería tramitar en conjunto datos personales e información crediticia o deuda consolidada, pero, dado que somos el único país de la OCDE que no ha hecho nada al respecto, es preferible avanzar primero en datos personales”, asevera.

La idea de fusionar el proyecto de ley de datos personales con deuda consolidada surgió como una opción para agilizar la tramitación de ambos textos y, a la vez,  porque la información comercial está supeditada a los lineamentos que entregará la nueva ley de datos personales. La idea sigue siendo analizada al interior del Ejecutivo.

El recorrido del proyecto

El camino de elaboración del proyecto comenzó el 25 de julio de 2014 cuando la subsecretaria Trusich conformó una mesa de trabajo público-privada con la participación de varios gremios como la Asociación de Bancos, Cámara de Comercio de Santiago, y Cámara Nacional de Comercio, entre otros. Luego de eso se inició un proceso de  Consulta Pública entre el 25 de julio y el 22 de agosto. A continuación se realizaron una ronda de seminarios para socializar la propuesta.

Tras ello, el 11 de mayo pasado la Presidenta Bachelet anunció que el proyecto de ley sería despachado al Congreso en el marco de la Agenda de Probidad. Y luego, el 2 de junio, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés,  lo anunció como una de las 19 iniciativas clave para empujar el crecimiento.

En simple, el proyecto busca consagrar el derecho de las  personas a ser propietarios de sus datos y al legítimo ejercicio del derecho a proteger la vida privada y un tratamiento correcto de sus datos personales bajo estándares internacionales. Además, se crearía   un consejo para la protección de datos y el registro nacional de protección de datos. Este consejo sería una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo sería promover y garantizar el derecho de proteger y controlar los datos personales; dictar instrucciones generales para la correcta aplicación de la ley; y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre tratamiento de datos personales.