El proyecto que crea el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil fue ingresado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 22 de marzo de 2011, durante la primera administración de Sebastián Piñera. Siete años después esta iniciativa se aún se mantiene entrampada en el Senado.

Y es que luego del terremoto de 8,8° Richter que azotó a la zona centro-sur de Chile el 27 de febrero de 2010, se comenzó a gestar una nueva iniciativa legal para mejorar la respuesta y prevención del sector público y privado ante catástrofes naturales.

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Este proyecto de ley considera, entre otras cosas, la creación del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, mediante el cual se cumplirá una parte específica de la función de preservar el orden y la seguridad pública, que hoy es responsabilidad del Ministerio del Interior.

El funcionamiento de este órgano destaca por la integración de un conjunto de entidades privadas y públicas, que agrupa una serie de normas, políticas, planes y otros instrumentos de gestión, que se organizan de forma descentralizada. Esto, desde la dimensión comunal, provincial, regional y nacional.

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Asimismo, la iniciativa establece qué se entenderá por emergencia, considerando a aquellos eventos que alteren la vida comunitaria, que provengan de causas naturales u originadas tras intervención humana, además de que tengan la aptitud para causar estragos a las condiciones de vida, la integridad de las personas o a otros bienes.

Además, el proyecto de ley regula la creación de un Comité de Ministros para la Gestión de Riesgos y Emergencias, además de la Comisión Consultiva, definiendo la composición, funciones, estructura y atribuciones de cada uno de estos organismos.

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Por ejemplo, el Comité de Ministros se encargará de la coordinación y planificación del Sistema. Esta instancia contará con una secretaría ejecutiva, que será la encargada de coordinar el funcionamiento con el Comité de Ministros. En tanto, la Comisión Consultiva actuará como ente interinstitucional de asesoría.

El Servicio Nacional será dependiente del Ministerio del Interior, por medio de su subsecretaría, pero funcionará de manera descentralizada, lo que le permitirá tener presencia en todas las provincias y regiones de Chile.

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De este modo, el organismo se encargará, entre otras cosas, de determinar las estructuras de coordinación y planificación, generar medidas de mitigación y prevención, además de establecer las acciones para una adecuada preparación.

Los problemas

Pese al espíritu de la ley y a que se le ha puesto el carácter de suma urgencia en varias oportunidades, el proyecto sigue entrampado en el Congreso.

"Cada vez que hay una catástrofe, volvemos nuevamente a lo mismo. ¿Qué pasa con la nueva institucionalidad? El sistema no responde a los modelos modernos de emergencia. A pesar de todo eso, esta ley sigue sin aprobarse. Más aún, en cada nueva emergencia, siempre la respuesta de la autoridad, independientemente del gobierno y coalición, ha sido suma urgencia o discusión del proyecto", señala Michel de L'Herbe, consultor en gestión de emergencias.

Hoy, quienes están encargados de discutir este proyecto de ley que cuenta con suma urgencia, son las comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y la de Defensa Nacional.

"Las comisiones no han podido tratar esta ley, porque entre un gobierno y otro, efectivamente, no se han generado los avances suficientes. Estamos absolutamente al debe en el entendido de que debimos haber hecho hace un largo rato lo que se nos había encomendado respecto a este proyecto", dice el senador Carlos Bianchi (independiente), miembro de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Debido a los frecuentes eventos naturales, es que los expertos aseguran que se debe impulsar con fuerza esta ley para estar preparados.

"En 2017 ocurrieron más de 8 mil sismos, 325 percibidos, lo que representa un incremento de 26% respecto a 2016. En 444 años se presenta un terremoto de magnitud destructiva en Chile cada cuatro años y un maremoto cada doce años. Esto meramente como promedio. No se menciona los sismos que son capaces de alterar a la comunidad", afirma De L'Herbe.

Un estudio de Georesearch, empresa especialista en geointeligencia de la información, detectó que actualmente unas 3 millones de personas de la Región Metropolitana serían afectadas por un sismo en la falla de San Ramón. El reporte organizó a la población en distintas zonas de riesgo: roja a 2.000 metros, amarilla a 5.000 metros y verde a 10.000 metros. En la zona de riesgo alto, la comuna más afectada sería Las Condes, con un 31,9% de sus habitantes expuestos .

Si bien se han presentado retrasos, quienes han visto de cerca la tramitación de esta iniciativa aseguran que ya hay algunos avances. "Ha mejorado mucho respecto a lo que fue la propuesta original, partió todo de arriba hacia abajo y había poco desarrollo de capacidades regionales o territoriales para responder a los eventos, sobre todo en las zonas de mayor riesgo del país. Esa era una deficiencia muy grande", manifiesta el senador Carlos Montes (PS).

Los legisladores esperan que este proyecto de ley tome un segundo aire en los próximos meses. "Espero que en esta nueva administración podamos, a comienzos de marzo, plantearlo como una prioridad y colocarlo con la urgencia que corresponde a este tipo de proyectos, para sacarlo adelante lo antes posible", destaca el senado Bianchi.