ODS N°16: el compromiso de las empresas con la paz y la justicia

El rol del sector privado es absolutamente clave para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°16: paz, justicia e instituciones sólidas (ver recuadro), pero las empresas no deben quedarse sólo de combatir la corrupción, sino ir más allá: generar las condiciones para mejorar el estado de derecho en el país donde operan.

Esa es una de las principales conclusiones de un reciente estudio realizado por el Fondo de Objetivos de Desarrollo (SDG Fund) de la ONU y la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, uno de los pocos análisis sectorizados en uno de los ODS que generalmente se asocia más al sector público.

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Justamente, este último punto es otro de los énfasis que hacen los investigadores del informe, "Empresas y ODS 16: Contribuyendo a sociedades pacíficas, justas e inclusivas", ya que ponen en alerta acerca de la importancia que las empresas se involucren en la concreción de este objetivo y no lo dejen todo en manos sólo de los gobiernos o "como una preocupación relacionada principalmente con las áreas de conflicto", apunta el documento. "El sector privado tiene una gran oportunidad, porque están convocados no sólo a ser parte de los problemas, sino también a las soluciones. Por eso, el ODS N°17 dice relación con las alianzas entre diversos actores de la sociedad. Y claramente, para mejorar la paz y la justicia (ODS 16) se necesita también de las empresas", comenta Dante Pesce, director del Centro Vincular, y miembro del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH de la ONU.

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Pero para no quedarse sólo en la crítica, la investigación incluye una guía de buenas prácticas del mismo sector privado, las que se pueden transferir a diversas industrias, dentro de la planificación empresarial, especialmente si se cuenta con un área de Sustentabilidad. Por ejemplo, presenta iniciativas nacionales que han contribuido a combatir la corrupción en diferentes países.

El informe también examina la experiencia del SDG Fund trabajando con el sector privado como socio en varios países, como Bangladesh, Costa de Marfil, territorio palestino ocupado y Sierra Leona. Dentro del contexto Latinoamericano, destaca el caso de Colombia, donde muestra cómo han trabajado junto a algunas empresas para integrar a miles de pequeños agricultores en áreas de alto conflicto en su cadena de suministro a fin de ayudar a crear empleos y apoyar los esfuerzos de reconciliación.

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Destaca a la Fundación Seres, una organización sin fines de lucro, pero de financiación privada, que reúne a 137 empresas que integran acciones sociales en sus estrategias comerciales. "El ODS 16 está directamente relacionado con sus actividades, especialmente en el área del conocimiento, que han vinculado con los recursos humanos, la cadena de valor y el compromiso con grupos de partes interesadas", dice el capítulo sobre Colombia.

En otras palabras, el estudio muestra cómo un marco legal efectivo ayuda a construir confianza con el público y la sociedad civil, y detalla el papel de las empresas en la creación de condiciones que mejorarían áreas como la responsabilidad social corporativa, la gobernanza, la transparencia y la responsabilidad. "Las empresas tienen un papel vital en la promoción de la estabilidad en los países donde trabajan, así como en la mejora de las condiciones necesarias para construir instituciones y comunidades más sólidas", indica Paloma Durán, directora del SDG Fund.

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Aunque el mundo se volvió más pacífico este año, todavía es considerablemente menos de lo que era en 2008, según indican los datos del Global Peace Index 2017 (GPI), que muestra que en promedio, el mundo disminuyó 2,14% su conflictividad en 2017 (ver gráfico).

La mejora en la paz en 2017 es el primer aumento desde el GPI 2014. El deterioro en la tranquilidad sobre los últimos diez años ha estado dominado por caídas en el Medio Oriente y el norte de África. Excluyendo a los países de esta región, la paz mundial se habría mantenido aproximadamente igual en el GPI de 2008 a 2017. Al igual que en los últimos años, los países europeos se mantienen en los primeros lugares del ranking, mientras que la nación menos pacífica es Siria (ver tabla).

En el caso de Chile, el GPI lo ubica en el lugar N° 22, con una subida de dos posiciones con respecto a 2016 y a la cabeza de América Latina. Por eso, que a nivel local, el rol de los privados sigue siendo clave en el ODS 16. "Las empresas pueden ayudar al desarrollo de este ODS en particular incluyendo la gestión de estos temas en la planificación y seguimiento de sus actividades. Solo a través de una gestión sistemática y profesional de estos objetivos se logrará avanzar en una correcta evolución empresarial", comentan en Sofofa.

Según Pesce, para bordar este tema, lo primero que debe hacer una empresa es analizar dónde están sus principales impactos y así definir sus contribuciones. Pero en general, el sector privado en Chile se ha saltado este proceso, por desconocimiento o por hacerse los desentendidos, enfocándose en las áreas que son más fáciles. Pero el planteamiento de la ONU con respecto a los ODS es claro: antes de las oportunidades, están las responsabilidades", dice el representante de la ONU.

El estudio destaca también que una de las clave para mejorar el ODS 16 es habilitar las condiciones que permitan la adopción de decisiones inclusivas, tema que también está cada vez creciendo en las empresas chilenas. "Hemos estado sistemáticamente preocupados de promover una cultura empresarial más abierta a la inclusión, participando en la generación de políticas públicas que impulsen al país en esa dirección", comentan desde Sofofa.

Además, en nuestro país se creó el Grupo de Trabajo específico del ODS 16, liderado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), participando representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos, otros poderes del Estado, académicos y del sector privado.

Ya se han reunido en varias oportunidades, analizando temas como transparencia, acceso a la información, delitos, corrupción, violencia y no discriminación, entre otros. "Sin lugar a dudas, las exigencias de transparencia, justicia, inclusión y no discriminación son aspectos esenciales de todas las instituciones que forman parte de nuestra sociedad. El objetivo del grupo es revisar la información disponible sobre estas materias, compartir sus experiencias y buenas prácticas; y elaborar propuestas al Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030", comenta Heidi Berner, subsecretaria de Evaluación Social del MDS.

Por otro lado, en el último año, el Consejo Minero hizo un diagnóstico entre sus empresas socias para evaluar cómo contribuían a los ODS. Así, identificaron acciones en al menos 12, con un aporte más evidente en los objetivos N°1 (Fin de la Pobreza), N°8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), N°10 (Reducción de Desigualdades en y entre Países), N°7 (Energía Asequible y no Contaminante) y el N°17 (Alianzas para Lograr Objetivos). "Estamos conscientes que es imperioso mantener una mejora continua para abordar los contenidos de cada ODS. Pero además, debemos destinar esfuerzos en identificar aquellas áreas en las cuales existen falencias", dice Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

Según la ONU, el principal foco del ODS 16 es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Este objetivo se centra en la promoción de un acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. "Para ello, es necesario acabar con la corrupción existente en el poder judicial y en la policía", detalla la ONU. Algunas de las 12 metas de este ODS son:

- Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

- De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada

- Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

- Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

- Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

- Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.