Una apelación de 20 páginas fue la que presentó ayer el abogado Matías Moya en representación de la Intendencia de La Araucanía. El objetivo del escrito es apelar al Tribunal de Garantía de Temuco que resolvió el cierre de la operación Huracán y el sobreseimiento de los ocho imputados, entre ellos el líder de la CAM, Héctor Llaitul.

En el documento, el Gobierno critica principalmente que no hayan podido acceder en igualdad de condiciones a una serie de antecedentes debido al secreto de la investigación decretado por la fiscalía. Por eso en una parte del documento se lee: "(esta parte querellante) de buena fe esperó el resultado de las diligencias declaradas secretas, supuestamente para resguardar la eficacia de la investigación, y que, de un día para otro, de manera abrupta y casi subrepticia, se entera que la investigación se encuentra cerrada, sin tener conocimiento del contenido de las piezas declaradas secretas (...) La situación descrita se traduce en una situación imposible e insuperable para este querellante".

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A las duras palabras del Gobierno se suman los reproches al Ministerio Público respecto de que, a su juicio, la investigación no estaba "agotada" ya que aún faltaban "23 diligencias que debían allegarse al proceso". La Moneda además, a través de este recurso, acusó "opacidad" en la investigación, afirmó que el sobreseimiento definitivo de los imputados fue decretado "sin mérito jurídico ni fáctico" y que con eso la fiscalía "muy posiblemente" está "ocasionando impunidad respecto de delitos gravísimos".

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Con todo, ayer el fiscal de Mariquina, Alejandro Ríos, confirmó que halló "inconsistencia" en informes de peritajes de Carabineros en la indagación por la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser lo que abrió una nueva arista de la operación Huracán por presunta obstrucción a la investigación.