Los operadores de buses más pequeños que trabajan en la principal estación de buses de la Región Metropolitana se fueron en picada contra el Terminal de Santiago. En especifico, contra su concesionario.

La Asociación Gremial Metropolitana de Pasajeros (AGTI) denunció ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a la sociedad Inmobiliaria e Inversiones P y R, empresa que cuenta desde el 2017 con la concesión de la estación de transportes.

Según acusan en el documento, que se encuentra actualmente en fase de estudio en la fiscalía, la mayor operadora en dicha zona y controladora de Pullman Bus habría cometido acciones contrarias a la libre competencia. En particular, por "ejecutar prácticas abusivas en contra de mis representados (AGTI), mediante una explotación abusiva derivada de su posición dominante, originada en la administración del Terminal de Buses Estación Central, con el objeto de impedir, restringir y entorpecer la competencia en este mercado".

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La denuncia constata que la asociación, integrada por 23 empresas de transporte -entre ellas ETM, Línea Azul y Santín-, se ha sentido afectada tanto en el ámbito económico como en el operacional por diversas conductas que se observan desde enero de 2017, una vez que el terminal y la Municipalidad de Estación Central cedió la concesión a la compañía P y R.

Entre las prácticas que denuncian, se incluyen alzas en los arriendos de hasta seis veces en un año a todas las empresas. Aquello, aseguran los operadores de buses, restringiría las posibilidades de operar de las compañías más pequeñas.

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Asimismo, se estarían estableciendo plazos arbitrarios en la vigencia de los contratos de oficinas y de las lozas. "(PyR) impone a los operadores renegociaciones repetitivas e inciertas", asegura el gremio.

Por estos motivos, solicitaron a la Fiscalía que investigue dichos actos y que, en caso de probarse, se de inicio a una demanda que ordene el cese de las prácticas abusivas. A la vez, pidieron que se sancione al concesionario con el máximo de la multa establecida, en este caso podrían ser hasta el 30% de ventas asociadas a la infracción durante el período por el que se haya extendido o hasta el doble del beneficio económico en el mismo tramo.

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El abogado que lleva la causa, Jorge Ibarra, lanzó los dardos contra los dos operadores más importantes, Pullman y Turbus. "Han sido los más beneficiados por esta nueva normativa y medidas operativas que están afectando hoy a los más pequeños", afirmó.